La corrupción que impera en las cárceles de Guatemala da forma a la espiral de violencia que a diario detona en las calles y afecta a la población. Información recopilada a través de informes, denuncias de familiares de reclusos, personal penitenciario y otras fuentes indican que la corrupción abarca desde el ingreso de un celular por un costo mínimo de Q500, hasta un traslado que vale Q150 mil o más.
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La perversión en el Sistema Penitenciario (SP) va por escalas; inicia por el reo “más fuerte” que somete al “más débil”, pasa por los guardias e involucra a funcionarios de la propia institución, quienes han utilizado diversas estrategias para evadir su responsabilidad.
Dentro de las cárceles existe un “código de silencio” donde el más beneficiado es el detenido que goza de privilegios al imponer su voluntad, administrar negocios y someter a sus compañeros de sector o celda.
Según relatos de familiares y de otras fuentes, se sabe que la primera vez que ingresa un reo a la cárcel es sometido por otros presidiarios a agresiones físicas y sexuales, pero en algunos casos se puede evitar esa denigración al pagar Q3 mil a Q5 mil. A esto se le conoce como “talacha”.
La comisión de una falta o un hecho ilícito dentro de prisión puede llevar a un privado de libertad a un área de aislamiento que califican como “área de hacinamiento o castigo”, donde regularmente hay hasta 80 personas en un espacio reducido, según denuncian.
De acuerdo con la información recabada, son los guardias y alcaides quienes imponen esas sanciones. Para abandonar esos espacios, el personal penitenciario cobra a los detenidos entre Q100 a Q300. La garantía es que no consignarán ese “mal comportamiento” en su expediente y su estadía en la cárcel no se prolongará por más tiempo.
En tanto, para ingresar un celular a prisión podría costar Q500, pero se puede llegar a pagar hasta Q3 mil. Ese móvil es un detonante en la cárcel, pues desde estos aparatos persisten las llamadas de extorsión y planificación de crímenes y otro tipo de actos ilícitos.
Sin embargo, uno de los temas más relevantes es el cobro de traslados de una prisión a otra, donde estarían involucrados reos peligrosos, personal de Presidios y cargos medios y altos de la institución carcelaria.
La denuncia del expediente No. 16-2013-IGRP, que posee el SP, sobre cobros por traslados que oscilan entre Q80 mil y Q150 mil, es sólo el reflejo de uno de los tantos casos documentados, que evidencian la complicidad de funcionarios con poder de decisión.
El director del SP, Édgar Camargo admitió la corrupción en la institución que dirige, pero afirmó que trabaja para erradicar esas prácticas. (Lea la entrevista: “Estuvieron haciendo actividades fuera de lo normal”).
ACUSAN A AUTORIDADES
Gerardo Villamar, Defensor del Debido Proceso y del Recluso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que existe información de reos que involucran a las autoridades en la corrupción, pero no especifican de quién se trata.
“Lo presentan de forma anónima y piden que se verifique esta parte, no dicen nombres sólo indican autoridades, entonces uno no sabe ni qué autoridades son, si son autoridades del centro, de la Dirección General, o si son del Ministerio de Gobernación, nunca le dan a uno un dato exacto, lo dejan a uno con un campo demasiado abierto para realizar un acompañamiento o una acusación”, refiere.
Según Villamar, de forma general han conocido al menos tres denuncias, principalmente en cárceles de máxima seguridad.
“Conocemos de 2 a 3 denuncias, pero se maneja a través de centros penales de máxima seguridad, en esos centros se encuentran entre 300 o 400 personas entonces uno no puede establecer cuántos serían en específico, habría que calcularlas por personas”, reitera.
El entrevistado concluye en que la información recibida sigue un proceso, que culmina en el propio SP.
“Luego que llegan los jueces a hacer una exhibición personal, manda al Ministerio Público (MP) para que se haga presente o que reciba la denuncia, también pide el acompañamiento a la PDH para que se vaya a investigar, nosotros hacemos nuestro monitoreo, gestiones y verificaciones, pidiéndole información al SP para que vaya el Departamento de Análisis a investigar y que ellos corroboren”, concluye.
DETONA EN LA CALLE
A criterio de analistas y representantes de la sociedad civil, las extorsiones y chantajes dentro de las cárceles tienen un efecto negativo, que repercute en la continuidad de planificación de ilícitos.
Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dice que el combate a la corrupción debe enfrentarse en dos vías: a través del personal y de los reclusos.
“En el tema del personal es importante que cuenten con una carrera apropiada, condiciones dignas de trabajo, que tengan formación en valores y un proceso de selección estricto. También tener una herramienta efectiva que permita despedir –al personal corrupto- lo cual actualmente no existe porque no hay Régimen Disciplinario Interno del Personal”, indicó la profesional.
Dedik agregó: “Del lado de los reclusos, en los centros penales existe la mentalidad de que todo es negocio y todo se cobra, hay que tratar de eliminar esa mentalidad creando un nuevo ambiente, lo mejor sería con nueva infraestructura, si no se puede, tratar de mantener a la gente ocupada, no con pequeños negocios, sino con actividades masivas y en condiciones de igualdad para eliminar esos privilegios”, refirió.
A criterio de la investigadora, una de las justificaciones que usualmente se conoce es de la presión interna hacia algunos reclusos, quienes continúan delinquiendo por esa situación.
“Siempre se escucha que están extorsionando porque allá adentro son extorsionados y tienen que pagar, sabemos que a los reclusos se les cobran cuotas por cualquier cosa, incluso por tener un espacio donde dormir, recordemos que tenemos una tasa de ocupación del 250 por ciento, no hay cama ni espacio para todos. Lo importante es crear suficientes fuentes de trabajo y oportunidades de estudio para que la gente pueda ganarse algún sustento económico, porque muchos tienen que seguir manteniendo a su familia”, explicó.
Eluvia Velásquez, de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), quien junto a otros profesionales implementan acciones para la reinserción y rehabilitación de personas privadas de libertad, en la Granja Penal Canadá, en Pavón y en el Centro de Orientación Femenina (COF), explica que desafortunadamente los centros no son lugares para rehabilitar a los detenidos porque además de la corrupción que impera, no existe cumplimiento de la ley.
“Hay muchas cosas que si se hicieran como dicta la ley, como dice la Constitución, ellos podrían lograr muchos avances, pero en vez de avanzar se atrasan porque también los orientan a hacer cosas ilícitas y en el tema del trabajo, ellos mismos miran cómo sobreviven, estas personas tienen potencial, inteligencia, pero si realmente estos guardias malos en su trabajo tuvieran el control debido no daría pauta a que los muchachos hicieran esto –delinquir-“, dice.
Por otro lado, la representante de Aprede afirma que estas condiciones originan que los detenidos reincidan y su historial delictivo continúe.
“En vez de salir rehabilitados de estos lugares, salen peor, dicen ya me apesta la vida, nadie me quiere y entonces de ¿Qué me sirve?, mejor me porto mal. No es excusa, pero una de las maneras de darle duro a las autoridades es seguir extorsionando y robando”, concluye.
Camargo: “estuvieron haciendo actividades fuera de lo normal”
Tras la información recabada sobre las extorsiones y la corrupción en presidios, este vespertino realizó una entrevista al director del SP, Édgar Camargo, quien admitió que sí se han llevado actos al margen de la ley por parte de personal de la institución, pero por esa razón creó mesas de trabajo que buscan erradicar esos hechos, sin embargo, hasta hoy no se conocen denuncias en contra de los funcionarios corruptos dedicados a estas prácticas.
La Hora: ¿Qué han hecho con la información que reciben sobre cobros de traslados, de ingresos de teléfonos, o de chantajes para sacar a reos de áreas de castigo?
Édgar Camargo: Generalmente nos llega la información a través de la línea 1533 que es nuestro número de denuncias, entra a hacer una investigación nuestro Departamento de Análisis para comprobar la veracidad de la misma, cuando son veraces se pasa la información a las Fuerzas de Tarea y al Ministerio Público (MP) para que sigan la investigación correspondiente, cuando se determina que es únicamente una información por tratar de hacerle daño a una persona se archiva pero se deja siempre en el tintero para cualquier situación.
Hay varias actividades que hemos estado realizando, hoy por hoy no se hace ningún cambio de Artículo 8 –Ley del Régimen Penitenciario- en ninguno de los centros, porque precisamente se detectó que a través de eso se lograban agenciar de fondos, hoy tengo una mesa de trabajo de seguridad que son los encargados de verificar cualquier tipo de traslado que se va a estar realizando para que hagamos una coordinación con el Departamento de Análisis y el Departamento de Seguridad para verificar la posibilidad de realizar o no los traslados.
