Miembros de la cooperación internacional evalúan las medidas a implementar ante el estado de Calamidad decretado el pasado 9 de septiembre por el presidente, ílvaro Colom; debido a la crisis de inseguridad alimentaria y el brote de dengue hemorrágico.

Los fantasmas del comunismo y socialismo recordaron al vicepresidente Rafael Espada que debe evitar evocar términos que remembren la reforma agraria.

La semana pasada se registraron diez casos más de influenza AH1N1, por lo que el número de personas contagiadas en el paí­s con el virus llega a 762; sin embargo, lo que ahora debe preocupar a las autoridades de Salud es la segunda oleada que se prevé se produzca en octubre próximo, según la OPS.

El Grupo Pro Justicia se reunió con Roberto Alejos, presidente de la Junta Directiva del Congreso guatemalteco, calificando como coincidencia los objetivos de dar a conocer cuál será el proceso que las autoridades del parlamento pondrán en práctica luego que las comisiones de postulación hagan entrega de las nóminas.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hizo un pronunciamiento público sobre el proceso de elección de magistrados de CSJ y salas de Apelaciones, el cual concluirá en pocos dí­as.

Estado de calamidad pública, préstamos por otros cientos de millones de dólares, el proyecto de presupuesto del Estado 2010 y elección del nuevo Director del Instituto de la Defensa Pública Penal dominan el ambiente propicio de las próximas sesiones plenarias.

La comisión de Economí­a y Comercio Exterior, del Congreso de Guatemala, lleva a debate público por primera vez el proyecto de presupuesto del Estado 2010, «que tiene dedicatorias», según el diputado Mariano Rayo.

Con optimismo se empieza a recibir el avance de las reformas a la Ley de la Contralorí­a General de Cuentas -CGC-, que hasta hoy sigue como un gladiador sin fuerzas para fiscalizar fondos del Estado mal utilizados a través de fideicomisos y ONGs.

Luego de haber recibido «presiones nacionales e internacionales», la PGN y el CNA instalaron una Unidad Coordinadora para la Fiscalización y Viabilidad de los expedientes de adopción de los cuales no se ha resuelto la situación, luego que entrara en vigencia la ley que regula la materia.