El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio a conocer que los cuerpos de las personas asesinadas en San Pedro Necta, jurisdicción de Huehuetenango, estaban carbonizados en un 95 por ciento, en grado “4”.

El presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunció que la segunda fase de la reconstrucción necesaria por el terremoto del 7 de noviembre arrancará el 7 de enero de 2013.

ACCIDENTE El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Jorge Nery Cabrera, indicó que los hechos de tránsito aumentan en el mes de diciembre, debido a la combinación de velocidad, alcohol y falta de precaución.

Por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el proceso penal por genocidio en el área Ixil, donde es sindicado José Efraín Ríos Montt, y otros dos generales retirados, regresará a manos de la jueza Carol Patricia Flores Polanco.

Las autoridades realizan una requisa en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, con el fin de desarticular a la clica Crazy Latin, que pretende seguir delinquiendo desde la prisión.

En el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, el MP pidió penas de 15 a 51 años de cárcel contra tres hombres y una mujer, acusados de traficar y almacenar armas para el grupo criminal Los Zetas. Los sindicados son Hugo Alejandro Chacón Cerna, Rodrigo Orellana Recinos, Moisés Salcedo Guerrero y Ana Lucrecia Ramírez Ramos,…

A dos meses del terremoto que sacudió ocho departamentos del país, Estados Unidos sigue sin responder la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esta mañana, la defensa de Mario Orantes recibió la notificación de la Sala Tercera de Apelaciones, que confirmó la libertad anticipada del exsacerdote.

La defensa del sacerdote Mario Orantes recibió hoy la notificación por escrito de la Sala Tercera del Ramo Penal que dejó en pie la redención de penas otorgada por el Juzgado Primero de Ejecución Penal, con lo cual el sacerdote recuperará su libertad.

La amnistía solicitada por el general retirado Efraín Ríos Montt ha creado expectativa en organizaciones de derechos humanos que consideran que el otorgamiento de este beneficio sería un retroceso para la justicia en el país y afectaría otros fallos de condena en casos relacionados con el conflicto armado.