Carlos Castresana, jefe de la CICIG, consideró hoy que la causa abierta en España contra el juez Baltasar Garzón es «una persecución jurídicamente desacertada».
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«Me parece que no existe justificación. No veo ninguna conducta prevaricadora, ni veo tampoco que se pueda, por una parte, perseguir al juez instructor, y por otra parte olvidarse de las víctimas; ambos me parecen jurídicamente disparates», dijo Castresana en una entrevista con EFE.
El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela notificó la semana pasada a Garzón un auto en el que le acusa de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar crímenes y desapariciones en la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-1975).
El pasado día 10, Garzón recurrió ante el Supremo alegando que los grupos que le han acusado tienen «motivaciones ideológicas» y que los argumentos expuestos por Varela en el auto suponen «un serio riesgo a la independencia judicial».
Varela recuerda en su auto que un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley» y dice que Garzón ignoró la Ley de Amnistía de 1977 al decidir la apertura de sus investigaciones sobre crímenes del franquismo.
Según Castresana, la causa abierta a Garzón «sin ninguna duda tiene relevancia política».
«Hay una enorme asignatura pendiente que los españoles tenemos desde los tiempos de la transición con las víctimas de la dictadura que está sin resolverse», dijo.
«No estoy diciendo que sea una persecución política, (pero) me parece una persecución jurídicamente desacertada», precisó el jefe de la CICIG.
Desde septiembre de 2007, Castresana dirige la CICIG, una instancia de las Naciones Unidas que colabora con las autoridades guatemaltecas para desmantelar a las mafias incrustadas en las estructuras del Estado que garantizan la impunidad de los delincuentes.
En opinión de Castresana, las acusaciones de prevaricación en contra de Garzón son políticamente «retrocesos enormes en un proceso que se inició en 1975, cuando se muere el general Francisco Franco» y que a estas alturas los españoles deberían tener resuelto.
«Desgraciadamente por lo que se ve no es así», dijo.
El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, examinará el próximo día 22 la eventual suspensión cautelar de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, ya que así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial para estos casos.
Entre otras medidas dispuestas en su día, Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y de asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica. EFE