Sitiados por la acción de integrantes de maras y narcotráfico, pobladores de Carranza, San Juan Sacatepéquez, se sienten ahogados entre extorsiones, asaltos y acoso permanente, mientras el Estado de Prevención que cumple la PNC y el Ejército por orden del Organismo Ejecutivo, está focalizado en un solo punto, denunciaron vecinos.

Autoridades gubernamentales y municipales tienen abandonados a la mayorí­a de los aproximados 13 mil habitantes de la comunidad Carranza, quienes dicen recibir en sus casas agua contaminada, tener deficiencia en el alumbrado público, escasos drenajes que en época de invierno queda demostrado y no existe un centro de salud estatal, por ello se sienten excluidos, dijeron.

Esa comunidad es área rural vecina de Ciudad Quetzal, está a 35 kilómetros de la capital y a 12 de la cabecera municipal, San Juan Sacatepéquez. El patrullaje de la PNC en el área no es frecuente y cuando hay necesidad de una patrulla, los elementos se quejan que no tienen suficientes automotores y es escasa la gasolina para su movilización, refieren algunos lí­deres sociales.

Los asaltos y cobro de impuesto ilegal están en la orden del dí­a, jefes de familia y propietarios de pequeños negocios han sido extorsionados con Q200, Q300, Q500; Q mil, Q2 mil y a veces hasta con Q25 mil mensuales.

La Iglesia Católica y el único centro de salud semiprivado que depende de ella está entre las ví­ctimas de extorsión; una ruta de transporte extraurbano de pasajeros dejó de ingresar, porque la exigencia de los delincuentes empezó por Q25, siguió con Q50 y terminaron estableciendo una cuota de Q100 diarios, relatan.

Ocurren también el robo de vehí­culos, asalto a vendedores ambulantes y ruteros, los integrantes de pandillas en su mayorí­a no son nacidos en la comunidad, llegan de otros lugares y cada vez están tratando de reclutar más menores de edad, quienes se ven amenazados para formar parte de esos grupos por temor, la necesidad o por desintegración familiar que es frecuente, explican algunos educadores consultados.

La falta de autoridad sólo ha sido y fue otra vez ofrecida en época electoral, cuando los polí­ticos se acuerdan de la existencia de esa comunidad, que cuando tiene necesidad por una emergencia producto de la violencia o natural de salud más grave, el punto más inmediato es el Centro de Salud de la colonia Primero de Julio o el Hospital Roosevelt, explicaron.

En la aldea Carranza, por violencia, algunas familias han cambiado su domicilio y negocios han cerrado sus puertas. Más del 50% de su población es menor de 18 años, cuentan con cinco escuelas de nivel primario y tres institutos secundarios, algunos privados; no hay centros de recreación ni deporte; la mayorí­a de calles no están asfaltadas; como la mayorí­a de municipios de Guatemala, es una ciudad dormitorio, que por la falta de fuentes de empleo cercanas su destino diario es la capital, informaron.

Ante la carencia de apoyo gubernamental y falta de respaldo del Estado, iglesias, casas interculturales, bomberos, organizaciones juveniles y cooperativas están tratando de ganar espacios de convivencia pací­fica que estudia la posibilidad de opciones de desarrollo comunitario a quien la violencia y el crimen le está ganando la partida, creen los lí­deres comunitarios.