El lunes 23 marzo anterior publiqué un artículo en el cual solicitaba y reclamaba la intervención del Ministro de Salud en el caso de la joven Sara Ernestina Flores Osorio, quien falleció en circunstancias irregulares en la Sala de Emergencia del Hospital Roosevelt, aparentemente a causa de la negligencia o mala práctica del médico que conoció el caso, que resumiré.
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Esta infeliz chica llegó a ese nosocomio acompañada de una familiar el lunes 2 del citado mes, a eso de las siete de la noche, quejándose de agudos dolores estomacales. Después de más de dos horas de estar sentada en una silla fue «atendida» por un médico que ni siquiera le tomó los signos vitales ni le preguntó si era alérgica a algún medicamento, sino que se limitó a aplicarle una inyección y a suministrarle suero.
A las once de la noche, esa joven, casi una adolescente, se desmayó y sólo la pariente que la acompañaba intentó ayudarla, rogando a un médico de turno que la atendiera; pero éste se negó aduciendo que Sara Ernestina «ya estaba en manos de otro médico», que no aparecía por ningún lado. Para sintetizar la historia que relaté pormenorizadamente en su oportunidad, la chica perdió el conocimiento y no fue hasta las dos de la madrugada del día siguiente, después de cuatro horas de agonía, que finalmente el médico que le aplicó la inyección acudió en auxilio de la paciente.
Ya era demasiado tarde. La joven había fallecido. Cuando el padre de Sara Ernestina se presentó al Hospital Roosevelt la mañana del martes 3, le dijeron que su hija había muerto como consecuencia de «una arritmia cardiaca», pero cuando obtuvo el certificado de defunción leyó que la muerte fue causada «por asfixia por estrangulación».
Consultado el viceministro de Hospitales, Ludwing Ovalle, confirmó que «el dictamen del Inacif indica que había señales de estrangulamiento», pero advirtió que «eso obviamente no pasó en el hospital». ¿En dónde, entonces, si la joven estuvo en la emergencia de ese nosocomio durante siete horas?
Ante la impotencia de la familia, pedí la intervención del ministro Celso Cerezo, quien me envió un correo electrónico para asegurarme que el hecho no quedaría impune, pues ordenaría una investigación, posiblemente con la participación del Ministerio Público, y que me mantendría al tanto del progreso de las pesquisas.
Han pasado cuatro meses de la sospechosa muerte de una joven cuya familia es pobre, sin influencias de ninguna naturaleza, y como el padre de Sara Ernestina sigue ignorando lo que realmente ocurrió, publicó una carta en La Hora el pasado lunes, solicitando al Ministerio Público, en especial a la fiscal Leslie Cartagena, de la agencia 16 de Delitos contra la Vida, que ponga algún interés en la indagación.
Al ministro Cerezo ni siquiera le recuerdo su ofrecimiento, pero sí le solicito al fiscal general Amílcar Velásquez Zárate que intervenga. Pese a las ácidas críticas que se han vertido contra el jefe del MP, muchas de ellas infundadas, yo sé que se conmueve ante el dolor ajeno y que no ha perdido su sensibilidad social, de lo que fui testigo al inicio de su carrera en el Ministerio Público. La muerte de Sara Ernestina no debe quedar impune, aunque haya sido una chica modesta, de una familia sin influencia alguna ni dinero para pagar los servicios de un abogado o investigador privado.
(Romualdo Tishudo le recuerda a cierto ministro de Estado esta cita de Joseph Joubert: -Es preciso que los hombres sean esclavos del deber; de lo contrario serán esclavos de la fuerza)