La reciente condena de cuatro personas en el caso Pavón podría repercutir en los procesos que se siguen en el extranjero, por el mismo caso, pero en contra de exaltos funcionarios de Estado que son acusados de ejecuciones extrajudiciales por las que un tribunal ordenó investigarles.

La Constitución establece en el artículo 2 que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Pero ¿Qué pasa cuando desde la misma estructura estatal se desarrolla un plan para cometer ejecuciones extrajudiciales contra  presos considerados como “la escoria de la sociedad”?

En la mayoría de casos, no pasa nada. Las ejecuciones quedan impunes. Pero la excepción ocurrió hace solo unos días, cuando cuatro exrepresentantes de las fuerzas estatales de seguridad fueron condenados a penas de entre 15 y 33 años de prisión por 10 ejecuciones extrajudiciales.

“Hubo una muerte dirigida o selección para ejecución de estas siete víctimas”, dijo Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, órgano jurídico que dictó la primera condena por ejecuciones extrajudiciales.

EL MEJOR PAÍS

En agosto del 2006, Philip Alston, relator especial de la Organización de la Naciones Unidas, visitó Guatemala para realizar un informe sobre la situación en Guatemala respecto a las desapariciones y ejecuciones sumarias.

Posteriormente presentó un informe donde señaló que en la ola de fenómenos violentos que asolaron a Guatemala también se encontraba la “limpieza social”.

“La ola imparable de asesinatos de mujeres, los linchamientos, los homicidios de personas por su identidad u orientación sexual, el asesinato de defensores de los derechos humanos y la violencia en las cárceles. En algunos casos, la responsabilidad recae directamente sobre el Estado”, dijo el Relator Especial.

Según el informe de Alston, había indicios sólidos de que ciertos incidentes de limpieza social, como la ejecución de miembros de bandas, de sospechosos de haber cometido delitos y otros «indeseables» fueron obra de miembros de la policía.

“Ha habido homicidios cometidos por reclusos que han sido facilitados por los guardias. En otros casos, se atribuye al Estado una responsabilidad indirecta. Con un sistema de justicia penal que se ha mostrado incapaz de alcanzar la tasa del 10% de condenas por asesinato, el Estado es responsable, según las normas de derechos humanos, de las numerosas personas que han muerto a manos de particulares”, señaló.

Según el contenido del informe, las ejecuciones extrajudiciales estaban tan difundidas porque existía en una indudable falta de voluntad política: “Guatemala se encuentra ante una encrucijada: hacer realidad la perspectiva de los Acuerdos de Paz o recurrir a las tácticas brutales del pasado”.

Cristian Ulate, abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que participó como querellante adhesivo en el proceso penal, manifestó que una de las conclusiones a las que arribo dicho Relator, es que Guatemala es el mejor país del mundo para lograr una ejecución extrajudicial.

“El relator logró determinar que la tasa de homicidios se había incrementado prácticamente en un 65%. Lo que él dice es que a raíz de ese incremento el Estado opta por una política de limpieza social como respuesta a lo que está pasando”, dijo.

Según explicó, los estudios demuestran que se empiezan a encontrar muertos mareros conocidos o personas con un perfil delincuencial muertas, con un tiro de gracia y trasladados del lugar de donde los mataron. (Vea recuadro: Rasgos de ejecución.)
 
“Lo que se empieza a evidenciar es que los expedientes de investigación de esas personas muertas no se movía nada, a pesar de que había una serie de contradicciones dentro de la versiones policiales”, indicó.  “El Relator dijo que Guatemala es el mejor país para lograr una ejecución extrajudicial porque el autor nunca va a ser condenado”, añadió.

Ulate señaló que dicho informe fue presentado ante las Naciones Unidas el 17 de febrero del 2006: “Si alguien cree en las fechas cabalísticas, ese mismo día fue cuando esa estructura comete su gran error, que es la muerte de los diputados salvadoreños”.

“Mientras se estaba presentando ese informe aquí se estaba ejecutando a los diputados, que en el papel, y falta mucho por aclarar, fue lo que provocó la salida de los altos mandos de los cuales hoy el tribunal dijo que hay que perseguirlos y ordenó al Ministerio Público seguir la investigación contra ellos, porque un mes después de eso Vielmann fue destituido como ministro, Sperisen salió para Suiza y Figueroa salió para Austria, y todo se desintegró”, detalló el abogado.

