La Corte de Constitucionalidad resolvió eliminar candados a los fondos de Q75 millones destinado a la Universidad de San Carlos (Usac), esto debido a que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) le había establecido al centro superior de estudios cómo invertir dicha cantidad.

El Minfin estableció que la Usac debía invertir los Q75 millones en la construcción de un hospital de trasplantes. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por Carlos Barreda, de la bancada UNE, ya que según el Congresista, la cartera no podía decirle a la Usac en qué gastar el dinero, porque eso atentaba contra la autonomía de la Universidad de San Carlos, lo cual está establecido en la Carta Magna del país.