Desde que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inició sus labores en el país, se sabía de antemano que iba a enfrentar serios problemas, ya que su mandato lo obliga a enfrentarse a uno de los males más enraizados en nuestra nación: la ineficiencia de la justicia. Sin embargo, es hasta ahora -cuando empiezan a llevar a la Torre de Tribunales sus primeros casos- cuando se dan cuenta cuán difícil es intentar que se haga justicia en nuestro territorio.
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El período del mandato de la CICIG sabe a poco, a pesar de que se acaba de firmar la extensión de su vigencia. Sin embargo, cuatro años parecen insuficientes para intentar modificar un mal que ha tenido décadas, si no es que siglos.
Por ello, la estrategia es acompañar procesos para mejorar todo el sistema de justicia, que va desde la prevención del delito, pasando por la investigación forense, la querellancia del Ministerio Público y el seguimiento del debido proceso en el Organismo Judicial, a fin de que se vayan aprendiendo conductas en las instituciones guatemaltecas, así como procurar la depuración de estos entes.
Asimismo, para sentar precedentes, se deben escoger algunos casos paradigmáticos en los cuales se constituya la CICIG como querellante, como parte de un proceso, en el cual ayudaría que la población observara que la justicia existe, sobre todo en casos de alto impacto.
Obviamente, no se puede escoger cualquier caso, porque el mandato de la CICIG la circunscribe a perseguir los aparatos clandestinos de poder. Desde ya, esta institución internacional ha mostrado interés en querellarse en varios procesos de persecución penal, como el asesinato de Víctor Rivera, ex asesor de Gobernación, el proceso contra ílvaro Matus (vinculado al anterior) y el caso contra el ex presidente Alfonso Portillo.
PARTEAGUAS
Por cuestiones más bien cronológicas, el primer caso en el cual la CICIG ha debido solicitar querellarse ha sido el caso de peculado por el desvío millonario, en el cual se ha vinculado al ex presidente Alfonso Portillo.
Este caso podría servir para sentar el primer precedente de lo que puede hacer la CICIG (o mejor dicho, lo que se debe hacer dentro de un proceso penal), y los poderes ocultos con los que podría toparse.
Los primeros obstáculos que se han presentado se enmarcan dentro de la legalidad. Recursos de amparo, de inconstitucionalidad, de exhibición personal, recusaciones y otros tantos artilugios, han sido planteados en contra de procesos en donde ha habido participación de la CICIG. Sin embargo, éstos todavía se encuentran dentro de la «legalidad» guatemalteca. Algunos de estos recursos no han favorecido a quienes los interponen.
DECISIONES
El primer gran obstáculo fue plantado esta semana, cuando la Jueza Leticia Valenzuela, contralora del Caso Portillo, denegó la solicitud de la CICIG para ser querellante adhesiva en el proceso.
En consecuencia, la CICIG denunció ante el Ministerio Público a la jueza, para que empiece un proceso de antejuicio, ya que suponen anomalías.
Si prospera la denuncia contra la jueza, se espera que se le ligue a los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, ya que las razones que Valenzuela otorgó para denegar la solicitud a la CICIG, carecen de fundamento y no aplica como es su obligación la normativa procesal vigente, según explicó en su momento la institución internacional.
«La resolución judicial es manifiestamente injusta, ya que la juez deliberadamente excluye a la CICIG sin argumento, sin motivación, sin darle la oportunidad de esgrimir sus argumentos en la audiencia preliminar, ni proponer prueba incriminatoria contra el sindicado con la sola afirmación de una línea acerca de que la figura de aparatos ilegales no concurren en el caso», explica un comunicado proporcionado por el organismo internacional.
Según la CICIG, la resolución de la jueza se extralimita en sus funciones porque prejuzga acerca de que si en los hechos concurren o no los elementos que definen a los grupos clandestinos o ilegales de seguridad, cuestión que es objeto de establecerse en juicio.
El organismo internacional supone que de la investigación realizada contra Alfonso Portillo se desprenden fuertes indicios que el peculado que se le imputa lo cometió con ocasión de la actividad de uno de esos grupos criminales.
«Pareciera que en su resolución, la jueza Valenzuela sigue los lineamientos del sindicado y denota una parcialidad sospechosa», explica la citada fuente.
REACCIONES
Carlos Canteo, analista y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que «las instancias de supervisión del OJ deben conocer de inmediato la denuncia que plantea la CICIG y el MP; es importante que se revise la actuación de la juez. Más allá del ámbito administrativo, es importante que se revise su conducta para determinar si actuó bajo los parámetros legales, o actuó bajo otras circunstancias, pero esto no quita que el MP y CICIG sigan el proceso judicial correspondiente sin alterarlo», explicó.
De acuerdo con este analista, se deben discernir si existe evidencia que pueda poner en duda la actuación del juez, y con base en ello, se debe tomar la decisión, porque está en juego un caso de alto impacto; «esto es grave y no se puede tolerar que existan jueces que lo favorezca (a Portillo)», se quejó Canteo.
«El principal punto es el siguiente: no basta que la jueza haya sindicado ciertas circunstancias; para que se pueda aceptar una decisión de esta magnitud no basta escribir sólo la resolución. Es importante que se diga cuál es la argumentación que usa para descartar que no se trata de un grupo clandestino o paralelo; pero si sólo lo dice, eso es insuficiente. Se debió justificar con razonamientos claros y contundentes», explicó el analista.
