Toda nación que se digne moderna o todo Estado que se encamine hacia un proceso del ordenamiento de sus funciones, para la eficacia de sus políticas públicas, debe poder implementar un moderno sistema que registre y sistematice la información de las personas, que se conciben como ciudadanos y por lo tanto aspiran a tener derechos y obligaciones en el marco del sistema político que impera. El registro es para efectos prácticos un listado clasificado que ordena a las personas por diferentes características, y les otorga, entre otros beneficios, una credencial que lo acredita como ciudadano o constata la identidad de su portador. Desde una mirada simple se podría equipar este instrumento como el listado de invitados que haría cualquier persona que convoca a una reunión grande sea de trabajo o de convivencia, hay que saber cuántos llegarán, a qué hora darán cita, cuántos serán menores de edad, etc. La realidad que se impone en este país sin embargo, es compleja porque la ventaja de contar con un registro de las personas nos llega tarde y su implementación fue mal hecha.
La génesis del RENAP estuvo nublada desde el inicio; como un hijo no querido, el padre y la madre no aceptaron plenamente la paternidad, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo asumieron de manera estratégica desde el principio el reto de desarrollar una de las pocas instituciones que están llamadas a tener presencia en todos los rincones del país. De tal cuenta que el bebé nació con poco dinero o sin pan bajo el brazo. El costo político de esa falta de voluntad o de compromiso la tiene Juan, Marta o Carlos que se encuentran de la noche a la mañana con la incertidumbre de una institución nueva y con la noticia que su cédula, ese histórico, obsoleto y dinosáurico documento de identidad dejará de existir. La información no ha sido clara, no ha habido campañas sostenidas de información y explicación de cómo y por qué hay que cambiar de cédula a otra cosa que se le llama por sus siglas, DPI. Las Municipalidades han dejado de prestar los servicios relacionados con matrimonios, partidas de nacimientos, cédulas y otros, puesto que los mismos han pasado al dominio del RENAP, pero cuando Marta, Juana o Pedro acuden a cambiar su cédula, encuentran que esto se puede hacer sólo en el mes de cumpleaños. Cuál es la opción si ese mes transcurre, ¿hay que esperar otro año para poder obtener el DPI? Y ni mencionar el engorroso hecho que uno de los requisitos es presentar una partida de nacimiento que usted debe tener, porque la alternativa es tener la suerte que la dirección central del RENAP esté en «línea» con la cabecera departamental de su origen para poder obtener una.
Una institución como el RENAP necesita de organización y legitimidad para poner en marcha tres tareas fundamentales que deben hacerse en orden, no a la vez: crear la Institución, integrar la información de los registros civiles municipales en una sola base de datos, y concebir el documento de identidad personal. Hoy el RENAP se debate en la imposibilidad de ejecutar su mandato por tres razones: asoman ya los arreglos de poder e intereses económicos así como las jerarquías establecidas; la dinámica organizacional institucional creó una estructura burocrática y procedimental que no responde de manera expedita a sus funciones primarias, o lo que es lo mismo, se compraron los muebles antes de la casa. Y finalmente, el Estado no ha reconocido la paternidad de esta institución.
írbol que nace torcido se le caen los pajaritos y la incertidumbre sobre un documento que registre con eficiencia nuestra identidad se complica porque se avizoran las elecciones. Algo que se pudo haber evitado ahora es demasiado tarde, iremos a las elecciones de 2011 con cédula y con DPI.