A los guatemaltecos pareciera que se nos ha encallecido el alma ante tantos crímenes que se cometen diariamente, algunos de ellos espeluznantes, como si nos hubiéramos acostumbrado a que diariamente seis, nueve, 15 o más personas sean asesinadas en hechos aislados o simultáneos, sin que, en la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad del Estado logren la captura de los responsables, mucho menos su condena.
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Paralelamente, entre los autores materiales de execrables crímenes se incluye a menores de edad, ya sea porque proceden de manera voluntaria o porque son utilizados por el crimen organizado, aprovechando que, si se logra su aprehensión, los Tribunales de Justicia les impondrán penas leves, en vista de que al no haber alcanzado la mayoría de edad esos delincuentes son inimputables.
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Uno de los asesinatos más atroces cometidos recientemente fue el ejecutado en el correccional para menores Etapa 2, el martes 3 de este mes, cuando el profesor Jorge Emilio Winter Vidaurre fue salvajemente torturado antes de fallecer y después de una cruel agonía, pues le destrozaron la cabeza, le abrieron el pecho y le sacaron el corazón.
Entre los delincuentes que participaron en este sangriento crimen se incluye a individuos que cuando fueron condenados aún no habían alcanzado los 18 años de edad, pero que al momento de perpetrarse el hecho ya habían traspasado la frontera que los convierte en mayores de edad, y otros sujetos que todavía son menores, aunque con suficiente odio y abundante resentimiento como para cometer cualquier clase de delito.
 ¿Qué hacer con un muchacho de 17 años de edad, por ejemplo, que con un arma blanca le da muerte a un anciano desvalido, u otro delincuente juvenil de 16 años que con una pistola le corta la vida a una mujer embarazada? Si es capturado y consignado a un tribunal para menores con todas las evidencias del caso, esos sujetos son condenados a unos pocos años de prisión y trasladados a un centro correccional, donde, en vez de redimir sus penas para ser reinsertados a la sociedad, acumulan más experiencia delictiva que ponen en práctica cuando salen en libertad o en el mismo sitio donde supuestamente son reeducados.
La sociedad guatemalteca ya no puede seguir tolerando la conducta bestial de numerosos delincuentes menores de edad, y de ahí que es necesario reformar el artículo 20 de la Constitución Política, que establece que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, norma de la que se aprovechan para evadir el castigo que les corresponde.
Ese criterio (reforma constitucional) sustenta la diputada Nineth Montenegro, para poder castigar a los jóvenes delincuentes como adultos, mientras que la parlamentaria Roxana Baldetti considera que basta con reformar el Código Civil, porque es el que determina la mayoría de edad, al esbozar ambas la necesidad de discutir en el Congreso este grave problema.
Sin embargo, no se trata de propuestas formales sino sólo de opiniones coyunturales, de tal manera que no hay probabilidad que este fenómeno social sea enfrentado de inmediato, y de ahí que los guatemaltecos seguiremos expuestos a la bestialidad de menores de edad que burlan la ley tras la figura legal de la inimputabilidad.
(Un delincuente juvenil reincidente, notorio por su crueldad, le comenta a su abogado defensor Romualdo Tishudo: -Nunca olvidaré las últimas palabras de mi mamá. -¿Qué dijo?, inquiere el letrado. El antisocial repone: -Me dijo «hijo de puta ¡me movás la escaleraaaaaaa….!»).