Dadas las características del estado de sitio decretado por el Gobierno, supuestamente con base en informes de inteligencia que aconsejaron adoptar esa medida justo en estos días, es lógico suponer que las primeras 24 horas serían cruciales para detener a los cabecillas de los carteles que están operando en la región de Alta Verapaz, que es la afectada por la medida. Sin embargo, el balance de las primeras acciones ha sido poco productivo, puesto que se ha capturado a diez supuestos miembros de los Zetas, varios vehículos y armas consistentes en escopetas y pistolas.
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Una de las dificultades de nuestro sistema legal es que los constituyentes, influenciados por los abusos de poder que se dieron durante el conflicto armado, dispusieron restringir cualquier allanamiento a las horas nocturnas, por lo que durante la noche no se puede ingresar a ningún lugar ni siquiera con orden de juez competente. El estado de sitio dispuesto facilita que las fuerzas del orden puedan realizar capturas sin cumplir con esas garantías constitucionales y sin que tengan que consignar a los detenidos en las horas siguientes a la detención, además de que se prohíbe la portación de armas de fuego en todo el territorio afectado por la medida, pero a quienes no se capturó en el momento inicial, lo más probable es que se hayan alejado de la zona sitiada y por lo tanto las probabilidades de capturarlos se esfuman.
Cierto que se logró rescatar el control del aeropuerto y se cambió a toda la fuerza policial, medidas que se pudieron tomar sin recurrir al estado de sitio, cuya ventaja estratégica era, precisamente, la de facilitar las capturas en las primeras horas aprovechando el factor sorpresa y basados en lo que, según el Gobierno, era un eficiente trabajo de inteligencia que fue determinante para decidir el momento en que se produjo la declaración del estado de sitio.
El gobernante, en un alarde de inocencia, ya anticipó que habrá estado de sitio en otros departamentos del país en el corto plazo y el Ministro de la Defensa aclaró que eso será paulatino porque no tiene recursos suficientes para entrarle a las regiones donde operan los grupos de narcotraficantes.
No se trata de criticar por criticar las medidas de gobierno, pero es evidente que la disposición de restringir las garantías constitucionales no fue producto de una estrategia para dar un golpe contundente dirigido a desmantelar, desde la cabeza, a los grupos de delincuentes. Los arsenales que manejan los Zetas no tienen nada que ver con el puñado de escopetas y pistolas que fueron incautadas en los primeros operativos y es probable que en los próximos días se puedan detectar buzones en los que fueron depositadas las más poderosas armas, pero sus portadores ya no podrán ser detenidos ni, mucho menos, los capos, los jefes que son responsables de las operaciones.
Uno de los grandes problemas que hay en el combate del narcotráfico es la desconfianza que hay entre los operadores de justicia. Los fiscales no saben si los policías están implicados y los agentes no saben si sus jefes están o no en la jugada. Lo mismo pasa entre policías y militares, puesto que es tal la penetración que tienen los narcos del aparato que prevalece un clima de desconfianza. Por ello es que, según Prensa Libre, la BBC se pregunta si el nuestro es un Estado Fallido.
El elemento esencial para combatir al narco está en atacar las formas de lavado de dinero y en eso no se avanza mucho. Al escribir esta columna se informa de más incautaciones, de un arsenal importante, pero no de capturas, reafirmando que los capos no han sido localizados.