Durante meses, Jodi Arias fue una constante en televisión. Cada minuto de su juicio por asesinato se trasmitió en vivo mientras los comentaristas de televisión debatían todas las noches el caso.
La ahora convicta de asesinato asumió el candelero con estilo de celebridad y aceptó la atención mientras pasaba semanas en el banquillo de los testigos, además de ofrecer varias entrevistas a los medios.
Pero Arias ha desaparecido de la vista pública desde que su juicio terminó en mayo, y la jueza ha dado un giro de 180 grados y ha prohibido la presencia de los medios y el público de casi todas las audiencias del caso, lo que ha provocado quejas de abogados especializados en la libertad de expresión de que ha ido demasiado lejos.
«El tribunal ha pasado de la transparencia a la falta total de transparencia y la perplejidad», dijo el abogado David Bodney, que representa a varios medios de prensa, entre ellos el diario Arizona Republic, que batallan por una mayor transparencia en el caso. «Ha habido varias infracciones flagrantes del derecho constitucional del público a asistir a las audiencias».
Arias fue declarada culpable de asesinato en mayo, pero el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre la sentencia. Los fiscales ahora están en una segunda fase de sentencia con un nuevo jurado en un esfuerzo por conseguir que la condenen a muerte. No se ha fijado fecha para un nuevo juicio.
Arias, de 33 años, reconoció haber matado a su novio en 2008 en su casa de los suburbios de Phoenix, Arizona, pero alegó que fue en defensa propia. Travis Alexander sufrió unas 30 heridas de arma blanca, le cortaron la garganta y le dieron un balazo en la frente; lo que fiscales alegaron fue un exabrupto de celos.
La jueza Sherry Stephens ha celebrado varias audiencias a puertas cerradas mientras los próximos sucesos del caso se desarrollan casi bajo un manto de secreto. Durante los últimos meses, la jueza ha escuchado alegatos sobre aislar al nuevo jurado, trasladar el caso fuera de Phoenix, sobre el deseo de Arias de despedir a su abogado defensor principal y permitir que las cámaras de televisión reanuden la cobertura del nuevo juicio, entre otros temas.
Stephens ha rechazado todas las solicitudes, pero todo de manera muy discreta, mediante órdenes emitidas días después de las audiencias, mientras el caso languidece sin escrutinio del público, incluso mientras los honorarios de Arias le cuestan al contribuyente más de 1,7 millones de dólares. Mientras tanto, en otro elemento de secreto, el asesor jurídico del Condado Maricopa, Bill Montgomery, se ha negado a entregar cifras de cuánto ha costado el caso, incluido el pago de testigos expertos durante el juicio de cinco meses.
Stephens permitió acceso irrestricto durante el juicio, que se trasmitió en vivo y se convirtió en una especie de telenovela de la vida real. Los asistentes llegaban del todo el país.
Pero la jueza dice ahora que las audiencias a puertas cerradas tienen por fin proteger el derecho de Arias a un jurado imparcial, pero el abogado David Bodney dice que la jueza ha ido al extremo y muchas veces ha ordenado cerrar las puertas del tribunal sin emitir una orden de sus razones, en violación de la Constitución.
«El público se ve impedido de ejercer su derecho constitucional de asistir a las audiencias», dijo Bodney.
Bodney señala la ironía de que es el intenso interés de los medios en el caso se debe a las propias acciones de Arias en ofrecerse a entrevistas, tener una cuenta de Twitter funcional y vender sus obras de arte desde la cárcel a través de terceros. Arias envía tuits con citas inspiradoras, enlaces para vender sus dibujos y pide donaciones para sus apelaciones.
Un secretario de la jueza Stephens dijo que la magistrada no podía comentar sobre un caso en curso. El abogado defensor Kirk Nurmi no ha contestado a varios mensajes telefónicos.