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El año pasado, el Organismo Judicial recibió hasta el 23 de diciembre 74 mil 826 procesos, en los que resaltan los delitos de robo, robo agravado y hurto, amenazas, daño, usurpación; además de violencia contra la mujer.

En 2008, la cifra de delitos superó los 7 mil 739, no obstante, a excepción del delito de violencia contra la mujer, que aún no era tipificado en la nueva ley, se cometieron los mismos tipos de ilí­citos.

A criterio de analistas, lo anterior tiene efectos irreversibles y lesivos para el sistema de justicia guatemalteco, uno de ellos es que lo satura y por tanto lo vuelve más lento y menos efectivo.

A lo anterior se suma la falta de una investigación efectiva por parte del Ministerio Público (MP) lo que genera que la agenda de esta instancia esté supeditada a las detenciones, flagrantes en su mayorí­a, que ejecuta la Policí­a Nacional Civil en el paí­s.

MíS REOS

El 2009 finalizó con al menos 9 mil 785 privados de libertad; un mil 500 reos más que los cuantificados en 2008. De los anteriores, más de la mitad se encuentra en situación de prisión preventiva, esperando la conclusión de la fase intermedia de su proceso penal.

Las estadí­sticas del Sistema Penitenciario (SP) detallan que de los 9 mil 785 reclusos que guardan prisión en las diferentes cárceles del paí­s, cinco mil 253 se encuentran en prisión preventiva, mientras que 4 mil 532 cumplen una condena.

En el caso de 2008 las estadí­sticas fueron: 8 mil 270 reos, de los cuales 4 mil 655 cumplí­an condenas, y tres mil 615 se encontraban en prisión preventiva.

Además del total de personas en prisión durante 2008 4 mil 834 son menores de 30 años; a estos les siguen: 2 mil 867 privados de libertad entre 31 y 40 años; y 1 mil 295 personas que tienen de 41 a 50 años de edad. íšnicamente 740 presos superan los 50 años de edad, según las estadí­sticas del SP.

Según el Sistema de presidios, 2009 no sólo aumentó sus cifras en relación a la población carcelaria, sino se incremento el número de delitos cometidos por las personas privadas de libertad.

ANíLISIS

Según análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECP), la suma de delitos como posesión de droga, riña, escándalo en la ví­a pública, entre otros «menores», conforman el 50% de las capturas, mientras las condenas emitidas por el Organismo Judicial sufren una disminución de delitos «graves.

Javier Monterroso, director de Incidencia del IECP, comenta que un gran porcentaje de los delitos por los que son ejecutadas las capturas de la PNC, «son menores y de bagatela», además, refiere que el sistema de justicia funciona como un «embudo» pues un gran número de detenidos sale de prisión a los tres meses (tiempo que establece la ley para que el MP recabe pruebas contra una persona detenida), sin embargo, no hay condenas porque en ese tiempo no se obtienen pruebas suficientes para vincular a una persona al hecho delictivo, indica Monterroso.

El experto en materia jurí­dica explica que existe una lógica de «primero capturar y luego investigar», la cual califica como «perversa y disfuncional»; además, Monterroso explica que ello genera que el aparato de justicia se sature de casos.

A criterio del entrevistado la lógica de prevención policial es sacar de circulación a los delincuentes y que estén en prisión sólo un tiempo, lo que genera que haya personas que tienen hasta 60 ingresos a prisión.

CAPTURAS

En 2008 la Policí­a Nacional Civil capturó a más de 36 mil personas generando una saturación de trabajo por delitos «leves» en el Organismo Judicial y Sistema Penitenciario.

Según los reportes policiales de 2008 en la institución policial, fueron capturadas 36 mil 725 personas, mientras que en 2007 fueron aprehendidas 34 mil 555. Según la PNC, la mayorí­a de capturas fueron realizadas de forma flagrante.

SIN ACUSACIONES

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó recientemente que el MP dejó de formular una acusación en el 94 por ciento de las denuncias recibidas el año pasado en la instancia a cargo de la investigación penal.

Esa instancia también describió el sistema de justicia penal como un embudo pues la cifra se va depurando a medida que avanzan los casos en las diferentes etapas del proceso penal guatemalteco, pues los tribunales de Sentencia únicamente emiten un promedio anual de 3 mil sentencias, informó la Cámara Penal.

César Barrientos, titular de la citada cámara, aseguró que el MP sólo fundamenta acusación en 12 mil denuncias, de un total de 200 mil casos recibidos por las diferentes fiscalí­as del MP anualmente.

El magistrado añadió que hay un promedio anual de 3 mil procesos que son llevados a una sentencia por un tribunal, lo que significa un total de tres sentencias mensuales, una por cada juez del Organismo Judicial.

MENOS ECONí“MICOS

Según analistas, una de las formas de ejemplificar la debilidad del sistema de persecución penal y por lo tanto de justicia, es con los procesos por delitos económicos, pues la impunidad en estos ilí­citos es sólo 2 por ciento menor que en los casos de crí­menes contra la vida.

Según estudios, el 96 por ciento de estos casos no se resuelven, a esto se suma que el 75 por ciento de casos que ingresan al Organismo Judicial se refieren a defraudaciones o evasiones menores a Q50 mil; lo que genera alta impunidad en los delitos llamados «de cuello blanco».

En el informe «La Eficiencia de la Captación Fiscal por la ví­a Judicial», elaborado por Monterroso, se reitera que la impunidad en ese tipo de delitos alcanza el 96 por ciento y que de esa cifra, el 75 por ciento es por cantidades menores a Q50 mil.

Los delitos económicos son los más altos en impunidad, después de los ilí­citos contra la vida y la violencia sexual; la evasión fiscal, contrabando y defraudación aduanera y tributaria son los más impunes.

Monterroso cita que los efectos de esa impunidad para el Estado son grandes ya que el dinero defraudado no se recupera: «son miles de millones que se dejan de percibir debido a la evasión fiscal».

Aní­bal Garcí­a, diputado independiente del Congreso de la República, opina que las estadí­sticas en este tipo de delitos son «lamentables» y reflejan la ausencia de entes especializados en investigación criminal en este tipo de ilí­citos.

El legislador consideró que las figuras penales están reguladas adecuadamente en el Código Penal y en las leyes de la Superintendencia de Administración Tributaria, a su criterio, es el MP y la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC las instancias con debilidades para este tipo de delitos.

Según Garcí­a, a cambio de la investigación en ese tipo de procesos de alto impacto, la PNC justifica su trabajo a través de detenciones flagrantes de delitos leves que saturan el sistema de justicia penal; por lo que le apuesta a la iniciativa de ley que crearí­a una Policí­a de Investigación Criminal dentro de la institución policial, dentro de la que habrí­a una unidad especializada en delitos económicos.

Sin embargo, la iniciativa no tiene dictamen favorable, aunque está en discusión en la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales.