Ana Marí­a de Klein, del grupo Madres Angustiadas, analizó que en Guatemala no es posible aplicar la pena de muerte por el pacto de San José, al que el paí­s está suscrito y por lo tanto «si se usa la pena de muerte como una promesa electoral es mentira».

Derivado de los señalamientos en contra de í‰rick ílvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representantes del Movimiento Pro Justicia expresaron que provoca un panorama sombrí­o y de crisis, porque afecta negativamente a las instituciones judiciales.

En una entrevista a Diario La Hora, el magistrado César Barrientos, quien pidió la dimisión de í‰rick ílvarez, presidente del Organismo Judicial (OJ), hizo énfasis en que no se pueden probar los hechos notorios que denunció. Además, cree que sus planteamientos son los que alimentan la crisis preexistente y no los que la crearon.

Las diferencias entre algunos magistrados y la solicitud expresan que el Presidente de la Cámara Penal, César Barrientos Pellecer presionara para que í‰rick ílvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presente su renuncia, según abogados penalistas solamente ha perjudicado la institucionalidad de este órgano judicial debido que el actuar de ílvarez ha sido…

Diputados de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider) visitó el módulo letal ubicado en la cárcel de Pavón, con el fin de exigir la reactivación de la pena de muerte, que quedó en el limbo.

La Fiscalí­a Contra el Crimen Organizado, recibe diariamente entre 30 a 35 denuncias de robo de vehí­culos; la Deic por su parte, informa sobre el atraco de 22 automóviles diarios.

Varias organizaciones en defensa del ambiente han mostrado su rechazo al Contrato 2-85 que permite la explotación petrolera en la Laguna del Tigre, Petén. Sin embargo, esta mañana un grupo de personas se reunió frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) para apoyar a la empresa francesa Perenco Limited.

Para cerrar con broche de oro el Gobierno de cuatro años que transcurre, el Ministerio de Educación está solicitando ampliar su brecha de presupuesto 2011, fondos con los que esperarí­a sellar su compromiso de entrega de aproximados Q1,500 millones en remesas condicionadas, en el programa Mi Familia Progresa (MiFaPro).

Adrián Rodrí­guez, juez Séptimo de Primera Instancia Penal, se inhibió de conocer el antejuicio interpuesto por la Fundación Rigoberta Menchú en contra de í‰rick ílvarez, presidente del Organismo Judicial (OJ).