Hugo Pérez Aguilera, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), aseguró que al conocer la extradición del expresidente Alfonso Portillo, recibió presiones de parte de Thomas Pastor, quien fungió como secretario de Francisco Dall´Anese, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El magistrado argumentó razones diplomáticas para mantener el hecho en secreto desde el 25 de agosto de 2011. Analistas opinaron que el Tribunal debió dar a conocer la situación.

De acuerdo con el magistrado, en una reunión sostenida con el ex secretario del ente internacional al respecto del Caso de Portillo, recibió mensajes “subliminales” que interpretó como presiones. Estas habían ido desde mencionarse dinero en Panamá, su Visa, así como preguntarle por su seguridad. Según el togado, el encuentro ocurrió en el año 2011.

El magistrado calificó de “sorpresa” el que se haya descubierto lo ocurrido, ya que reveló que la CC lo mantuvo en secreto por razones diplomáticas.

«Lamento mucho que se haya descubierto, pero es cierto», acotó Pérez Aguilera, al mismo tiempo en que insistió en motivos “diplomáticos y de Estado”.

“No podemos nosotros violentar las  unidades que tiene la Comisión, por esa razón se mantuvo así hasta este momento; ignoro quién lo haya hecho público”, alegó.

No obstante, el magistrado refirió que en ese entonces se tomaron las medidas internas para dejar constancia de la reunión: «por parte del presidente (de la CC) se hizo lo que tenía que hacer. El director de la CICIG supo que estábamos en desacuerdo con lo que pasó».

Pérez Aguilera manifestó que las presiones no son sorpresa para los magistrados, ya que «todos los días somos presionados por las fuerzas vivas de este país. En ningún momento hacemos caso, mantenemos nuestra independencia y así lo vamos a seguir haciendo».

Al preguntarle si existen más casos como este que estén manteniendo en reserva dijo: «no, no, no, esto fue algo que se salió de lugar», y cortó la comunicación.

CC ENCUBRIÓ PRESIÓN

Marco Antonio Canteo, de Seguridad en Democracia (Sedem), consideró que de haberse producido las presiones por parte de Pastor, estos podrían ser constitutivos de delito, y que en ese sentido, también la CC habría incurrido en el acto ilícito de omisión de denuncia, “por lo menos de carácter público”.
El funcionario de la CICIG pudo cometer coacción o amenazas.

“De estarse produciendo este tipo de interferencias al ejercicio de un tribunal constitucional, se deben tomar las medidas correctivas correspondientes”, subrayó.
 
Por su parte, Carlos Molina Mencos, experto constitucionalista, consideró que la CC debió denunciar al instante dichas presiones porque de lo contrario no se evitan, “estoy de acuerdo con que se acerquen a un magistrado para tratar de exponerle un caso, pero si va a insinuarle cualquier tipo de presión debería ser denunciado de inmediato”.

Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia señaló que en este caso se evidenció un grave atentado contra el postulado constitucional que manda que se respete la autonomía de los jueces.

En tanto el analista Renzo Rosal, declaró que «es muy fuerte que se dé el anuncio ahora, precisamente cuando el Comisionado Dall’Anese ya dejó su puesto, y un nuevo comisionado está a punto de asumir el cargo».

Por su parte Cristians Castillo, refirió que es preocupante que en Guatemala exista un cruce entre instituciones nacionales e internacionales que pongan en riesgo la independencia judicial y de poderes.