En la continuación del proceso de debate en contra de Arturo Ignacio Salán Sánchez, quien es acusado por los delitos de estafa propia y lavado de dinero y otros activos la defensa presentó una solicitud de revisión de medida de coerción en busca de disminuir la caución económica que le fue impuesta.

El único de los hermanos Salán que es juzgado en los tribunales de justicia del paí­s adujo a través de su defensa que durante las audiencias realizadas desde el 20 de agosto último, no se han demostrado algunos de los extremos inmersos en la acusación presentada en contra de su cliente.

Francisco Garcí­a Gudiel, defensor de Salán, planteó que el Estado de Guatemala se benefició de más de 16 millones y medio de quetzales, de los 20 millones que se distribuyó y que constituyen un ilí­cito según la acusación del Ministerio Público (MP).

Garcí­a Gudiel añadió que hasta ahora ya se ha logrado probar con el testimonio de algunos de los testigos que la apertura de una cuenta en el desaparecido Banco del Café no ha sido manejada «nunca» por Ignacio Salán.

Con los anteriores argumentos la defensa del procesado pretendí­a la revisión de la medida y se otorgará una medida sustitutiva diferente a la caución económica de 5 millones de quetzales, que el acusado debí­a pagar por concepto de fianza para recuperar su libertad.

Ante ello la fiscal del MP, Gloria Monterroso Garcí­a, se pronunció solicitando que la petición fuera declarada sin lugar debido a que no se habí­a logrado probar algunos de los aspectos contenidos en la acusación porque «el debate está en proceso y aún no ha concluido».

Tanto la Procuradurí­a General de la Nación (PGN) y la Procuradurí­a General de Cuentas, coincidieron su pronunciamiento en el mismo sentido de la instancia investigadora del caso.

Resolución

La juez Iris Jazmí­n Barrios, quien preside el Tribunal Tercero de Sentencia, resolvió sin lugar la revisión de la medida solicitada por el licenciado Gudiel.

«Se está efectuando el juicio y se están recibiendo pruebas para determinar el ilí­cito o la participación del procesado, por lo que en consecuencia no es procedente acceder a la medida de coerción solicitada», indicó la ahora Juez Tercero.

Barrios añadió que para la revisión de la medida es necesario que se tomen en cuenta las circunstancias primitivas del proceso.

Según la acusación la Secretarí­a de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) repartió más de Q20 millones a empresas privadas para el mantenimiento de dos tramos carreteros en Zacapa y Jalapa, pero los trabajos no se hicieron.