Era el 26 de septiembre de 2006 cuando las autoridades de seguridad del gobierno de Óscar Berger se congratulaban por “retomar el control de Pavón”, tras “un enfrentamiento” en el que murieron siete reos “poderosos” que llegaron a tener ingresos mensuales de hasta Q600 mil por sus actos al margen de la ley.

Sin embargo, años más tarde, se comprobó que esas acciones eran parte de un plan para ejecutar a los detenidos.  El episodio del asesinato de presos en apariencia terminó ahí, pero no logró ningún cambio para desarticular a las mafias y sus delitos, que ocho años después están vigentes y fortalecidas por la corrupción que impera en el Sistema Penitenciario (SP).

Dos administraciones de gobierno transcurrieron tras la toma de Pavón: Álvaro Colom y  Otto Pérez Molina, pero las prisiones siguen en manos de los reos, aunque los funcionarios de turno lo nieguen o en cierta medida justifiquen el descontrol con sus repetidos argumentos sobre la falta de infraestructura y el abandono de las cárceles.

Lo cierto del caso es que desde los centros de privación de libertad continúa la planificación de extorsiones, asesinatos, secuestros y robo de vehículos, y como resultado de esos crímenes persisten las muertes de los guatemaltecos en todo el país planificadas a distancia.

Un informe oficial del Ministerio de Gobernación (Mingob) refirió el año pasado, que de enero de 2008 a octubre de 2013 se planificaron desde las cárceles 9 mil 957 extorsiones, asesinatos y secuestros.

Por otro lado, según denuncias recopiladas por la Inspectoría General (IG) del Sistema Penitenciario sobre declaraciones de reos, informantes y familias que develan la corrupción, actualmente se cobra ilícitamente por el traslado de presos y el ingreso de celulares, de personas y armas; cada actividad ilícita tiene un costo y se realiza en contubernio con funcionarios de alto nivel y empleados corruptos de Presidios.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo para la Seguridad Pública (IMASP), reconoce esta situación y lamenta la falta de voluntad para erradicar la corrupción en las cárceles, porque los delitos siguen planificándose desde adentro y afectando a la sociedad.

“Yo creo que no hay voluntad real –para combatir la corrupción– porque cuando hay voluntad se puede respaldar de dos maneras: por las decisiones que se toman y por los recursos que se inviertan. En ese sentido nunca hemos visto cambios radicales.  Cuando hay fugas o motines se vuelca la atención ahí, pero después baja la espuma, no se hace nada y seguimos lo ciclos”, dice Godoy.

Según la entrevistada, las mafias en las cárceles no se erradicaron con la supuesta toma de Pavón, y por eso es que hoy otros reos y nuevos funcionarios ocupan su lugar.

TRASLADOS, EXTORSIONES Y AMENAZAS

La IG de Presidios cuenta con decenas de denuncias de lo que internamente acontece en las cárceles, pero prefiere no darlas a conocer todas, pues esto podría comprometer públicamente a funcionarios de alto rango.

La Hora solicitó a través de la Unidad de Acceso a la Información de la Cartera del Interior, detalle de los casos, pero escuetamente describen seis denuncias de 2009 a 20014, donde no se informa del tema de los traslados.

Sin embargo, por otras fuentes se conoce del expediente No. 16-2013-IGPR y documentos internos, donde se develan cobros por traslados de presos hasta por Q150 mil, fiestas en cárceles, complicidad o amistad entre reos y trabajadores de Presidios, y explotación sexual de mujeres detenidas.

En tanto, lo que sí documenta el SP en la solicitud requerida, son las acusaciones en contra de empleados penitenciarios de bajo o mediano rango. En la denuncia número 093-2014, de fecha 27 de mayo de 2014, se devela  la extorsión de un alcaide a un privado de libertad por Q500 mensuales para informarle sobre requisas.

El 1 de julio de 2012, se detalla que el director y el alcaide de una prisión extorsionan a un reo por Q3 mil, de acuerdo con el expediente 130-2012.

Asimismo, en el archivo 0148-2011, de fecha 5 de mayo de 2011, se conoce del cobro de extorsión a un reo por un jefe y oficial de seguridad.

El documento también detalla que el 26 de noviembre de 2011, la “encargada del puesto de tercera edad” extorsionaba a un detenido por Q3 mil para concederle una bartolina.

Estos casos podrían ser una mínima parte de lo que realmente sucede en las cárceles, pero que está resguardado por la IG para evitar develaciones que implican a altos funcionarios.

ARGUMENTOS

Las actuales autoridades de seguridad y de la administración anterior fueron consultadas sobre las mafias que persisten en la cárcel y que se benefician con los funcionarios corruptos, que no permiten un cambio en el Sistema Penitenciario.

Edi Juárez, viceministro de Seguridad, dijo que de parte del Mingob hay intención de enfrentar a las estructuras delictivas y que no tolerarán la corrupción.

