El ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, quien a su vez es abogado y notario, manifestó la semana pasada que había investigado solicitando información a Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Conasa) y que todo estaba resuelto. Esto en el caso de la investigación realizada por Diario La Hora, que evidenció como un Viceministro de Comunicaciones es mandatario de la citada empresa.
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Su argumento fue que todo el «malentendido» era culpa del Registro Mercantil (RM), en virtud que allí no habían cancelado el mandato de Alfredo Mury, actual Viceministro Financiero del Ministerio de Comunicaciones y actual mandatario de Conasa; entidad que ha sido y sigue siendo contratista del Estado, a la que se le han adjudicado millonarios contratos de infraestructura.
Mury, por su parte, en declaraciones vertidas en el programa radial Hablando Claro, manifestó lo mismo que Castillo, en el sentido que había una deficiencia del RM al no cancelar el mandato.
El gerente general de Conasa, Juan Luis Tejada, envió una carta a diario La Hora en la que argumentó «que el ingeniero Mury Aguirre sí laboró para Conasa, pero dejó de trabajar para esta compañía en abril de 2008, cuando él mismo presentó su renuncia. Asimismo, la junta directiva de Conasa revocó el mandato que se le había otorgado en julio de 2008».
En dicha carta se daba a entender que quien no había actualizado y tramitado correctamente la información había sido el Registro Mercantil,
No obstante lo anterior, Diario La Hora pudo constatar que en el RM nunca se presentó un memorial de cancelación de dicho mandato y que además, en el Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, el mandato de Mury también se encuentra vigente.
¿Culparán también al Archivo de Protocolos?
Diario La Hora acudió al Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos, registro en donde constan poderes, sus revocatorias, sustituciones, modificaciones, renuncias y cualquier otra inscripción o anotación. Vale la pena destacar que cuando un comerciante (persona individual o jurídica) otorga un mandato, éste se debe inscribir en el Archivo de Protocolos y en el Registro Mercantil, en virtud que el mandante es comerciante.
En el Registro de Mandatos del Archivo de Protocolos consta que al número 673818, se encuentra inscrito el mandato de Mury, el cual a la fecha está vigente. El documento está firmado por la subdirectora del Archivo General de Protocolos del momento en que se inscribió el poder, Teresa Vásquez de González no presenta ninguna modificación, por lo tanto la ficha del mandato de Conasa continúa vigente.
Se trató de contactar al ministro Castillo para peguntarle acerca de dicho extremo, porque según su argumento, tanto el RM como el Archivo de Protocolos habrían obviado la petición de revocación o cancelación de Conasa, pero no fue posible localizarlo sino hasta el cierre de esa edición.
La verdad: El mandato nunca se canceló
«Voy a partir del hecho de que quien afirma o niega algo debe probarlo», dijo el registrador general del Registro Mercantil, Arturo Herrador, quien al momento de la entrevista solicitó la información más actualizada de la base de datos y determinó que Mury continúa siendo el mandatario de acuerdo a los registros.
Por lo que de conformidad con los datos de la hoja electrónica, que el departamento de informática y estadística entregó, «a partir del 11 de febrero del año 2000 y por un plazo indefinido quedó inscrito el señor Alfredo Estuardo Mury Aguirre como mandatario de la entidad Constructora Nacional», confirmó el registrador general.
El Registro Mercantil no trabaja de oficio, si no que todo es a petición de parte; de acuerdo con la Ley, aunque se tenga un nombramiento y suponiendo que se haya vencido, éste no es tramitado para cancelarlo, si no que se cancela hasta que los interesados lo soliciten.
Sin memorial presentado
Conasa no revocó el mandato y si hubiera sido el caso, la empresa contratista tuvo que haber presentado el documento ante el Registro Mercantil y estaría archivada la razón del porqué no fue tramitado.
Pero, Arturo Herrador explicó que los registros electrónicos detallan que no fue operada ninguna solicitud para revocar, ni sustituir el mandato especial otorgado a Mury, porque aunque se hubiera presentado un documento con errores, éste quedaría registrado, por consiguiente continúa siendo el mandatario.
Herrador, también enfatizó que el trámite es sencillo y para revocar el mandato el costo es alrededor de 75 quetzales y la sociedad anónima tiene que dar el aviso de la revocatoria del mandato, la sustitución del mandatario y luego de darle trámite se hace la anotación en una hoja electrónica y pasa al expediente electrónico de la sociedad y de las utilidades de comercio, estos documentos establecen en el estatus de Mury como vigente.
Deuda
Extraoficialmente se supo que a la entidad Conasa, el Estado le adeuda millones de quetzales por trabajos ejecutados. Por tal motivo, Diario La Hora consultó el Ministerio de Finanzas respecto al monto exacto de dicha deuda.
No obstante, la respuesta del Ministerio, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto fue la siguiente: «Según la ley, la máxima autoridad de cada entidad de gobierno es responsable de la ejecución de su presupuesto y sus resultados. El Ministerio de Finanzas Públicas no puede pagar gastos que no estén contenidos en el presupuesto público. Por tanto, sugiero se determine la entidad que ha celebrado contratos con la constructora indicada, y se solicite la información directamente a la misma.».
El Presidente debe actuar
Al ser consultada sobre la postura del ministro Castillo, quien ha defendido a Conasa, la diputada Nineth Montenegro opinó que el funcionario asume una posición «incorrecta».
«Debería estar al servicio de los intereses del Estado -interés general- y no al servicio de intereses particulares, en este caso de una empresa constructora», recalcó.
Montenegro lamentó que en el caso Mury-CIV, en el Ejecutivo no se haya actuado hasta la fecha. «Mury no debería fungir como viceministro, porque hay un conflicto de interés por su vinculación con una constructora (…) raya en una actitud incorrecta y antiética que debería derivar en una actuación del Presidente», sostiene.
¿POR QUí‰ ES INCONSTITUCIONAL?
Artículo 197 inciso c de la Constitución:
«No pueden ser ministros de Estado: los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios».
Mandato especial lo faculta para:
«Que en nombre de su representada, pueda suscribir ofertas y cotizaciones, contratos ante instituciones del Estado, Municipalidades o entidades de derecho privado para la ejecución de proyectos de construcción de obras e infraestructura de cualquier tipo, así como toda la documentación legal y técnica de los proyectos que se ejecuten».
Con respecto a la revocatoria del mandato especial otorgado al viceministro Mury, el abogado de CONASA, reconoció que «simple y sencillamente no la hicimos» en el Registro Mercantil, aunque tampoco se efectuó en el Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial.
El jurista argumentó que el mandato de Mury se utilizó por última vez entre los años 2001 y 2002, y aseguró que el ahora funcionario renunció a la empresa siete años después, en 2008. «Se le acepta la renuncia y se acuerda revocar el poder (…) pero no se había revocado en los registros», explicó.
De esa cuenta, el abogado sostuvo que no existe un conflicto de intereses pues, aunque los registros oficiales demuestran lo contrario, Mury ya no era mandatario de CONASA. Por otra parte, dijo desconocer la deuda flotante que el Ministerio de Comunicaciones tiene con la empresa.
Después de varios intentos se consiguió contactar al ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, quien dijo que hubo un «malentendido» sobre sus declaraciones. «No nos entendimos bien», explicó el funcionario, quien se excusó por sus múltiples ocupaciones.
Castillo corrigió, y dijo que la empresa CONASA no cumplió con notificar la revocatoria del mandato especial de quien ahora es el viceministro de Comunicaciones, Alfredo Mury. De esa forma, aclaró que en el Registro Mercantil no hubo error.
«Lo que les quise decir es que (…) el Registro Mercantil no operó la cancelación, pero no lo hizo por una sencilla razón; porque se obvió un último paso administrativo», indicó
Se consultó a Castillo en torno a las deudas que habría con la empresa CONASA, a lo cual indicó que solicitaría la información a los «financieros» del Ministerio. Mury es el viceministro Financiero.