L. H. ¿Se utilizó el Artículo 8 para que se dieran traslados y el personal se benefició con esos ingresos económicos?
E. C. Esa es la información que recibí cuando tomé la Dirección del Sistema Penitenciario (SP) de que era una de las posibilidades que por ahí estuvieron haciendo actividades fuera de lo normal por lo que decidí colocar esta mesa de trabajo donde se analiza cada uno de estos casos para evitar que fuera afectada cualquier persona.
L. H. ¿Quién se beneficiaba con el Artículo 8?
E. C. La única información que tuve fue esa actividad y por eso decidí implementar una mesa de trabajo.
L. H. Cuando conocieron esas denuncias, ¿las trasladaron al MP o a las Fuerzas de Tarea?
E. C. Pues como fue únicamente una información que fue tomada por mi persona, para conocer si era cierta o falsa tomé la decisión de implementar esta mesa de trabajo, donde la decisión no está sólo en mi persona ni en otra persona, sino en varias personas para realizar los traslados correspondientes.
L. H. ¿De quién recibió esa denuncia?, ¿de los reos o de personal del SP?
E. C. De los reos.
L. H. ¿De qué cárcel?
E. C. De varias, en las visitas que estuve haciendo a los centros, tuve mucha comunicación con los privados de libertad que eran los que comentaban algunas situaciones.
L. H. ¿Se habla que hay funcionarios dentro del SP que realizan estudios socioeconómicos para extorsionar y trasladar a reos? ¿Qué sabe usted de eso?
E. C. Esa información no la tengo, es la primera vez que la estoy escuchando.
L. H. ¿Durante su gestión ha presentado denuncias contra algún director o guardia que tenga responsabilidad con estos hechos ilícitos?
E. C. No, porque no hemos encontrado que esto se esté desarrollando, hemos consignado a guardias precisamente que están involucrados en el ingreso de ilícitos a los centros.
L. H. ¿Sospecha de sus directores, subdirectores, de personal de la Dirección del SP que podrían estar involucradas en estos actos ilegales?
E. C. Definitivamente, recordemos que somos una institución dedicada a la seguridad y cada uno de los integrantes del Sistema tiene que ser evaluado.
L. H. ¿Los guatemaltecos pueden esperar un cambio de parte de ustedes? Hasta hoy no se conoce de ninguna denuncia en contra de directores de centros, de subdirectores o de personal de la Dirección General ¿Quiénes podrían estar involucrados en estos hechos?
E. C. Yo la insto a usted, si tiene una denuncia en específico contra un director o subdirector que nos la haga saber para que nosotros la ingresemos a los datos para hacer la investigación.
L. H. Ustedes como autoridades son quiénes se supone deberían tener la responsabilidad de emprender los procesos jurídicos.
E. C. Así es, las instrucciones que he dado es que aquel guardia o aquella persona que trabaje en el SP y que esté cometiendo cualquier arbitrariedad sea puesta de inmediato ante los tribunales.
Los detenidos que ingresan por primera vez a la cárcel denuncian que deben pagar hasta Q5 mil para evitar la “talacha”.
El ingreso de un teléfono celular tiene un costo de Q500 a Q3mil.
La liberación del área de “castigo”, tiene un precio de Q100 a Q300.
Un traslado de cárcel se cobra hasta por Q150 mil.
Ley del Régimen Penitenciario
Control judicial y administrativo del privado de libertad. Toda pena se ejecutará bajo el estricto control de juez de ejecución, quien hará efectivas las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.
En el caso de personas sujetas a prisión preventiva, estarán a disposición de los jueces respectivos, conforme al Código Procesal Penal. El control de las condiciones generales de los centros de privación de libertad estará bajo la responsabilidad del Director General del Sistema Penitenciario, con la debida supervisión del Juez competente, debiéndose velar por las condiciones dignas y los derechos inherentes al ser humano.
El traslado de las personas reclusas de un centro a otro, o a un centro médico asistencial, sólo podrá ser autorizado por el juez competente en casos plenamente justificados. En situación de emergencia la Dirección General del Sistema Penitenciario podrá disponer de aquellos traslados, dando cuenta inmediata al juez correspondiente, quien resolverá definitivamente.
Gerardo Villamar
PDH