La administración de George W. Bush, que enfrenta una larga lista de dificultades en Irak, se sumó un nuevo dolor de cabeza con la implicación de una empresa de seguridad estadounidense en un tiroteo que el domingo dejó en Bagdad diez muertos, entre ellos nueve civiles.
La firma Blackwater, encargada de proteger a la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí y al personal diplomático, fue acusada por el gobierno iraquí de haber abierto fuego indiscriminadamente en Bagdad cuando escoltaba un convoy diplomático el domingo.
Según la versión oficial estadounidense, el grupo fue atacado por insurgentes y luego hubo un intercambio de disparos. La empresa lamentó las pérdidas humanas, pero alegó que sus empleados actuaron en defensa propia.
No obstante, las autoridades iraquíes le retiraron el lunes los permisos para operar en el país.
El episodio no sólo exacerbó en Irak la animosidad contra firmas privadas de seguridad, a las que se acusa de gatillo fácil en sus funciones de protección de extranjeros, sino que podría profundizar el de por sí fuerte sentimiento antiestadounidense entre la población iraquí.
Además, puso en un embarazoso lugar a la administración Bush al poner a prueba su discurso sobre la instauración de un Estado de Derecho en Irak y la garantizada soberanía del gobierno de Bagdad.
Al margen de las versiones contradictorias sobre cómo sucedieron los hechos, éstos plantean la cuestión del derecho por el que deben regirse esas empresas. Estas últimas dicen no estar sujetas a las leyes iraquíes, mientras que Washington afirma la soberanía del gobierno iraquí e insiste en la necesidad de que los iraquíes tomen a su cargo progresivamente su propia seguridad.
El lunes, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, se «excusó personalmente» en una conversación telefónica con el primer ministro Nuri al-Maliki, según el gobierno iraquí.
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que únicamente la investigación en curso podrá determinar las circunstancias del tiroteo.
Los aspectos legales del caso «dependen de las circunstancias», dijo, indicando que las autoridades estadounidenses aún «no están en condiciones» de culpar a Blackwater.
«Hasta tanto no finalice la investigación no podemos atribuir culpabilidades (…). Hay que establecer los hechos, examinar las leyes y las reglas y ver si hubo infracciones y si se ha violado la ley», estimó McCormack.
«Queremos ser tan abiertos, transparentes y colaboradores como sea posible con los iraquíes», insistió el portavoz, tras asegurar que tanto el personal de seguridad del Departamento de Estado como testigos estadounidenses en Bagdad participan en las pesquisas.
Sin embargo, McCormack señaló que Blackwater sigue operando en Irak, donde tiene un contrato con el Departamento de Estado para garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, al igual que otras dos firmas, Triple Canopy y DynCorp. Esos tres convenios le cuestan a la cartera «decenas de millones de dólares al año», agregó.
A falta de una cifra global, un portavoz militar estadounidense dijo que el Departamento de Defensa tiene 7.300 agentes de seguridad bajo contrato en Irak, sobre un total de 137.000 subcontratados asignados a tareas de todo tipo.