Indí­genas guatemaltecos de una comunidad remota de Quiché, epicentro de la guerra interna que vivió este paí­s (1960-1996), aún no viven la paz, luego que decenas de ellos se vieron obligados a dejar sus viviendas ante la represión de ex paramilitares.

La ley contra el crimen organizado en Guatemala, que permite las escuchas telefónicas y la utilización de agentes encubiertos, entró en vigencia ayer, aunque el Estado aún carece de los recursos financieros y tecnológicos para su funcionamiento ideal.

Al parecer, diputados de algunas bancadas representadas en el Congreso tienen temor de conocer la iniciativa de ley que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expresó el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), diputado Nery Samayoa.