Acción Ciudadana señala que los catorce fondos sociales ejecutaron un presupuesto de Q22,635,208,843 en periodo comprendido de 1998 a 2009, esto significa que los fondos sociales han ejecutado en estos años casi igual monto de presupuesto que las 333 municipalidades del país, por lo que solicita al Gobierno de Guatemala el cierre de los fondos sociales, ya que estos gastos deben concentrarse en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social.

Según Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, señala que la petición al  gobierno de la República se hace en base a varios estudios que se han realizado de los fondos sociales y la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, donde se establece que es el encargado de diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los grupos sociales en situación de pobreza, por lo que las actividades realizadas por dichos fondos deben ser asumidas por este ministerio pasando a su fase de liquidación y cancelación.

Marroquín señala que seguir con los fondos sociales cuando ya se creó un ente especializado en el tema de la política social y sobre todo cuando esos fondos son noticia por temas de corrupción, “tiene un alto costo para el país” por la duplicidad de funciones y por lo tanto, de obras y beneficiarios.

Además, trae consigo la continuidad de las prácticas clientelares, pues estos fondos se han convertido en un  botín para emplear a la planilla del partido político de turno y focos de corrupción en casi todas sus operaciones.

Según Acción Ciudadana, sólo en el periodo comprendido de 1998 a 2009 los catorce principales fondos sociales ejecutaron un presupuesto de Q22,635,208,843.08 frente a Q7,222,729,553.79 de los consejos de desarrollo; Q42,788,123,309.87 de los ministerios sectoriales; y Q24,094,377,764.79 del total de municipalidades del país.

Según Marroquín, esto sucede porque existe una inestabilidad del marco normativo que los rige, ya que la mayoría de ellos son creados por acuerdos gubernativos que les permite modificar sus fines y medios con facilidad: “Fonapaz es creado por acuerdo gubernativo, se han cambiado cuatro veces los objetivos del fondo”.

Además, los niveles de concentración y discrecionalidad, especialmente en dos elementos, la descripción del tipo de beneficiario u obra y en los criterios de elegibilidad de la población beneficiada “hay mucha libertad para que la administración de turno defina quiénes serán los favorecidos; no hay criterio de elegibilidad para esos beneficiarios”.

También indica que la mayoría de los fondos son constituidos como fideicomisos, “los fideicomisos la misma Contraloría dice que no son auditables y que no son susceptibles de rendición de cuentas”, por lo que es la transparencia, uno de los principales problemas que afronta este tipo de fondos.

Marroquín señala que seguir con los fondos sociales sobre todo en este Gobierno que ha creado un nuevo ministerio especializado para tratar el tema del gasto social, tiene un alto costo para el país, por ser focos de corrupción como Fonapaz entre otros, indica que la propuesta es orientar estos recursos a la creación de infraestructura social (Escuelas, Hospitales y Centros de Salud).