Declaración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de falta de fondos para realizar referendo de Belice podría ser una maniobra política indica analista.

La inconformidad en la comunidad de la Universidad de San Carlos (Usac) por la falta del presupuesto que le debe asignar el Estado aumenta.

Bajo fuertes medidas de seguridad, esta mañana fue trasladado a la Torre de Tribunales, Rigoberto Antonio Morales, alias Rigorrico, y 12 personas más, sindicadas de integrar una estructura criminal dedicada a extorsiones transnacionales. El caso fue declarado “bajo reserva” por el juez a cargo del proceso.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó enviar a un juzgado de Mayor Riesgo el proceso penal en contra de 45 miembros de la Mara 18, sindicados de más de 200 hechos ilícitos.

Esta mañana el abogado Aníbal García presentó un recurso de apelación, en contra de la resolución del Juez Noveno Civil, que se retractó de decretar la intervención de la Asociación de Empresarios del Transporte Urbano (AETU).

La diputada Julia Maldonado, de la bancada Lider, esta mañana se presentó de manera espontánea al Juzgado Undécimo del Ramo Penal. En la diligencia solicitó que se le levantara el embargo y que el MP le imputara los hechos delictivos por los cuales es investigada.

Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, señaló que en dos meses podrá conocer si el proceso de extradición en su contra, por el delito de conspiración de lavado de dinero, seguirá a cargo del mismo juzgador de Nueva York, en Estados Unidos.

A un año de conflictividad en la aldea La Puya, a causa de la instalación de una empresa minera en el sector, pobladores de la localidad indican que continuarán la “lucha pacífica” que, a su criterio, ha servido para dar a conocer sus derechos.

El Consejo de Pueblos de Occidente señala que aún no han sido notificados por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ha declarado sin lugar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Minería. Sin embargo indicaron que, de ser así, demandarán al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se han…

El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) señaló esta mañana que el Gobierno reactivó el proceso de otorgamiento de licencias de explotación minera, lo cual es ilegal e inconstitucional, ya que desde el dos mil ocho la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó claro que las empresas mineras no pueden aprovechar el subsuelo guatemalteco.