Acción Ciudadana (AC) manifestó que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente la solicitud para que la información de Mi Familia Progresa sea pública para cualquiera que la solicite. Dennis Alonzo, ministro de Educación, entregó información a AC, y la Corte Suprema de Justicia tendrá que emitir la resolución final.

Los representantes de AC se sienten satisfechos por la resolución de la CC al otorgar el amparo que permite verificar a los más de 500 mil beneficiarios de los programas de MiFaPro, que hace meses se le habí­a negado y ahora tendrán que iniciar con el análisis detallado de cada favorecido.

A decir de Manfredo Marroquí­n, director de AC, el proceso legal fue tardí­o. Se les entregó la información -sobre todo el padrón de beneficiarios de MiFaPro-, lo cual significa que cualquier ciudadano guatemalteco puede demandar estos datos.

«Esperamos que en marzo del próximo año tengamos finalizado el análisis detallado sobre el programa y sobre las personas que tienen derecho a las transferencias monetarias condicionadas; también esperamos que la CSJ nos ampare para poder seguir luchando por la transparencia en los programas, ya que fue un error del Gobierno mantener bajo reserva la información.»

Marroquí­n indicó que Dennis Alonzo, ministro de Educación, envió la información en disco compacto que contiene la nómina de beneficiarios del programa, incluyendo el número de cédula de vecindad o de documento personal de identificación (DPI) de cada uno; acatando la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Las recomendaciones que brindan los integrantes de Acción Ciudadana son: Hacer público el padrón de beneficiarios del programa, transparentar el proceso completo de selección, exclusión y de beneficiarios para su ingreso al programa, transparentar la lí­nea de base del programa, así­ como las evaluaciones sobre el impacto del mismo, facilitar el acceso a la información y la institucionalización de una polí­tica pública estatal para la reducción de la pobreza a través de un decreto legislativo que sea adecuado a la implementación y orientación.

Además, aseguró que si la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar la resolución de la CC, ellos continuarán apelando la medida. El director de AC hace el llamado a organizaciones sociales para que en conjunto puedan realizar una investigación más profunda sobre los defectos y virtudes del programa.