Datos estadísticos y publicaciones en los medios de comunicación reportan un aumento en casos de violencia contra la niñez y adolescencia; el sistema de justicia guatemalteco, según analistas, cuenta con las herramientas para procesar las causas penales, pero la estructura social –la familia y el Estado–no velan por un contexto que permita un desarrollo integral del menor, sino que lo castiga ante su situación de indefensión.

Estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj) revelan que el año 2011 se dictaron 25 sentencias por casos de maltrato contra menores de edad, una de ellas, absolutorias; mientras que en los primeros 6 meses de este año se han dictado 22, casi el total de las que ocurrieron durante todo el año pasado.

Uno de estos casos es el Daniel Armando Porras, de 10 años, quien el 7 de diciembre del 2010 murió de trauma en el tórax, como consecuencia de sufrir, años, de golpes por parte de quienes se encargaban de cuidarlo.

Sus padres biológicos Elvira Narcisa Porras y Edwin Mateo Pixtún, cuando se divorciaron, lo dejaron junto a sus dos hermanos menores bajo el cuidado de Candy Elizabeth Rojas Arreaga y José Federico Aparicio Pacheco. Sin embargo, nunca más volvieron, ni se responsabilizaron de ellos, por lo que la Fiscalía los acusó de abandono de niños y personas desvalidas. 

Por su parte, Rojas y Aparicio fueron acusados de homicidio y maltrato contra personas menores de edad, ya que las pesquisas del ente investigador y el testimonio de su hermana de 9 años revelaron que Daniel Armando era golpeado constantemente con zapatos de futbol y hasta con tablas que tenían clavos incrustados.

El caso fue llevado por Fundación Sobrevivientes, y recibió de parte del Tribunal Séptimo del Ramo Penal, una sentencia condenatoria de 2 años para los progenitores y 20 años para Rojas y su conviviente, quienes fueron encontrados responsables de la muerte de Daniel.

El castigo llegó para los responsables, pero nada detiene el aumento de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

LA RESPONSABILIDAD PENAL
Rothman Pérez, abogado de Fundación Sobrevivientes, dijo que la situación del incremento de la violencia contra menores de edad le resulta preocupante, porque pese a que existe todo un mecanismo de herramientas e instrumentos legales de protección de la niñez, cuando estos son violados, la realidad es totalmente diferente.

De acuerdo con Pérez, al referirse a responsabilidad penal, no solo habla del que ejecuta directamente actos de maltrato y abusos en contra de los niños y adolescentes, sino también responsabilidad penal, para aquella persona que teniendo el deber jurídico de evitar que tales acciones se sigan cometiendo, evita accionar.

Para Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en el tema de administración de justicia para la niñez y adolescencia, hay mucho por desarrollar: “Las instituciones que deben proteger los derechos de la niñez y adolescencia todavía tienen una visión adulto-céntrica, es decir, que piensan más en el adulto que propiamente en la protección del niño”.

De acuerdo con Rodenas, parte de esta visión adulto-céntrica, se pone en evidencia cuando los casos parecen ir en contra de la niñez, “cuando es el infante el desarraigado de la familia”. “En muchos casos donde los menores son las víctimas, hemos observado que se ´institucionalizan´, son llevados a un tipo de institución del Estado, cuando quien debe ser castigado y desarraigado totalmente del ambiente familiar es el adulto, el que comete un abuso en contra del menor”, expuso.

BAJO EL MISMO TECHO
Así como el suceso de Daniel Armando, son comunes los casos de agresión en contra de los menores, donde los niños quedan sujetos a sus victimarios. Otro acontecimiento similar, es el  de una joven de 15 años, quien aparentemente era abusada sexualmente desde que tenía 12 años por su padre, Augusto García Rodríguez.

El caso es conocido por el Juzgado Segundo del Ramo Penal, donde García Rodríguez es sindicado de los delitos de violación sexual y agresión sexual, ambos ilícitos con agravación de la pena en forma continuada.

Durante el proceso, la menor rindió su declaración como prueba anticipada, y con el fin de resguardar su seguridad y que no fuera intimidada por la presencia de su padre, testificó por medio de la Cámara de Gesell del Organismo Judicial.

En sus declaraciones dijo que en repetidas ocasiones le contó a su madre de los abusos de su progenitor; sin embargo, está no le creyó y le dijo que si fuera cierto, era su culpa por “vestirse provocativa”.

El caso aún se encuentra en fase de investigación por parte del Ministerio Público; no obstante, trascendió que García Rodríguez también habría intentado abusar de su hija de 10 años.

