Los años de experiencia me han enseñado que, en mi calidad de periodista de opinión, no debo abordar, de inmediato, determinado asunto de importancia que sea objeto de atención de la mayoría de los guatemaltecos, ya sea porque las circunstancias cambian de un momento a otro o porque algunas personas u organizaciones intenten aprovecharse de mi buena fe; pero pese a que he procurado mantenerme ajeno a un caso o problema de carácter general que es enfocado por editorialistas y analistas, en más de alguna vez me he equivocado en mis apreciaciones, por proceder precipitadamente.

En todo caso, si yerro es a título personal y estoy presto a enmendar el equívoco, al contrario de lo que le pudiera ocurrir a una institución pública o privada, porque las consecuencias son más graves si es que emite una declaración que se irradia a un  alto porcentaje de la colectividad.

   Traigo a cuento estos párrafos a raíz de un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala que advierte que su Junta Directiva “No puede (ni debe, agrego de mi parte) inmiscuirse en la defensa de personas que pretenden encubrirse a través (utilizando, diría yo) de la libre expresión, al acusar o defenderse en los tribunales de justicia por  cuestiones puramente particulares”.

   Ese órgano de la dirección de la APG es más preciso al indicar que “Tampoco sirve como plataforma para congraciarse con algún sector determinado, sea éste político, campesino, militar, gubernamental o económico” porque desde su fundación gremial siempre ha luchado porque los periodistas no sean censurados ni agredidos desde cualquier ámbito del poder, a sabiendas que esa fuerza generalmente sectaria, ignorante e intolerante no emana únicamente de los organismos del Estado, sino que se origina desde distintos grupos de influencia, los cuales son altamente responsables, conjuntamente con políticos inescrupulosos, del atraso, la marginación y la explotación de los segmentos sociales y económicos más vulnerables, a la vez que corroen los principios en los que se sustenta el ejercicio del derecho de disentir sobre el cual se apuntala etiológicamente la libertad de expresión del pensamiento  y el derecho de informar y ser informados.

   Esta declaración de la APG tiende a evitar ser instrumentalizada por cualquier persona individual o jurídica, aprovechándose del resurgir de esa organización de prensa, después de varios años de permanecer callada ante los problemas socioeconómico del país.

   (El maestro de periodismo les dice a sus alumnos que deben escribir un breve texto que contenga cuatro temas: sexo, política, religión y misterio. El alumno Romualdo Tishudo escribió de inmediato:  ¡Violaron a una diputada! ¡Dios mío! ¿Quién sería?).