La Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, emitirá hoy una resolución sobre la demanda que Sandra Torres, exprimera Dama de Guatemala, hizo en contra del Estado por no permitirle participar en la contienda electoral de este año. Los magistrados resolverán a pesar de que Guatemala no reconoce su competencia sobre el caso.

Debido a que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad le negaron la inscripción, la exesposa del presidente ílvaro Colom demandó al Estado ante la CCJ señalando violación a sus derechos humanos.

Hoy será el dí­a en que la instancia internacional resuelva al respecto, a pesar de que el abogado del Estado guatemalteco, Saúl Oliva Figueroa, y el Procurador General de la Nación, Guillermo Porras, solicitaron se declarara nulo el caso, pues aseguran que no hay competencia de esta corte para poder resolver.

VICIOS
Según refieren medios nicaragí¼enses,  donde se localiza la sede de esta corte, el primer hecho que según la defensa guatemalteca provoca “vicios” en el caso, es que “la CCJ no tiene competencia en materia de derechos humanos, ni existe contradicción en ningún poder del Estado sobre la exclusión de Torres del proceso electoral, además, porque el tribunal de esta corte no estaba completamente integrado”.

Por su parte, Danilo Roca, representante de Torres, defendió la decisión de la coalición oficialista, UNE-Gana, de recurrir a la instancia internacional, “el hecho de estar ventilando este caso en la CCJ significa el fracaso del diálogo en la sustentación democrática de la concertación que deberí­a de ser la solución a los problemas polí­ticos de la nación… De manera torpe se ha judicializado la polí­tica y se ha politizado la justicia”, dijo.

Roca aseguró al pleno de magistrados que el artí­culo 186 de la Constitución Polí­tica de Guatemala es inaplicable a la exprimera Dama, pues ella se divorció del presidente Colom antes de buscar la candidatura para la Presidencia del paí­s.

NO REPRESENTADA
El fallo de la CCJ es vinculante para los paí­ses signatarios y en caso de que no se acate el veredicto, está en manos de los presidentes centroamericanos decidir las medidas para la ejecución de la sentencia, estas medidas pueden ser sanciones económicas o diplomáticas, entre otras.

Guatemala ratificó el protocolo de Tegucigalpa, constitutivo de la Corte, pero no ha designado a sus magistrados, ni los recursos económicos que se fijaron para ella, lo cual no es causa para desconocer sus veredictos, ha aclarado el presidente de esta instancia Francisco Lobo.

Según el mandatario Colom, esperará hasta que la decisión sea anunciada para analizar qué medidas deben tomarse, pues asegura que apoya a la Procuradurí­a General de la Nación respecto a su pronunciamiento, pero a la vez recuerda que “desde antes del proceso electoral dije que Sandra tení­a derecho de participar”.