En el marco de la discusión sobre la legalidad de la entrega de los datos de los beneficiarios de Mi Familia Progresa (MiFaPro) a fiscalizadores del gasto público, analistas de organizaciones sociales manifiestan que no solamente ese programa tiene que ser analizado y fiscalizado.

Aní­bal Salguero, diputado señalado de falsedad ideológica, debió cancelar Q10 mil de fianza para no ir a prisión; el fallo fue emitido por Sergio Castro, juez Tercero de Primera Instancia Penal, contralor del proceso.

En medio del rechazo de diputados de oposición ante la intención del Ejecutivo de utilizar el canal televisivo del Congreso para transmitir un noticiero oficial, el oficialista Mario Taracena justificó la decisión, la cual es un buen inicio para «combatir» al monopolio de la televisión abierta.

Luego de las declaraciones de Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas (CGC), se ve lejana la posibilidad que Erick ílvarez y su asistente devuelvan la totalidad del dinero que les fue entregado como concepto de viáticos para gastar en un viaje a Brasil, supuestamente «todo pagado».

Bienvenido Argueta, ministro de Educación Pública de Guatemala, accionó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegando enmienda de procedimiento a la resolución que ordena entregar los datos de «Mi Familia Progresa» a Nineth Montenegro.

Representantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) indicaron que, ayer por la noche, personas desconocidas rompieron las puertas de la asociación, llevándose 200 quintales de café pergamino, lo que causa una pérdida de más de 250 mil quetzales.

Los buses de la ruta a San Juan Sacatepéquez están bajo el acoso de grupos organizados que atentan contra la vida de los pilotos y usuarios, a pesar que los empresarios pagan la cuota de extorsión exigida.

La Corte Suprema de Justicia ve deficiencias en la unidad de evaluación de jueces del Organismo Judicial, y considera que esta «no tiene la capacidad» para realizar esa tarea.

El juzgado Quinto de Primera Instancia, contralor del proceso por peculado contra Alfonso Portillo, designó a la Defensorí­a Pública Penal para ejercer la defensa técnica del ex mandatario en la próxima audiencia.

Guatemala es el departamento que mayor solicitud de destacamentos militares ha presentado ante el Ministerio de la Defensa Nacional, así­ lo asegura el vocero de la institución Byron Gutiérrez.