“Hay voluntad para erradicar la corrupción, no la aceptamos en ninguna de las instituciones y si quiere yo me someto a que me investiguen porque yo soy el responsable y le puedo garantizar que no he recibido un solo centavo de ninguna de estas instituciones –estructuras. Tampoco meto las manos al fuego por mis funcionarios, porque si uno de ellos está cometiendo actos ilícitos lo voy a meter a la cárcel”, indicó.

Juárez  fue consultado sobre si tiene conciencia de que por la falta de la respuesta del Estado, siguen originándose muertes de guatemaltecos que son víctimas de la planificación de ilícitos y respondió que lo lamenta y le preocupa.

“Estamos conscientes y nos preocupa mucho, toda vez no logremos impermeabilizar las cárceles –recuerda el proyecto de construcción que teníamos en el primer año que se cayó– eso traía portales electrónicos para las visitas, los mismos guardias al pasar iban a ser revisados pero, lastimosamente, por como se hizo el proceso administrativo, no pudimos llevarlo a cabo”, explicó.

Édgar Camargo, director del SP, fue consultado sobre si ha solicitado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) su intervención para desarticular a las estructuras del crimen organizado que actúan en contubernio con las autoridades, respondió que no lo han hecho y únicamente mantienen comunicación verbal.

“Directamente no la hemos pedido, sino que ellos están actuando de oficio, a cada momento recibo solicitudes de CICIG para entrar a estos centros, incluso nos notifican que llegarán en algún momento y coordinamos para abrirles las puertas para entrevistar a las personas que ellos necesiten entrevistar, es una coordinación interinstitucional que existe entre el Ministerio Público (MP), las Fuerzas de Tarea, Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici)”, indicó.

Camargo fue consultado sobre si tiene interés para solicitar una investigación sobre los poderes paralelos incrustados en las cárceles, pero evadió la interrogante realizada de diversas formas.

“Como le comento están las puertas abiertas del SP para que realicen estas acciones, hemos trabajado muy de la mano con la CICIG”, concluyó.

Por otro lado, Carlos Menocal, exministro de Gobernación del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), admitió que las estructuras del crimen organizado siguieron y siguen vigentes, mientras que su erradicación se torna compleja por falta de infraestructura y presupuesto, así como por la corrupción.

“Todos los gobiernos han hecho esfuerzos para implementar los controles en el sistema endeble que se tiene y se ha caracterizado por tener requisas, en la medida que no se tenga dinero para el SP o para reformarlo, cada gobierno que llegue tendrá que paliar la crisis y utilizar métodos coyunturales, de respuestas cortas”, indicó el entrevistado.

De acuerdo con Menocal, durante su administración se logró reducir las llamadas de extorsión desde el Preventivo de la zona 18, se interpuso una denuncia por estafa y se crearon otros centros para reos de alta peligrosidad.

“En el gobierno del presidente Colom se construyó Fraijanes I con la desgracia histórica que sucumbe en la historia conocida.  –Por el motín, se le consulta-, -responde- el motín reflejó la debilidad estructural de esa prisión que fue catalogada de alta seguridad; hay que reconocerlo, cuando yo llegué al Ministerio interpusimos la denuncia por estafa y estafa propia luego que se nos amotinaron los presos, y también se hizo un esfuerzo por construir Matamoros y un pequeño reclusorio en Mariscal Zavala catalogados para reos de alta seguridad”, dijo.

Menocal argumentó que la debilidad estructural no permite cambios de fondo en Presidios y es por eso que únicamente se logran paliar algunas situaciones.

“Si a la debilidad estructural le agrega el factor de mala administración de un lado y la corrupción por otro, el poco dinero no se aprovecha, es evidente que tiene las manos atadas como administrador del sistema de seguridad, lo que sucede con López Bonilla lo entiendo y no es por defenderlo porque no somos del mismo partido, pero si entiendo que quien llegue si no reforman el SP se las va a ver a palitos”, refirió.

VERDADERO CONTROL

Gary Estrada, del Instituto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), opina que el control de las cárceles debe basarse en una reforma penitenciaria que empieza con la clasificación idónea de privados de libertad; las ejecuciones extrajudiciales del pasado jamás lograron combatir a las estructuras del crimen organizado.

“Lo que se debe realizar es una reforma penitenciaria que debe tener como objeto separar a las personas privadas de libertad por su situación jurídica, que hasta la fecha ningún centro responde a ese objetivo bajo el cual fue creado. A los centros preventivos llevan a personas condenadas y a los centros de cumplimiento de condena tienen a muchas personas preventivas. Ahora estamos en una situación más agravante, las población de 2006 era el 50 por ciento menos de lo que actualmente es”, dice el profesional.

El analista explica que la corrupción es un problema en todos los países de América Latina, pero algunos tienen objetivos claros como República Dominicana.

“Es una práctica reiterada en los penales de toda Latinoamérica y este mal endémico se debe a que no hay una opción de controles internos y de ocupación para los privados de libertad. Los gobierno exitosos como República Dominicana donde las personas podrían decirse tienen un control de qué hacer, van encaminados a un objetivo resocializador”, reitera.

Estrada opinó que en el caso de Guatemala, se debe fortalecer a la IG para el control interno y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) debería tener una verificación externa de lo que sucede dentro del sistema carcelario.