El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo condenó a cuatro personas en el caso Pavón, por la ejecución extrajudicial de 10 reos; el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Víctor Hugo Soto, fue sentenciado a 33 años y 3 meses de prisión. Cuatro personas más fueron absueltas y, según el Tribunal, debe investigarse a los altos mandos envueltos en el caso.
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El Tribunal condenó a 33 años y 3 meses de prisión a Soto Diéguez, mientras que Axel Arnoldo Martínez Arriaza y Víctor Manuel Ramos Molina recibieron una sentencia de 25 años de prisión, y a Aldo Stefano Figueroa Díaz obtuvo una pena de 15 años de prisión.
Los primeros tres fueron sentenciados por el delito de ejecución extrajudicial, y Figueroa fue condenado por el delito de tenencia ilegal de municiones y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Por otro lado, Francisco González Ibáñez, Edwin Emmanuel Rivera Gálvez, Nicolás Camajá Bach y María del Rosario Melgar Martínez fueron absueltos.
Al referirse a González y Melgar Martínez, la jueza Jeannette Valdés indicó que obedecieron órdenes, pero el Ministerio Público debió dejarlos fuera del proceso, ya que las acusaciones no tuvieron fundamento.
En el caso de Camajá Bach, señaló que es «verdaderamente lamentable» que esté en prisión, por lo que ordenaron restituir su libertad.
DEBE CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN
El Tribunal refirió que debe continuar la investigación por los hechos en el caso Pavón y perseguirse a todo aquel que tenga responsabilidad.
«En este caso se toma como coparticipes a las personas de los altos mandos, pero el Tribunal también considera que el ex Ministro de la Defensa tuvo alguna intervención de estos actos. Desconocemos si está sujeto a algún proceso», acotó la jueza Valdés.
«Instamos a la Fiscalía para que haga la ponderación de qué personas están pendientes de ser sometidas a proceso. Tampoco es justo que solo es señor Soto Diéguez este aquí, porque deberían estar sus superiores, esos altos mandos a quién usted no cuestionó, usted se dejó llevar por esa jerarquía tan verticalizada de las instituciones con las que usted trabajó», resaltó.
Por este caso, el MP solicitó penas que van desde los 27 a 300 años de prisión. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se adhirió a dicha solicitud.
Según información de la CICIG, quienes fueron procesados habían formado una estructura paralela dentro del Estado que tuvo el poder de ejecutar extrajudicialmente a quien ellos consideraban «lacras» y «enemigos de la sociedad».
Este grupo habría llevado a cabo la ejecución extrajudicial de personas en las siguientes fechas y lugares:
1. Edwin Estuardo Santacruz Rodríguez, 03/11/2005 (Río Hondo/Zacapa).
2. Julián Morales Blanco, 01/12/2005 (La Cueva, río Los Amates, Santa Rosa).
3. José María Maldonado Sosa, 01/12/2005 (La Cueva, río Los Amates, Santa Rosa).
4. Luis Alfonso Zepeda González, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
5. Jorge Eduardo Batres Pinto, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
6. Mario Misael Castillo, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
7. Carlos René Barrientos Vásquez, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
8. Gustavo Adolfo Correa Sánchez, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
9. Erick Estuardo Mayorga Guerra, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).
10. José Abraham Tiniguar Guevara, 25/09/2006 (Granja Penal de Pavón, Fraijanes, Guatemala).