Yat Roy Chew, condenado a 250 años de prisión luego que un tribunal lo encontrara culpable de la muerte de sus padres y hermanos, solicitó el reenví­o del su juicio en una la audiencia de apelación realizada esta mañana.

El tribunal Quinto de Sentencia, contralor del proceso de extradición contra el ex presidente Alfonso Portillo, declaró sin lugar la solicitud de citación que hiciera su defensa.

Los militares Byron Disrael Lima Estrada y Byron Lima Oliva -condenados a prisión por el asesinato de monseñor Gerardi-, iniciaron hoy el proceso de solicitud de su libertad bajo la figura de redención de penas.

Danielle Eaddy, defensora de Daniel Ignacio, guatemalteco acusado de provocar el incendio en un edificio de apartamentos donde murieron cinco compatriotas más, dijo a prensa de la localidad que su defendido es considerado como «héroe», pues rescató a un niño de 2 años.

Mientras se anuncia secretividad en los datos de MiFaPro y en los gastos de la PNC, el Gobierno hace el anuncio de la instalación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.

El canciller ruso vendrá a Guatemala, en una gira que alcanza a otros paí­ses de la región.

Guatemala envió a Honduras a su embajadora íngela Garoz, quien habí­a sido llamada a consultas tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, con lo cual se normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambos paí­ses.

Esta mañana inició la edificación de un paso a desnivel en el Bulevar Liberación, una de las arterias más transitadas de la capital. Se tiene previsto que el trabajo concluya en cuatro meses y medio.

Representantes de las Juntas Locales de la zona 6 manifestaron su preocupación por la fuga de información que se suscita cuando se realizan allanamientos en búsqueda de delincuentes, argumentando que se origina por parte de policí­as; representantes de esa institución afirman que la denuncia debe ser expuesta para buscar una solución pronta al problema.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, por medio de un comunicado, su «satisfacción» ante la decisión de la CSJ guatemalteca respecto a ordenar la reapertura de cuatro casos sobre graves violaciones a derechos humanos en el paí­s.