Autoridades del sistema penitenciario de Guatemala analizan que los pocos recursos asignados en el presupuesto del Estado frenan la implementación de mejoras humanas y materiales en los 19 centros de prevención y cumplimiento de condena con que cuenta el país.
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Aseguran que para un funcionamiento adecuado se requieren al menos Q30 millones.
Esa limitación económica, sinónimo de debilidad del Estado y fuerza para grupos de reclusos que en ciertas épocas muestran rebeldía, causan amotinamientos o dirigen hacia el exterior supuestas extorsiones, las cuales el Ministerio Público se ocupa de investigar, agregan.
El presupuesto económico real permite mejorar las condiciones de infraestructura, tecnología e implementar programas de especialización del personal. Son necesarios bloqueadores de telefonía celular, rayos X, detectores de metal así como entradas y salidas estériles, para que ningún visitante o trabajador penitenciario pueda burlar los controles y reglamentos.
En las últimas requisas de esta semana fueron decomisadas armas punzocortantes o de fuego, licores, celulares o drogas para prevenir sucesos y poner orden antes y durante semana mayor, explicó Morales.
Las cárceles del país tienen 3 mil 978 condenados por diversos delitos; 2 mil 930, esperando trámite en distintos juzgados de primera instancia o tribunales de sentencia, indicó el vocero de presidios.
La nueva ley 33-2006 Régimen del Sistema Penitenciario regula la ejecución de las penas, readaptar y reeducar a las personas privadas de libertad, la cual fue aprobada el 5 de octubre de 2006.