El año pasado el delito de violencia contra la mujer fue el que acumuló el mayor número de procesos penales abiertos en las judicaturas de todo el paí­s; ante tal situación, la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados de Género.

Según las estadí­sticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, de enero a septiembre del año recién pasado, los diferentes juzgados del paí­s recibieron un total de 7 mil 728 procesos por violencia contra la mujer incluido en la recién vigente Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

El anterior delito ocupa hasta hoy el primer lugar de más de 290 actos ilí­citos detallados en la legislación nacional, seguido por robos y responsabilidad de conductores, entre otros.

Septiembre será la fecha en la que los nuevos juzgados de Género entren en funcionamiento, no obstante, la capacitación para quienes laboren en estas judicaturas deberá empezar lo más pronto posible.

JUZGADOS

Según un estudio efectuado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la capital de Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango son las regiones en donde hay mayor incidencia de femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres por lo que serán éstos, los primeros departamentos en los que funcionarán estas judicaturas.

La magistrada Thelma Aldana es integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, donde fueron creadas seis instancias especializadas, y cada departamento contará con dos juzgados de Primera Instancia y dos tribunales de Sentencia.

«De conformidad con la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer, estas instancias deben conocer delitos de femicidio, violencia sexual, fí­sica, económica y psicológica contra la mujer», explicó la magistrada Aldana.

Aldana añadió que en el caso de Quetzaltenango, laborará un intérprete «para que colabore con las mujeres ví­ctimas de violencia y éstas tengan acceso a la justicia en su idioma», expuso la magistrada.

La entrevistada añadió que en lo que estas instancias empiezan a funcionar, la CSJ está trabajando en la capacitación al personal para que puedan actuar con enfoque de género y puedan las mujeres ví­ctimas de cualquier tipo de violencia acceder a la justicia prontamente, indicó.

ASIGNATURA PENDIENTE

Hilda Morales, representante de la Red de la No Violencia Contra las Mujeres, consideró que la creación de esas instancias es «una noticia alentadora» sobre la voluntad de la CSJ de cumplir con la Ley contra el femicidio, indicó.

«Era una asignatura pendiente que se debió cumplir dentro de los primeros doce meses de vigencia de la ley, pero la falta de presupuesto siempre es una piedra de tropiezo», indicó Morales.

No obstante, la activista manifestó que lo ideal serí­a que estas instancias cubrieran a toda la república, y criticó que haya competencia limitada para la capital, Chiquimula y Quetzaltenango, lo que a su criterio parcializa el acceso a la justicia para las mujeres.

«Los femicidios se dan en toda la república y no sólo en esos departamentos; lo que esperamos además es que el personal que va atender estos juzgados sea especializado en el tema de equidad de género», indicó.

La entrevistada añadió que mientras no se amplí­en los juzgados a otras regiones del paí­s, los otros departamentos deberí­an ser capacitados, ya que a su criterio se continúa con las «prácticas tradicionales» de resoluciones que atentan contra las ví­ctimas que en estos casos son mujeres.

Finalmente Morales indicó que estas judicaturas deberí­an conocer delitos sexuales contra las mujeres y las niñas, los cuales están contenidos en la también reciente Ley contra la violencia sexual y la trata de personas y no en la que será la base fundamental del funcionamiento de las judicaturas de género. «Las caracterí­sticas del delito tipo son distintas a los contenidos en la Ley contra la trata de personas, así­ que deberí­an incluirse en las competencias de estos tribunales; ojalá lo impulsaran», solicitó.

CASOS POLí‰MICOS

Según organizaciones sociales dedicadas al tema de la mujer en el paí­s, las judicaturas nacionales aún no han terminado de «comprender» la temática de género y la lucha de poderes en el paí­s, lo que ha generado que jueces y juezas resuelvan de forma desfavorable a decenas de mujeres que son ví­ctimas de las peores formas de violencia de género.

Uno de los casos más duros que ha conocido el sistema de justicia es el de Mindy Rodas, quien fue ví­ctima de una agresión extrema por parte de su conviviente Eswin Esteban López Bran, quien goza de libertad.

En julio de 2009, Rodas fue golpeada en la cabeza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, Mindy no tení­a ropa, posteriormente se dio cuenta que su rostro goteaba sangre: no pudo sentir su nariz ni sus labios, ni la barbilla, pues su agresor la habí­a cortado para que no la reconocieran.

El MP abrió una investigación por femicidio en grado de tentativa, sin embargo, el juez de Cuilapa, Amí­lcar Colindres, consideró que ese era un caso de «lesiones graves», un delito que tiene medida sustitutiva, la cual otorgó al agresor. Posteriormente emitió opiniones subjetivas sobre el caso, por lo que la fiscalí­a y la Fundación Sobrevivientes interpusieron un antejuicio en su contra.

Otro de los casos que ha generado mucha polémica es el de Adelma Esperanza Cifuentes, quien sobrevivió a un ataque armado de parte de su ex conviviente, que intentó asesinarla contratando a varios sicarios. En ese hecho la mujer perdió el brazo, pero hoy reclama justicia.

El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2008, cuando un grupo de hombres ingresó a su vivienda y le disparó con una escopeta con la intención de matarla; según la fiscalí­a, su ex esposo habí­a pagado Q6 mil a dos sicarios para asesinarla; sin embargo, no lo consiguieron.

Su ex esposo, René de Jesús Monzón, de 36 años, quien presuntamente habí­a contratado a los sicarios para darle muerte según la tesis de la fiscalí­a, fue inicialmente procesado por los delitos de parricidio en grado de tentativa y amenazas, y no por violencia contra la mujer.

El 20 de marzo del año pasado el supuesto victimario fue enviado a prisión preventiva, según resolución del Juzgado Primero de Instancia Penal de la capital, el cual consideró que habí­a elementos suficientes para enviar a prisión al supuesto victimario. La jueza Carol Flores no ligó a proceso al sindicado por violencia contra la mujer, porque el ataque se cometió antes que la Ley que contempla ese delito fuera aprobada. Sin embargo, el sindicado recuperó su libertad con una fianza de mil quetzales, luego que su defensa solicitó la reforma por el de lesiones graves, la cual fue otorgada por la misma juzgadora.