La Corte de Constitucionalidad (CC) tienen en sus manos una nueva brasa caliente: la extradición del Alfonso Portillo Cabrera hacia Estados Unidos, paí­s que lo acusa de conspiración para el lavado de dinero. La libertad del exmandatario de Guatemala también está en juego en ese Tribunal Constitucional.

A las diez de la mañana, los magistrados de la CC iniciaron la sesión de pleno donde entrarí­an a conocer la apelación que la defensa de Portillo interpuso contra la solicitud de extradición que Estados Unidos hizo a Guatemala tras acusarlo de lavado de dinero. En  este caso la libertad del exmandatario es uno de los puntos en juego.

Hace más de una semana los magistrados de la CC solicitaron una prórroga de ocho dí­as para analizar a profundidad el expediente: la resolución coincide con el hecho que la Embajada de Estados Unidos, en Guatemala, permanece sin representante ya que Stephen McFarland, exembajador de esa sede diplomática en el paí­s se retiró el martes último.

En lugar de McFarland fue nombrado Arnold Chacón, no obstante, este presentará hasta el próximo lunes sus credenciales ante el presidente ílvaro Colom. Para entonces, Portillo ya habrá sido notificado de la resolución de la CC.

El pleno de la CC se reunió esta mañana con la participación de dos magistrados suplentes electos por medio de un sorteo electrónico. Los que finalmente suscribirán el fallo final por la extradición contra Portillo son los titulares: Alejandro Maldonado Aguirre, Roberto Molina Barreto, Gloria Porras, Mauro Chacón Corado y Héctor Hugo Pérez Aguilera, los magistrados suplentes son: Héctor Efraí­n Trujillo y Ricardo Alvarado Sandoval.

Pérez Aguilera fue el magistrado encargado de la ponencia por ese proceso, la cual defiende que la extradición contra el exmandatario no procede y sugiere dejar sin efecto la resolución que la Sala Primera de Apelaciones emitió el 7 de julio de 2010 y que declaró con lugar el reclamo que Estados Unidos hizo al paí­s contra Portillo.

ARGUMENTOS
En su ponencia, Pérez Aguilera sostiene que la extradición no procede por varios puntos: uno de ellos es porque las reglas de Derecho Internacional que operan en el paí­s, y tomando como referencia la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “no es dable para los Estados Unidos solicitar la extradición de un ciudadano con base en el artí­culo 23 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”.

Además, la ponencia cita que la última convención citada no puede ser aplicada de acuerdo al principio de irretroactividad, pues esta entró en vigencia el 3 de diciembre de 2006, mientras que los hechos por el expresidente habrí­an ocurrido entre el 14 de enero de 2000 y el 14 de enero de 2004.

Pérez Aguilera adversó la opinión de la Corte Suprema de Justicia, la cual resolvió que los hechos por los que Portillo es acusado, constituyen un delito “permanente” ya que hasta 2009 se ejecutaron transacciones de dinero hacia bancos del sistema de los Estados Unidos, no obstante el ponente señala que los hechos pueden ser calificados como delitos comunes “con efectos inmediatos”.

EXPECTATIVA

Alejandro Balsells, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, dice confiar en el análisis que los magistrados de la CC hagan sobre el expediente: “confiamos que habrá un análisis profundo del caso y será bueno para la justicia contar con un fallo unánime. Creemos que va haber una aplicación atinada de la Constitución”, indicó.

Telesforo Guerra, abogado Defensor de Portillo, dijo que se mantení­a a la expectativa y que también confiaba “en la aplicación del derecho” que los integrantes de la CC harí­an al caso de su defendido. El jurista indicó que otro representante legal del expresidente permanecí­a en la CC.