Carlos Castresana, que este lunes anunció su renuncia al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se convirtió en el látigo de la corrupción que se enseñorea en el sistema judicial guatemalteco.
Nacido en Madrid en 1957, ejerció como abogado entre 1980 y 1985 antes de convertirse en magistrado de 1986 a 1989, año en que comenzó su carrera como fiscal.
Destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid, y en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción, a partir de 2005 se convirtió en fiscal del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial española.
Fue con sus denuncias interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado «Caso Pinochet», que supuso el fin de la impunidad del dictador chileno, cuando éste se encontraba de viaje en Londres.
En septiembre de 2007, el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon, lo designó para dirigir la CICIG en Guatemala, con rango de Subsecretario General de la ONU, puesto que ocupó hasta este lunes, cuando anunció su renuncia alegando «ataques sistemáticos» contra él y contra la institución.
«Siento que ya no puedo hacer nada más por Guatemala por lo que presenté mi renuncia al secretario general de las Naciones Unidas», dijo Castresana en rueda de prensa.
Al frente de esta institución, que tiene un mandato sin precedentes en la historia de Naciones Unidas, Castresana, casado con una periodista mexicana y padre de dos hijos, intentó sanear y revitalizar el corrupto e inoperante sistema judicial guatemalteco, que deja el 98% de los delitos penales en la impunidad.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cuya dirección renunció este lunes el jurista español Carlos Castresana, fue encargada de devolver la esperanza a los guatemaltecos en un sistema judicial infiltrado por grupos ilegales y la corrupción, y que deja el 98% de los delitos penales en la impunidad.
La CICIG fue creada en diciembre de 2006 por Naciones Unidas para fortalecer el sistema judicial guatemalteco, infiltrado por aparatos clandestinos a menudo ligados con el crimen organizado y el narcotráfico, que han convertido a la justicia de este país en el reino de la impunidad.
Con 172 personas de 21 países trabajando mano a mano con la Fiscalía General de Guatemala, el mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas.
Muchas de sus competencias son de una Fiscalía Internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en las Cortes guatemaltecas y usando el procedimiento penal del país.
En la actualidad trabaja en cuatro unidades: investigación, litigio, administración y recursos humanos y seguridad.
Ademas de contribuir a desarticular los aparatos clandestinos y promover la investigación judicial y policial, también trabaja mano a mano con la justicia local en la persecución penal y la condena de los delitos cometidos por los integrantes de dichos grupos.
La CICIG también ha tratado de asesorar al gobierno guatemalteco sobre la adopción de políticas públicas para erradicar a los grupos ilegales, así como prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para dicho fin.
Tras casi tres años de actividad bajo la égida de Carlos Castresana, entre sus mayores éxitos destacan la captura del ex presidente Alfonso Portillo, con fines de extradición a Estados Unidos que lo acusa de lavado de dinero desviado de fondos públicos.
Otro hito en su corta historia fue el esclarecimiento de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo del 2009, quien antes de morir grabó un video en el que acusaba al presidente Alvaro Colom de su segura muerte, haciendo tambalear al gobierno. La CICIG concluyó que se había tratado de un suicidio.
Una de sus críticas más aceradas ha sido contra el nombramiento por el presidente Alvaro Colom del Fiscal General, Conrado Reyes, el pasado 25 de mayo, a quien ha tildado de «corrupto».