Cuando la CICIG llegó al país inició con el análisis de los expedientes existentes y empezó a recibir declaraciones de personas que aseguraban saber algo de lo que sucedió en fechas anteriores.

“Empezamos a hablar con ellos y a ver los expedientes. Empezamos a ver la serie de contradicciones que había, nos preguntamos por qué habían contradicciones y qué había hecho el MP”, prosiguió Ulate.

Según relató, Álvaro Matus, que era el jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida no les facilitaba el acceso a los expedientes, y cuando al fin los tenían notaban que les faltaban hojas, que no estaba todo.

“Cuando se fue Matus muchos expedientes quedaron en el tapiz, y logramos rescatar el expediente de Pavón, de Zacapa y Cuevas. Allí es donde se arranca con la investigación y se llama en primer lugar a los policías”, explicó.

En los informes policiales se decía que el reo murió en enfrentamiento, y otro, firmado por el mismo policía, se indicaba que cuando llegaron los agentes encontraron a la persona muerta. Eso sucedió en el caso Zacapa y Cuevas.

Por el Plan Gavilán que buscaba la recaptura de 17 reos fugados, se cuestionó a los oficiales que participaron. Los agentes reconocieron su participación y contaron a los investigadores lo que pasó. Así se fue armando el caso.

“La sentencia le está respondiendo a Naciones Unidas que después de lo que se dijo en el informe, se dio un paso, para lo que la CICIG vino a Guatemala, que no es para condenar oficiales de menor jerarquía, eso lo hace el Ministerio Público, sino para lograr lo que hizo esa sentencia, es decir hubo 10 ejecuciones extrajudiciales en esa época y los responsables son los altos mandos porque eran los únicos que tenían la capacidad de cambiar informes y de ordenar que nadie se opusiera a sus órdenes”, acotó.
 
ESTADO DE DERECHO

En las redes sociales se ha observado que muchas  personas están de acuerdo con que se elimine a los criminales y apoyan las ejecuciones extrajudiciales previamente seleccionadas que fue lo que se comprobó en el caso Pavón. No obstante la Constitución dice que el Estado debe proteger a sus habitantes, y en el sujeto no se hace una exclusión de “buenos y malos”, señaló Ulate, abogado de la CICIG.

“Un Estado es de Derecho cuando se rige por las normas y leyes, contrario a cuando el mismo Estado empieza a trabajar al margen y fuera de las normas, que deviene en una anarquía. ‘Cada uno haga lo que quiera, que tome la justicia por sus manos, y nosotros (el Estado) también eliminamos delincuentes’. Así todo se vuelve una anarquía”, indicó.

El entrevistado recordó que en las conclusiones del caso Pavón, buscaron resaltar que la Constitución Política en el artículo dos dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
 
“Cuando se refiere habitantes es todos, no discrimina a nadie. Dentro de la palabra habitantes está el bueno y el malo. Para el malo hay un sistema de justicia que tiene que ver cómo le prueba que el cometió delitos y está al margen de la ley, y tiene que pagar por eso”, expresó.

PRECEDENTE

El analista político, David Martínez Amador, al ser consultado de lo que significa e implica que un Estado sea condenado por cometer ejecuciones extrajudiciales, señaló que es un triunfo en la lucha por cultura de la legalidad, que sienta un precedente para que en el futuro, los actores políticos que tengan la tentación de cometer este gravísimo acto lo piensen dos veces.
 
Acerca de las reacciones de personas que opinan que deben ser asesinados los considerados crimínales subrayó que “en determinadas sociedades, y la guatemalteca es un caso muy puntual, el uso de la violencia para resolver los problemas es una costumbre muy arraigada”.  

“Ejercer el acto de ‘muerte’ sin el debido proceso, ‘meterle’ dos tiros al marero, pandillero, ladrón, al que me molesta, al que me cerro el paso en el carro, al que miró mal a mi novia…etc., es parte ya de la cultura de este país.   El Estado es sólo un reflejo de la forma cómo los ciudadanos actúan”, explica.

PLANES LÍCITOS

Antonio Morales, fiscal a cargo del caso Pavón, explicó que se determinó que los planes Gavilán y Pavo Real eran “lícitos”, que contemplaban en el primer caso, un procedimiento legal de recaptura de los reos de la cárcel El Infiernito, que contemplaba aspectos técnicos, jurídicos y legales para las garantías de los prófugos.

