La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia dictada contra Efraín Ríos Montt y dejó sin efecto todo lo actuado durante el juicio desde el 19 de abril de 2013.
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Luego de sesionar durante casi 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declararon con lugar un ocurso de queja planteado en el caso contra Efraín Ríos Montt, quien enfrentó juicio junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Según la resolución dada a conocer por Martín Guzmán, secretario general de la máxima instancia constitucional, se anuló todo lo actuado en el proceso penal desde el 19 de abril de 2013 y se dejó sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que había condenado a 80 años de prisión al ex jefe de Estado y absuelto a Rodríguez Sánchez.
Con la resolución de la CC, el proceso regresa hasta la etapa previa a la fase de conclusiones, por lo que las declaraciones de las víctimas, testigos y peritos continúan vigentes.
Según la resolución del máximo tribunal, el juicio ya no será conocido por el Tribunal presidido por la jueza Yassmin Barrios, sino que deberá ser diligenciado por diferentes jueces.
LOS VOTOS
Los magistrados votaron a favor de anular la sentencia por genocidio fueron Héctor Pérez Aguilera, presidente de la CC, Alejandro Maldonado y Roberto Molina.
Por otro lado, los magistrados Mauro Chacón y Gloria Porras votaron en contra.
UN DÍA DESPUÉS
En la audiencia del 19 de abril, la jueza Yassmin Barrios dijo que el Tribunal no aceptaría resoluciones ilegales, puesto que un día antes Carol Patricia Flores, del Juzgado Primero de Mayor Riesgo A, ordenó anular todo lo actuado hasta el 23 de noviembre del 2011.
PROCESO AVANZADO
El Tribunal presidio por Barrios ya había aceptado la semana pasada 11 de 27 puntos solicitados en un pliego como reparación por las víctimas.
La jueza dio lectura a lo que consideró «reparación digna» de las víctimas, solicitada por la Asociación Justicia y Reconciliación y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
La reparación incluía la obligación de pedir perdón por parte de los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y los ministros de defensa y gobernación en «forma pública, nacional y en cada una de las comunidades donde se ejecutó el genocidio».
El presidente Otto Pérez Molina dijo que estaba dispuesto a hacerlo.
«Yo he estado dispuesto a hacerlo desde hace muchos años, y desde que estuvimos en los acuerdos de paz, desde ahí viene», dijo el mandatario. «Si alguno de los Tribunales cree que es conveniente y lo dice, en la sentencia no lo he oído, pero si lo dicen en algún otro lado, en alguna sentencia, yo no tengo ningún problema, yo he estado siempre cercano al pueblo ixil, con muchísimo gusto, no tengo ni el menor problema para acercarnos a ellos como siempre lo he hecho».