Ante la impotencia y el terror, cientos de familias guatemaltecas son obligadas a dejar sus viviendas y huir de los grupos delincuenciales que las extorsionan; en muchos de esos casos, los pandilleros se aprovechan de esas circunstancias y ocupan las casas como refugio y centros de operación.

«Esa casa me costó toda la vida», dice Rodrigo, un hombre que hace poco tiempo tuvo que escapar de su propia vivienda. Confrontaba un dilema: enfrentar la extorsión y jugarse la vida para no ceder ante la prisión criminal o huir dejando atrás el fruto de su trabajo.

«No vale la pena arriesgarse con esa gente; y como no tenemos a quién acudir, lo mejor es buscar un nuevo refugio», agrega el entrevistado anónimo.

Desde hací­a varios dí­as, los extorsionistas presionaban con que les pagaran una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares. Llamadas telefónicas y notas como la siguiente hicieron que escapar fuera la solución: «Bueno, señores, los investigamos bien y sabemos todo acerca de ustedes; esto no es ninguna broma, tómenlo en serio, ya que si no cumplen mataremos a toda su familia. No quedará nadie vivo. Queremos la cantidad de veinticinco mil quetzales exactos para el dí­a miércoles, sin retraso alguno».

Ese es un extracto de una nota amenazante que cada dí­a reciben cientos de familias que viven en lugares considerados como «rojos o vulnerables», donde están a merced de los delincuentes que se aprovechan de su vulnerabilidad para extorsionarlos y sumergirlos en un clima de desesperación y miedo.

En la mayorí­a de casos las ví­ctimas prefieren huir de sus hogares para evitar que los sicarios atenten contra su vida o la de sus familiares.

Este es el caso de una mujer de 60 años, residente de la misma colonia, quien ante la presión de pagar Q20 mil a los delincuentes, prefirió huir de su vivienda; según una vecina que prefiere el anonimato por seguridad, se desconoce a donde pudo ir la ví­ctima, que viví­a sola y sufrí­a quebrantos de salud.

Varias son las anécdotas de las familias que viven en ese y otros sectores, quienes se ven afectadas, hasta el punto de morir por la angustia que les provocan las amenazas de los grupos delincuenciales, y quienes desafortunadamente no encuentran una solución pronta para enfrentar el flagelo que termina con los sueños y el esfuerzo que les ha costado pagar las casas donde habitan.

OCUPAN LAS VIVIENDAS

Según la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) los delincuentes pretenden ganar dos cosas; en el primero de los casos obligar a que las ví­ctimas paguen la cantidad exigida, para después volver a chantajear económicamente y convertir a los ciudadanos «en clientes», a los que si una vez ceden, volverán a ser molestados de por vida.

Por otro lado, si no logran obtener nada de ello, saben que esas personas son capaces de abandonar sus casas y huir de ese tormento, para lo cual, en muchas ocasiones éstos utilizan las viviendas como su propiedad para refugios o centros de operaciones, donde planifican delitos, ingieren drogas y realizan cualquier atrocidad.

A decir de un investigador de la DEIC, la población más vulnerable se encuentra en El Mezquital, El Búcaro y Villalobos, en la zona 12; así­ como en El Amparo, zona 7; las colonias Alameda, Paraí­so I y II en la zona 18; El Milagro, Carolingia, Lo de Bran, en la zona 6 de Mixco; y Belén, La Brigada y San Ignacio, en la zona 7 de Mixco.

Anteriormente varias viviendas ubicadas en Ciudad del Sol, en Villa Nueva, fueron abandonadas por el temor de los vecinos al no pagar la extorsión, esas casas estaban marcadas con graffiti de los pandilleros que ocupaban el lugar y las que no estaban identificadas como propiedad de ellos, se colocaban mensajes donde se informaba que esas casas estaban «en alquiler», sin embargo, lo hací­an para que los interesados se comunicaran con ellos y éstos los chantajeaban después.

CHANTAJES

Aunque la mayorí­a de denuncias recibidas están vinculadas a extorsiones de empresarios del transporte y comercios, entre otros, la DEIC conoce únicamente de cinco casos de chantaje económico a familias.

La estrategia de extorsión consiste en entregar un teléfono celular y una nota de amenaza a los dueños de las viviendas para exigirles una cantidad de dinero; mientras que el teléfono sirve para comunicarse y llegar al «acuerdo» de dónde y cuándo debe entregar esa cantidad.

Lo curioso del caso es que cuando los malhechores hacen la llamada a la ví­ctima, ésta no puede observar el número telefónico de donde proviene la llamada, porque los delincuentes se cuidan de no ser identificados.

Los investigadores de la DEIC afirman que un buen porcentaje de amenazas provienen de los grupos delincuenciales que operan en esos sectores, sin embargo, también se ha conocido de familiares, personas allegadas o vecinos que pretenden obtener dinero de las ví­ctimas.

Cuando se trata de delincuentes es probable que concreten las amenazas, especialmente si operan desde las cárceles y tienen gente afuera que trabaja para ellos, pero si se trata de vecinos o familiares, rara vez se llevan a cabo acciones violentas.