Con el plan Pavo Real sucedió lo mismo, que era lícito y tenía como objeto retomar el control de la cárcel de máxima seguridad Pavón. No obstante, Morales resaltó que comprobaron en debate que paralelamente a dichos documentos había otro plan que tenía como fin la supuesta “limpieza social”.

Morales resaltó que dicha estrategia no va a aparecer documentada en papel, pero que se acreditó a través de la actividad que realizaron las fuerzas de seguridad el Estado.

LUEGO DE UNA CONDENA

Ulate recordó que el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, al dictar la sentencia en este caso dijo que esto es una gran vergüenza para Guatemala, que quedamos muy mal ante la comunidad internacional porque se demostró que el país viola los derechos humanos, no obstante resaltó que es un primer paso.

“Ya un tribunal de derecho le dijo al Estado que se acaben las políticas de limpieza social, que empiecen a trabajar. Que si hay delitos que se investigue y se lleve a juicio con pruebas fehacientes. Que se haga un Estado más fuerte para que esto no vuelva a ocurrir”, indicó.

Por su parte Diego Álvarez, vocero de la CICIG, consideró que un Estado que atraviesa procesos judiciales con características de este tipo salen fortalecidos en sus sistemas de justicia porque da muestras de que va en la dirección correcta.

LUCES PARA EL EXTERIOR

Dentro de la sentencia que emitió el Tribunal B de Mayor Riesgo, Víctor Soto, subdirectores de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil, fue el más alto jerarca procesado.

Es por ello que las juezas ordenaron la investigación de los altos mandos de seguridad de ese entonces: Ministro de Gobernación (Carlos Vielmann), Director de la Policía Nacional Civil (Erwin Sperisen), Sub director de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (Javier Figueroa), Director del Sistema Penitenciario (Alejandro Giammattei) y Ministro de la Defensa Nacional. (Vea recuadro: Procesos en Europa).

El investigador de la CICIG detalló que fiscales de Suiza, España y Austria le solicitaron una copia de la sentencia que se emitió en Guatemala, porque consideran que lo que pasó en el país es histórico.

Ulate explicó que el fallo será un elemento más que pueden incorporar al debate, pero respetuosos del derecho el resto de procesados tendrá su propio juicio. Cabe resaltar que las mismas pruebas que fueron diligenciadas en Europa son las que se presentaron ante los tribunales guatemaltecos.

Por su parte, Morales, fiscal a cargo del caso Pavón, consideró que la sentencia fue positiva, ya que en un inicio la versión oficial fue que en los tres casos (Pavón, Zacapa y Cuevas) las personas fallecieron por enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado.

“Los importante de la sentencia es que se acredita que las víctimas no murieron por un enfrentamiento sino que fueron ejecutadas, y si interpretáramos en el contexto completo las imputaciones que se hacen a los mandos, es  decir a la línea jerárquica, el delito de ejecución extrajudicial requiere dentro de sus elementos, orden apoyo o aquiescencia que permiten que uno no realice el acto materialmente pero que tengan el conocimiento de que otras fuerzas de seguridad el Estado lo realicen”, manifestó.

En ese orden ideas calificó que podrá determinarse en los procesos que están en el extranjero se han realizado en contra de personas que tuvieron conocimiento que estas personas fueron ejecutadas.

EX MINISTRO DE DEFENSA

EL tribunal mencionó que también debía ser sujeto de pesquisas el entonces Ministro de la Defensa. Ulate explicó que es el general Francisco Bermúdez. Según lo que han dicho los testigos, añadió el abogado, él llegó en helicóptero tiempo después de ocurridos los hechos. No obstante, según lo ordenado por los jueces, será llamado a declarar.

En la investigación que ya se realizó “no lográbamos constatar que él estuviera dentro de la estructura, el análisis que previamente hicimos, pero podremos estar equivocados, todo mundo está en el margen de error, entonces el MP y la CICIG vamos a proceder a llamarlo a declarar para que diga lo que le consta”, dijo Ulate.

El fiscal Morales manifestó que luego de tener la sentencia integra en sus manos, analizarán la función de dicho exministro para determinar si procede la persecución penal en su contra, “no es lo mismo que un funcionario tenga conocimiento de lo que va a suceder, a qué un funcionario esté presente sin conocimiento; habrá que hacer un análisis muy serio y profundo”, enfatizó.