Celebran declaración de Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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En acto realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, diversos representantes de organizaciones indígenas conjuntamente con el vicepresidente de la república, Eduardo Stein, celebraron la publicación del documento, el cual fue oficializado el 13 de septiembre pasado.
Según Romeo Tiu, comisionado presidencial Contra la Discriminación y Racismo (Codisra), la declaración del organismo internacional afianza el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas del mundo.
Otra de las relevancias resaltadas por Tiu es el apartado que se refiere a la participación de los pueblos autóctonos en los temas de tierra y territorio así como la libre determinación de los mismos.
Al respecto el comisionado explicó que no deben buscarse fantasmas que cuestionen si la declaración es vinculante o no para el Estado y aclaró que en materia de interpretación jurídica el documento de la ONU no puede dejarse fuera del marco nacional.
La declaración en mención señala que todas las doctrinas políticas étnicas o culturales que violentan la identidad o participación de los pueblos indígenas son racistas y por lo tanto moralmente injustas.
El vicemandatario subrayó que la declaración busca, entre otras cosas, garantizar el derecho de los pueblos a ser diferentes, en el cual puedan ajustarse a los procesos sociales sin la modificación de sus tradiciones y creencias sino bajo sus propias premisas.
Stein apuntó además que el documento en mención, en cada uno de sus párrafos enfatiza los conceptos de respeto a la diversidad y el aporte que esta representa a la humanidad.
La votación de la ONU
La declaración fue aprobada en el organismo internacional con el apoyo de 146 votos, once abstenciones y cuatro votos en contra.
Este documento abre la puerta a crear una nueva discusión en materia del tema indígena, tanto legal como moral, según las autoridades, que deberá normar a su vez cuales son los territorios indígenas del país, y el control que de ellos puedan hacer las comunidades.