La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha dado vía libre al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al no hallar inconstitucionalidades y no interferir en las atribuciones del Ministerio Público (Fiscalía).
Sin embargo, para que cobre vida el ente, que funcionará como un cuerpo asesor de la Fiscalía, tendrá que ser aprobado por 80 de los 158 diputados del Congreso.
La Cicig es consecuencia de un acuerdo firmado en diciembre entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, y entre sus atribuciones se encuentra la investigación, en coordinación con la Fiscalía, de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos con influencia en el Estado.
Además, este ente podrá denunciar a funcionarios y empleados públicos para que se les abra proceso administrativo o penal en caso de que obstaculicen su labor de investigación.
La Cicig sustituye el intento del gobierno guatemalteco por crear la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos (Ciciacs), declarada inconstitucional en su oportunidad por tener facultades de investigación penal.