La policí­a federal mexicana aprehendió a Flavio Méndez Santiago, apodado «El Amarillo», uno de los fundadores del cartel de drogas de Los Zetas y encargado de las operaciones entre Guatemala y el sur de México.

Desde 2008 la iniciativa de ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito se encuentra en espera de ser conocida por el pleno del Congreso y cuando el debate al fin se acerca en este año, surge una nueva discusión entre los parlamentarios en torno a las penas que se contemplan para los funcionarios públicos, mientras se excluye…

La defensa de Mario Fernando Peralta, juez de la niñez de Escuintla, señalado de adopciones anómalas, solicitó esta mañana al juzgado Tercero de Primera Instancia Penal que el proceso sea tramitado en una judicatura de Paz.

El juzgado Primero de Alto Riesgo escuchó esta mañana a Sergio Esaú Hernández Villagrán, exmilitar vinculado con el asesinato del fiscal de Quetzaltenango Nicolás Rufino Oroxom.

La Fiscalí­a Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusó formalmente a los implicados en el caso Fraijanes II, sin embargo, las audiencias fueron suspendidas debido a que la contralora del juzgado se excusó de seguir conociendo el proceso.

Claudia Paz, fiscal general del Ministerio Público (MP) solicitó a la Cámara Penal que traslade el juicio contra Alfonso Portillo y otros ex funcionarios de su gobierno al Tribunal Primero de Alto Riesgo.

La recepción de papelerí­a para las personas interesadas en ser representantes del Congreso en el Renap finalizó, sin embargo, el ex director de la institución Enrique Cossich a quien se le acusaba de errores cometidos durante el cargo, se presentó en el segundo proceso para optar por el puesto, siendo el candidato número 12.

Sindicalistas independientes de la CGTG, Unsitragua y CUSG manifestaron su inconformidad con la creación del proyecto del CES, propuesto por el Cacif y la UGT, ya que este favorece al Gobierno de turno y no al pueblo.

La Dirección de Probidad Administrativa serí­a el ente encargado de fiscalizar los bienes de los funcionarios antes de asumir el puesto y rendir cuentas al dejarlo, según una iniciativa de ley, presentada hoy.