Una sorpresiva tormenta política e institucional sacude a Guatemala desde el pasado lunes, luego que el jurista español, Carlos Castresana, informó que debido a intimidaciones y otras causas, había presentado su renuncia al cargo de Director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la cual funciona bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
El funcionario denunció amenazas y una campaña para poner en entredicho su honorabilidad personal. También se quejó de la falta de apoyo de los tres poderes del Estado.
Castresana, quien ha actuado en casos de gran impacto social, no es del agrado de algunos sectores acostumbrados a medrar bajo la sombra de la impunidad. Hay que reconocerle que sentó las bases de un marco avanzado para realizar las investigaciones, y llevar a buen puerto la persecución penal a efecto de desbaratar a los grupos clandestinos que se están apoderando del país.
Habló sobre que algunos de esos grupos llegaron a la conclusión que la CICIG era incorruptible y fue así como «se fueron directamente al terreno de las amenazas».
Dijo que uno de los objetivos de toda esta campaña, en la cual participaron profesionales del marketing de la información, era destrozar su imagen como Comisionado de la ONU, y perjudicar a la CICIG.
Al mismo tiempo, el doctor Castresana, quien permanecerá al frente de la CICIG hasta que el Secretario General de la ONU nombre a su sustituto, sorprendió a la opinión pública al pedir al Presidente de la República, la destitución del nuevo Fiscal General, Conrado Reyes.
Públicamente expuso que no es el Fiscal que necesita Guatemala y que su nombramiento es consecuencia de un pacto entre bufetes de abogados relacionados con el negocio de las adopciones de niños y bufetes de abogados que defienden a narcotraficantes.
Aunque el nuevo Fiscal rechazó las acusaciones, su imagen ya quedó lastimada y el Ministerio Público que está bajo su dirección, inevitablemente se ha sumido en una crisis de falta de confianza y credibilidad.
El presidente ílvaro Colom se encuentra analizando los señalamientos en contra del Fiscal y le ha solicitado un informe circunstanciado sobre las acusaciones en su contra.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han pedido al gobernante la remoción del funcionario. El Director de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, dijo que «No puede ser que aceptemos a un Fiscal que lo que garantiza es más impunidad».
Sin duda, el mandatario tiene una brasa en sus manos y debemos confiar en que tendrá la sabiduría necesaria para tomar la decisión que más convenga a los intereses de Guatemala y no de ningún grupo en particular.