Así como mencionó Rodenas, las dos menores víctimas en este caso, fueron trasladadas a una casa hogar.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Zoel Franco, director del departamento de Juventud en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), explicó que en los temas de violencia contra la niñez, son personas muy cercanas a los niños, niñas o adolecentes, quienes cometen la agresión.

En ese sentido, dijo que el tema también debe ser abordado desde la perspectiva  de la violencia intrafamiliar, pues entonces muchos de estos casos, podrían prevenirse para evitar que se conviertan en procesos penales.

“El tema tiene que tener un abordaje de manera preventiva y con mayor responsabilidad de parte de las entidades del Estado, pero lamentablemente se trabaja cuando la integridad del niño ya ha sido violentada y eso evidencia un detrimento de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia”.

Pero los otros casos, los que  no llegan a muerte también tienen consecuencias lamentables: cuando la agresión es continua, esta se vuelve parte de la vida del menor, las consecuencias ya no son sólo físicas, sino también psicológicas, “algo como una huella que se desarrollará en la vida del menor”, dijo Rodenas.

“Nos hace falta poder comprender que cuando un niño, niña o adolescente es agredido no solamente debe existir una sanción, sino que debe haber también una atención por el daño ocasionado al menor, quien se encuentra en un momento donde necesita tener todos los elementos necesarios para que pueda tener un desarrollo integral, que entendía que debe tomar decisiones en su vida y cuáles serán las consecuencias que derivan de ellas”, dijo.

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera que la situación de la niñez en Guatemala es parte del problema de pobreza, de subdesarrollo, y que esta situación hace que la justicia haga con otras entidades un esfuerzo para poder atender y proteger a los menores que de conformidad con la ley: “Los niños son la razón de ser de un pueblo, de una sociedad y es el interés supremo y superior”.

“Para los menores la Corte Suprema de Justicia ha hecho dos esfuerzos en este momento, el primero es que se han instalado las cámaras Gesell -una en la ciudad capital y otra en Quetzaltenango- y también sistemas de videoconferencias en cada tribunal y juzgado del país, “con el objetivo que puedan tener al acceso a la justicia y puedan acudir a los procesos penales de manera virtual para no sufrir las presiones psicológicas con las personas acusadas”.
El magistrado también dijo que pese a los escasos recursos con los que trabaja el poder Judicial, algo que lograría mejorar y cambiar la situación y atención a los niños y evitar a que las cosas pasen a cosas más graves, es que se hiciera realidad el decreto legislativo  7-2011, las Reformas al Código Procesal, específicamente el artículo 13, donde se establece que los Juzgados de Paz pueden conocer de delitos menos graves y así “funcionarían como conciliadores en dados casos, ayudarían a prever y a crear una cultura más apegada a derecho; no tenemos una conducta ciudadana de responsabilidad frente al cumplimento de las leyes”, anotó.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
De acuerdo con Rodenas, el sistema de denuncias en casos de agresión a menores busca proteger al niño, sin embargo no existe un mecanismo para informar sobre los medios con los que pueden actuar para dar aviso a las autoridades sobre los abusos de los que son víctimas.

“Es información creada para adultos, pues todavía se trabaja en una forma adulto-céntrica y no en una de defensión al niño; sí existe información, pero no una que sea comprensible para los niños, lo cual es deber del Estado, al lado de organizaciones de la sociedad civil, las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación, promover”, advierte

Norma cruz, directora de Fundación Sobrevivientes, recordó que la institución siempre ha señalado que a las mujeres se les dificulta el acceso a la justicia; no obstante, en el caso de los niños el problema es aun mayor.

“En los hechos de violencia contra la niñez se tiene que presentar la denuncia o actuar en representación de ellos, ya sea en la Procuraduría General de la Nación (PGN) o alguna otra entidad. Esto con apoyo de una persona mayor de edad, pues uno de los problemas es que si no se cuenta con la asistencia de una persona adulta, es muy difícil que los casos logren llegar a la justicia”, manifestó.

Sin embargo, opinó que Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, puede ser utilizada en casos de violencia contra la niñez, pues plantea que también los niños puedan presentar una denuncia, “incluso por teléfono, ya sea apersonándose a pedir ayuda a la policía o al MP” y aunque se puede, “pocos conocen que la ley lo permite”.

“Nosotros exigimos que el Ministerio de Educación debe ser un canal idóneo para hacer llegar, a través de las aulas, este tipo de información para la niñez y adolescencia, porque así poco a poco, conocerán cuales son estos mecanismos”.