Aún se desconocen las causas que influyeron para que la jueza resolviera de esa forma, razón que genera dudas, ya que «el país ha estado acostumbrado a que las resoluciones se dicten contra los intereses del país, porque no es la primera vez que pasa hay una serie de historias en el sistema de justicia donde los jueces favorecen a sectores poderosos», denunció el director del Instituto.
Asimismo, para Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, no se puede observar desde afuera qué motivó la decisión de la jueza; «pero llama la atención, porque pese a que se había aceptado la querella en una sala de instancia superior, se quita usando un argumento como éste», señala la consultada.
Según Samayoa, el caso que se está investigando es complicado. «En este momento en Guatemala está demostrándose que no hay ni siquiera una definición de lo que es un aparato clandestino e ilegal».
Por ello, esta analista insiste en que se debe hacer uso de la figura del antejuicio, «porque (la CICIG) debe tener algunos elementos de prueba que muestren que la decisión de la juez no sólo constituye una decisión arbitraria y subjetiva, si no algo que se ha hecho en acuerdo con la defensa», evidenció Samayoa.
«De ser así, sería sumamente preocupante porque nos muestra la debilidad del sistema de justicia y las dificultades que hay y habrá para que la CICIG haga su trabajo. Se debe recordar que la CICIG sí tiene el mandato de depurar administrativamente el proceso de justicia, pero para ello debe mostrar las pruebas y tiene la capacidad de hacerlo», concluyó la experta en justicia.
La CICIG denunció a la jueza Leticia Valenzuela ante el MP por haber dictado resolución en la cual expulsa a este organismo del caso del ex presidente Alfonso Portillo.
Con esta denuncia, se le solicita al Ministerio Público (MP) que remita la misma a la Corte Suprema de Justicia para dar inicio al procedimiento de antejuicio en contra de la citada jueza, en el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pretende constituirse como querellante en el momento oportuno.
Esta denuncia se basa en que la funcionaria pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en razón a que la jueza emitió un auto carente de fundamento y no aplica como es su obligación la normativa procesal vigente.
«La resolución judicial es manifiestamente injusta, ya que la juez deliberadamente excluye a la CICIG sin argumento, sin motivación, sin darle la oportunidad de esgrimir sus argumentos en la audiencia preliminar, ni proponer prueba incriminatoria contra el sindicado con la sola afirmación de una línea acerca de que la figura de aparatos ilegales no concurren en el caso», explica un comunicado proporcionado por el organismo internacional.
De acuerdo con el análisis que hace la CICIG de la resolución de la jueza, ésta se extralimita en sus funciones porque prejuzga acerca de que si en los hechos concurren o no los elementos que definen a los grupos clandestinos o ilegales de seguridad, cuestión que es objeto de establecerse en juicio.
El organismo internacional supone que de la investigación realizada contra Alfonso Portillo se desprenden fuertes indicios que el peculado que se le imputa lo cometió con ocasión de la actividad de uno de esos grupos criminales.
«Pareciera que en su resolución, la jueza Valenzuela sigue los lineamientos del sindicado y denota una parcialidad sospechosa», explica la citada fuente.
Según la CICIG, su mandato es claro: «Coadyuvar al Estado en la persecución, sanción y desmantelamiento de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad».
REACCIONES
La jueza Valenzuela, al ser consultada por esta denuncia ante el MP, se limitó a decir que no podía dar declaraciones por las presiones del trabajo; luego de una larga espera de los medios de comunicación, se encargó de que la puerta de la audiencia quedara cerrada para evitar emitir razón.
Recientemente, el ex presidente Portillo se había mostrado satisfecho por la resolución de la jueza, e indicó que «la CICIG no tenía absolutamente nada que ver en mi caso», cuando se presentó a la Torre de Tribunales a firmar el libro de asistencia, el cual está obligado a firmar a principios de mes. Asimismo, el ex mandatario argumentó que el MP ha tenido cinco años para aportar las pruebas necesarias y no lo ha hecho.
El Sector de Mujeres, que agrupa unas 36 organizaciones en Guatemala, exigió el lunes la depuración de los tres poderes del Estado a fin de combatir las diferencias sociales y fortalecer su campo de acción.
«Nos declaramos indignadas y cansadas ante esta situación de muerte, violencia, corrupción e impunidad que afecta a todas las familias guatemaltecas, por lo cual exigimos que el Ejecutivo, el Congreso y el Organismo Judicial se depuren», según un texto divulgado el lunes.
El Sector de Mujeres promueve que se gobierne, legisle y se imparta justicia para toda la ciudadanía.
«Basta ya de ciudadanías de segunda y tercera categorías. Las mujeres exigimos justicia para los casos acumulados del pasado y del presente, son miles de familias que claman justicia y nosotras somos portadoras de ese clamor», subrayaron.
Procuran que el Estado responda a las demandas de salud integral, entregue medicinas para enfermos de sida y acceso para los discapacitados, que han sido planteadas por diferentes organizaciones y aseguran no han sido atendidas.
El grupo sugiere que en la sociedad guatemalteca cesen las prácticas de sexismo, discriminación y racismo; de egoísmo y de acciones que solo buscan mantener e incrementar «la riqueza de unos pocos».
«Guatemala necesita un Acuerdo Nacional que nos permita desarrollar un proceso en donde podamos convivir para construir una sociedad para todas y todos (…), es tiempo de avanzar y potencializar nuestras riquezas personales, sociales y de país», argumentaron.