Organizaciones de Derechos Humanos expresaron su satisfacción por la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala por la masacre de 251 campesinos por elementos del Ejército durante la guerra civil (1960-1996).
«El fallo es muy importante y sienta un precedente en Guatemala, pero sobre todo es un respaldo para las familias (de víctimas) en su largo camino por la exigencia de justicia», dijo el dirigente de la Fundación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Miguel Albizures.
«Definitivamente la Corte tomó en cuenta elementos que en Guatemala se han obviado, ahora falta que ordene la captura de los 17 militares (de bajo rango) involucrados en la masacre», agregó.
La Corte informó el lunes sobre el fallo en el que ordena al Estado indemnizar a dos sobrevivientes y a 153 familiares de la masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, en Petén (norte), en la que perdieron la vida 251 personas en 1982 en una de las acciones más cruentas de las fuerzas armadas.
Según la sentencia, el Estado debe pagar a Ramiro Osorio Cristales y Salomé Gómez Hernández, dos supervivientes de la matanza, indemnizaciones en el plazo de un año de 40 mil y 30 mil dólares respectivamente.
Asimismo, condena a pagar 20 mil dólares a los 153 familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el grupo especializado de las fuerzas armadas, los temibles «kaibiles».
Precisamente dos miembros de esa élite militar son los testigos protegidos y quienes se han convertido en pieza clave en la búsqueda de justicia por la masacre de Las Dos Erres, una de las más cruentas barbaries cometidas por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado.
Sin embargo, la defensa de los militares ha interpuesto un total de 40 amparos ante los tribunales, retrasando el proceso y evitando la captura de los supuestos actores materiales.
Entre tanto, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instaron al gobierno de Guatemala a honrar sus compromisos internacionales y cumplir con la sentencia que llega 28 años después de los hechos.
La matanza ocurrió los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, actual diputado, cuando miembros de la fuerza especial kaibil ingresaron al Parcelamiento de Las Dos Erres acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados, que sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
CONDENA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco a indemnizar a dos sobreviventes y a 153 familiares de la masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, en Petén (norte), en la que perdieron la vida 251 personas en 1982 en una de las acciones más cruentas de las fuerzas armadas.
Según la sentencia, fechada el 24 de noviembre, y divulgada este lunes en su página internet, la Corte condena al Estado guatemalteco a pagar indemnizaciones en el plazo de un año de 40.000 y 30.000 dólares a Ramiro Osorio Cristales y Salomé Gómez Hernández, respectivamente, dos supervivientes de la matanza.
Asimismo, condena a pagar 20.000 dólares a los 153 familiares de las víctimas de la matanza perpetrada por el grupo especializado de las fuerzas armadas, los temibles «kaibiles».
La masacre de Las Dos Erres es una de las más cruentas barbaries cometidas por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado (1960-96).
Los hechos ocurrieron los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, en plena presidencia del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, actual diputado, cuando miembros de la fuerza especial kaibil ingresaron al Parcelamiento de Las Dos Erres acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados, que sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Varias de las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes fueron violadas repetidamente. Los niños y niñas fueron brutalmente golpeados y arrojados, muchos aun vivos, a un pozo en construcción. Las mujeres y los hombres fueron ejecutados a golpes y luego arrojados al pozo.
La Corte también condena al Estado a investigar «de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los presuntos responsables», así como castigar a las autoridades que puedan haber obstaculizado la investigación de los hechos.
También exige al Estado reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en Guatemala y capacitar en materia de derechos humanos a las autoridades estatales.
Asimismo, ordena que exhume, identifique y entregue los restos de las personas fallecidas en la masacre de Las Dos Erres a sus familiares y levante un monumento en su memoria, además de brindar tratamiento médico y psicológico que requieran las 155 víctimas y crear una página web de búsqueda de niños sustraídos y retenidos ilegalmente.