El proceso penal diligenciado en Guatemala en contra de ocho personas, sindicadas de ejecuciones extrajudiciales en el caso conocido como Pavón-Infiernito, ya llegó a su etapa final.

En el juicio tramitado por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, el Ministerio Público (MP) solicitó penas de prisión que van de los 27 a 300 años en contra de los procesados. La condena más alta fue requerida en contra de Víctor Hugo Soto, exsubdirector de Investigación de la Policía Nacional Civil (PNC).

No obstante, a criterio de Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), se logró que el procesamiento de mandos medios avance, no así en el caso de los altos funcionarios, donde fue necesario recurrir a la justicia internacional.

“Es el reflejo de que la justicia de Guatemala, que no ofrece las garantías para juzgar a cualquier persona. Esto demuestra que en la medida que una persona ostente mayor poder en la sociedad, es casi imposible llevarlo a juicio», criticó el entrevistado.