A un año del comienzo del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se logran avances importantes en el combate a los grupos clandestinos y a la impunidad en el país, afirmó hoy el jefe de ese grupo de expertos.
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El jurista español Carlos Castresana mencionó, entre otros progresos, la investigación del funcionamiento de los grupos clandestinos y la depuración de más de mil 700 miembros de la Policía Nacional, así como cambios en personal del Ministerio Público a fin de mejorar la eficacia de esta institución en el combate al crimen organizado.
Explicó que las autoridades están conscientes del problema y hacen todo lo posible por ponerle fin con el apoyo de la Comisión.
Castresana señaló que esta última trabaja con el Ministerio Público para auxiliar en las indagaciones y en el procesamiento de casos particulares.
Destacó, asimismo, los avances referentes a las propuestas de reformas legislativas propuestas por la Comisión.
«El Congreso de la República, que no había tramitado los proyectos de ley que le habíamos presentado en 2008 los está tramitando ahora aceleradamente. El gobierno está colaborando, haciendo aquello que le habíamos pedido con la mayor velocidad posible habida cuenta de los recursos disponibles», indicó.
El jefe de la Comisión añadió que otro elemento fundamental en el que se pide la colaboración del gobierno de Guatemala y de la comunidad internacional es la creación en la capital del país de juzgados de alto impacto para tramitar los casos más complejos relacionados con grupos transnacionales de delincuencia organizada.
Castresana encomió a las autoridades guatemaltecas por su valentía de reconocer la grave situación de impunidad que aqueja al país y por la solicitud que realizó a la ONU para que le ayudase a resolver el problema.
En Guatemala ocurren más de 6 mil asesinatos cada año y el 98% de los delitos no consigue respuestas en los tribunales de justicia.
ROSTROS
Para la dirigente del Movimiento por los Derechos Humanos, Claudia Samayoa, la CICIG está cumpliendo su trabajo porque «fue llamada por el gobierno para ayudar a los guatemaltecos a desvelar esas estructuras y luchar contra la impunidad del pasado y del presente».
A fines de enero, Castresana pidió la captura del ex fiscal ílvaro Matus al acusarlo de conspiración, obstrucción de justicia y abuso de autoridad en la investigación del asesinato del ex asesor venezolano del ministerio del Interior, Víctor Rivera, pero fue dejado en libertad bajo fianza de 2 mil dólares.
Samayoa llamó a los guatemaltecos a formar un frente contra «las personas interesadas en perpetuar la impunidad» que alcanza el 98% de los crímenes en este país centroamericano, según la CICIG.
«Lo que hay que hacer es seguir hacia adelante. Asumamos la lucha contra la impunidad que nos plantea Castresana porque nos vamos a sumir en el fondo de esa espiral de violencia», advirtió el activista.
«Sólo si hacemos un frente contra la impunidad y exigimos a las autoridades que actúen en coherencia se puede combatir ese flagelo y salir adelante. La CICIG es el instrumento más poderoso que tenemos y hay que insistir en la lucha contra la impunidad», agregó Samayoa.
También demandó a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (MP) a enfrentar ese reto porque de lo contrario «todo el esfuerzo realizado en un año por la CIGIG se puede tirar al traste».
Entre tanto, el director de la Oficina de Derechos Humanos, Nery Rodenas, estimó que la denuncia contra Matus «evidencia hasta dónde llegan las estructuras clandestinas y hasta donde llegan al obstaculizar la justicia y bloquean la persecución penal».
«Lo de Matus es sólo la punta del iceberg de la impunidad, pues en el MP y la Corte siguen actuando las estructuras clandestinas», afirmó.
En sintonía, Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, llamó a los guatemaltecos «a condenar y poner en vergí¼enza a esos funcionarios que avalan la impunidad y ponerlos ante la justicia».
«En la impunidad, no sólo hay periodistas, empresarios, militares, jueces, abogados, fiscales, políticos. Castresana sólo reafirma todo lo que se sabe», dijo parafraseando al jurista español, quien afirmó que esos sectores también están infiltrados por mafias que alimentan la impunidad.
«La alternativa que tenemos es apoyar a esta instancia y recuperar el estado de derecho porque estamos en un estado de criminales. Y los que salimos perdiendo somos todos los guatemaltecos», dijo.
«Lo que más lamentamos es que los fiscales que han encubierto a los criminales sean los buenos de la película», agregó Mack.