El hacinamiento y las largas detenciones sin sentencia son los principales detonantes de la violencia que a menudo sacude a las cárceles centroamericanas, muchas de ellas convertidas en escuelas del crimen.
«La situación es gravísima», asegura el director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el argentino Elías Carranza, en entrevista con la AFP.
La densidad de la población carcelaria supera el 120% en los penales centroamericanos, salvo en el caso de Costa Rica, donde está por debajo de su capacidad con el 99%.
En Honduras era del 209% en 2002, en El Salvador del 162% en 2005, seguido por Panamá, con el 137% o Nicaragua con el 104%.
Pero estas cifras esconden a menudo una realidad mucho más dramática, porque en algunos penales, el espacio de que disponen los presos en una celda puede reducirse a 15 cm, frente a los 10 m2 que se consideran adecuados en Europa o los 14 m2 en Holanda.
«Si se bajan todos (de sus literas) no caben», resume Carranza, que pone un ejemplo gráfico para explicar los problemas que a menudo surgen: «Es como si te vas al Sheraton y metes en una habitación a mucha gente. Aunque tengan mucho dinero acabarán peleándose».
El hacinaminto no funciona en ningún sitio y menos en una cárcel donde acaba repercutiendo en la salud y la seguridad de los presos y cuidadores o en otros aspectos considerados secundarios como las citas con familiares, el trabajo o la rehabilitación.
Problemas que no tienen visos de solucionarse ni a corto ni a largo plazo con las políticas económicas actuales.
«Existe una correlación directa entre la inseguridad y el delito con la distribución del ingreso» y el gasto social de los Estados, asegura Carranza, que pide «menos justicia penal y más justicia social».
Carranza pone como ejemplo a Costa Rica, donde hay menos violencia juvenil que en el resto de la región porque «los chicos están en la escuela».
A las inequidades sociales –recrudecidas, según Carranza, por las políticas económicas liberales y la apertura de los mercados al capital–, hay que sumar la proliferación de armas y la facilidad para adquirirlas, y la violencia que emana de los medios de comunicación, de la televisión en particular, y el cóctel está servido.
En nada está contribuyendo a solucionar el problema las políticas de mano dura y mano super dura que llevan a cabo muchos países en la región, en particular El Salvador, Guatemala u Honduras. Incluso han sacado los ejércitos a la calle para combatir la violencia de las maras.
«Primero se les subalimentó (a los jóvenes marginales), se les violentó, se les privó de la escuela y ahora se le declara la guerra», critica Carranza, para quien el delito es «estructural» en toda la región. «No puede ser que desde México a Argentina y Chile quieran ser más violentos, más violadores, más homicidas», dice.
Inexorablemente, la promiscuidad y la falta de personal hace que en muchas cárceles impere la ley del más fuerte y a menudo la de los narcotraficantes. Se ha visto recientemente en Guatemala donde la gestión de muchos penales quedó hace diez años en manos de los propios presos, que los convirtieron en sedes de sus lucrativas ’firmas’ de extorsión, secuestro y narcotráfico.
En estas circunstancias, las cárceles se han convertido desde hace tiempo en escuelas de violencia, donde conviven presos peligrosos con condena y otros miles que aguardan juicio sin saber si son culpables o inocentes.
A los depredadores empresariales transnacionales no se les ha escapado el suculento mercado que puede ser el negocio de la seguridad, por lo que no dudan en construir grandes y sofisticados centros de detención de alta seguridad a precios astronómicos, pese a que está demostrado que cuanto más grande es un penal más violencia genera.
Para Carranza, la privatización no es la solución y habla de un caso en Costa Rica donde había un proyecto de construir por 72 millones de dólares una prisión ultrasofisticada para 1.200 presos. En vez de eso, el gobierno decidió mejorar las existentes creando 2.200 nuevos cupos por sólo 10 millones de dólares.
«Ahora, la transnacional (estadounidense) pide 20 millones de dólares de indemnización», dice Carranza.
Pero para solucionar el problema de hacinamiento, los países tendrán que resolver antes el cuello de botella que supone la justicia, pues hasta el 60% de los presos de la región están en la cárcel sin condena. Claro que está lejos del 94% que tiene Uruguay, según Carranza.
Panamá, con 378 presos por cada 100.000 habitantes, es el país que más encierra en la región, sólo por detrás de Estados Unidos, frente a los 70.000 de Guatemala, según datos de 2002.
120%porcentaje de densidad carcelaria en Centroamérica
162% densidad en El Salvador
137?sidad en Panamá
60%presos sin condena