Caso Rí­os: CC rechaza jurisdicción de España


íngel Aní­bal Guevara fue beneficiado con el amparo de la CC. En la gráfica, momento en que fue detenido por petición de la Justicia Española.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó ayer, a través del Expediente 3380-2007, sobre los amparos presentados por los generales retirados íngel Aní­bal Guevara Rodrí­guez y Pedro Garcí­a Arredondo, por el caso en que la Justicia Española pidió su captura para enfrentar acusaciones por terrorismo y otros delitos, supuestamente cometidos en el caso de la Quema de la Embajada de España.

Mario Cordero
mcordero@lahora.com.gt

«La Corte de Constitucionalidad (…) resuelve: I) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por íngel Aní­bal Guevara Rodrí­guez y Pedro Garcí­a Arredondo; en consecuencia revoca la sentencia apelada y emitiendo el pronunciamiento legal correspondiente», menciona en su primera parte la conclusión del expediente.

Esto implica, en una primera instancia, la liberación de Guevara y Garcí­a Arredondo, quienes guardaban prisión preventiva, la cual habí­a sido ejecutada por solicitud del Reino de España de detención provisional previo a formalizar la extradición de los amparistas por los delitos de Terrorismo, Homicidio y Secuestro.

Con ello, la CC afirma que no puede restársele el valor obligante al Tratado de extradición por su antigí¼edad. Se deben preservar los derechos en cuanto a su igualdad soberana y la interpretación que España le está dando es contra el respeto de la soberaní­a de Guatemala.

De tal forma, España deberá repensar el caso, pues según la CC, los delitos denunciados son conexos polí­ticos, que hace un análisis histórico, incluso del proceso de paz mismo, al que calificó de «singular y único en sus caracterí­sticas». Por esa razón, la máxima autoridad en materia de Constitución otorgó el amparo, pues no aplica el principio de persecución universal.

Asimismo, la CC señaló que España no tiene carácter de Tribunal Internacional, y que por ello no puede juzgar a guatemaltecos de acuerdo con su Constitución.

«Defensa de soberaní­a»

La CC estableció que, Guatemala como Estado soberano e independiente, se niega a someter a una jurisdicción que no ha sido reconocida legí­timamente por la comunidad internacional.

De acuerdo con la resolución de los magistrados de la CC se está haciendo una afrenta a la soberaní­a y al honor de Guatemala, al poner en duda su voluntad para juzgar y castigar crí­menes atroces o hacer funcionar sus órganos juridiccionales.

Debido a que es la resolución del máximo órgano de decisión de Guatemala, ante este expediente sólo queda solicitar aclaración y ampliación, proceso que vence hoy a las cuatro de la tarde.

La Fundación Rigoberta Menchú, según fuentes internas, estaban preparando, a la hora del cierre de este vespertino, la documentación para pedir esa ampliación.

Posteriormente, tal vez el lunes, refieren las fuentes de la fundación, se tendrá una conferencia de Prensa en donde fijarán posición ante esta resolución de la CC.

¿Qué sigue?

Tras este revés que tuvo la Justicia Española, aún puede continuar pujando por medio de procesos legales para esclarecer el caso de la Quema de la Embajada de España, en la cual también están implicados José Efraí­n Rí­os Montt y German Chupina Barahona, entre otros, quienes se vieron favorecidos, además, con esta resolución.

Continuando con los procesos de liberación de Garcí­a Arredondo y Guevara, se puede aún detener por medio de recursos legales, y continuar así­ con el proceso.

La resolución de la CC se dio el viernes por la tarde, y otorgó un plazo de 24 horas para pedir aclaración y ampliación. Muy probablemente la información no fue lo suficientemente clara sobre el momento en que se darí­a la resolución, puesto que ayer fue uno de los dí­as con más distractores del año: viernes, pago de quincenas y aguinaldos, inicio de las compras navideñas y convivios, lo cual dificultarí­a para quienes estuvieran interesados en la resolución.

La CC estableció que Guatemala como Estado soberano e independiente, se niega a someter a una jurisdicción que no ha sido reconocida legí­timamente por la comunidad internacional.