Gobernaba Justo Rufino Barrios cuando se establecían con el Decreto 188 la Casa de Corrección de Hombres y la Prisión de Mujeres, los primeros centros que renovaron el sistema carcelario del país con el objetivo de corregir a vagos e infractores de las leyes policiales, entonces dependiente de la Municipalidad Capitalina.

Repaso a la historia del sistema de cárceles del país

Posteriormente se creó la Penitenciaría Central, que en 1968 –cuando se efectuaron traslados de reos a granjas– reportaba una sobrepoblación seis veces mayor a su capacidad –2 mil 074 reos– lo cual incidió en la implementación de granjas y posteriormente en centros carcelarios que hoy son considerados como focos de la actividad del crimen organizado, por el control que desde dentro ejercen los reos y que al igual que antes, están sobrepoblados. ¿En qué falla el sistema?

Desde la instauración de la Real Cárcel de Corte durante la época de la Colonia hasta la Revolución Liberal de 1871, las cárceles de Guatemala no sufrieron cambios sustanciales; aunque con diferentes matices de forma, el concepto de aislamiento en calabozos y castigos físicos se había mantenido vigente hasta que los liberales llegaron al poder, tras derrocar a los conservadores.                

Información documental del Sistema Penitenciario (SP) indica que fue entonces que se creó la Casa de Corrección que sería destinada para recluir a “los vagos, los infractores de las leyes de Policía y de los bandos de buen gobierno, condenados a pena puramente correccional y, los menores de diez y ocho años que delincan por delitos comunes”.

La disposición señalaba que en esa casa se desarrollarían talleres de zapatería, encuadernación, carpintería y ebanistería, pintura, filatura y tejidos, hojalatería y todas las demás actividades que el director considerara oportuno establecer.

Por otro lado, en la Prisión de Mujeres de la Capital “ingresarían a más de los reos que destinen a ella por delitos comunes, las condenadas a pena puramente correccional”. En el caso de las mujeres, serían capacitadas en oficios de lavado, costura, labores de mano, cocina, filatura y tejidos, entre otros.

En ese entonces se buscaba instituir en las casas ocho talleres para diferentes oficios, crear un fondo y una caja de ahorros para que cuando la persona cumpliera su condena se le entregara ese dinero en presencia del Jefe político.

La información se consigna con fecha del 15 de junio de 1877 y es resguardada por el SP.

“Lo más trascendental en esta disposición fue el propósito de instituir en esos centros, ocho talleres para diferentes oficios, creándose además un fondo y una caja de ahorros, lo cual fue una verdadera revolución penitenciaria en su época”, refiere el libro “El Ministerio de Gobernación de Guatemala”, escrito por el trabajador de esa cartera Vincenzo Solombrino Orozco.

“En nuestra investigación no encontramos documentación que nos probara si en realidad aquel acuerdo se llevó a la práctica y si llenó los objetivos, pero de todas maneras, el hecho de introducir el trabajo y el ahorro en el Sistema Penitenciario del país, lo colocaba en un plano digno de todo encomio”, señala la publicación.

PENITENCIARÍA CENTRAL
A finales de 1877 el gobierno del general Barrios propuso crear la Penitenciaría Central, con el fin de trasladar a los presidiarios del área departamental hacia la Capital, para reducir las guarniciones y economizar recursos públicos que se invertían en el interior de la República.

“Que todos los reos condenados a la pena de diez meses de obras públicas o a otra mayor, así como los condenados a presidiario, mientras no sean remitidos a su destino, se trasladen a esta Capital, cuidando del cumplimiento de esta disposición los Jefes Políticos y los Jueces de 1ª. Instancia de los respectivos departamentos”, se indicaba.

En noviembre de 1881 el edificio de la Penitenciaría Central, que se ubicaba a más de un kilómetro del perímetro de la población urbana, estaba prácticamente terminado y para su época satisfacía la necesidad de recluir a 300 reos.

Seis años más tarde, el Gobierno dispuso que el centro dependiera de la Secretaría de Gobernación y Justicia.

Los terremotos de 1917-1918 afectaron gravemente el edificio e interrumpieron los propósitos de esta sede. Por eso, mediante dos acuerdos se determinó la excarcelación bajo fianza a reos de delitos menores y graves.

“Se concede excarcelación bajo fianza a los reos de delitos menos graves que se encuentran en la Penitenciaría Central extinguiendo condena o pendientes del proceso criminal.  Igualmente se concede excarcelación bajo fianza a los procesados por delitos graves, siempre que el fiador, además de la caución respectiva se comprometa a presentar a su fiado en el momento que lo exija el Tribunal competente”, indicaba.

Sin embargo, dos años después el acuerdo fue derogado porque las autoridades concluyeron los trabajos de reparación del inmueble, que supuestamente estaba en condiciones de recibir a los reos sentenciados.

TORTURAS EN LA PENITENCIARÍA
Las torturas y los vejámenes en los centros de reclusión son un tema histórico. Esa fue la razón por la que los presidentes –cada uno con sus propias disposiciones– Carlos Herrera y posteriormente Manuel Estrada Cabrera, pretendían cerrar la Penitenciaría, sin embargo, esto nunca se cumplió. 

“Que la Penitenciaría Central, destruida parcialmente por los últimos terremotos, ha sido lugar de torturas y vejámenes para muchos patriotas, y encontrándose a la entrada del Parque la Reforma, que es la principal de esta Ciudad, despierta odiosos recuerdos, que lastiman los sentimientos ciudadanos”, refiere un acuerdo suscrito por el presidente Estrada Cabrera, con fecha del 21 de abril de 1920.

Reiteraba que “se procederá a la demolición del edificio de la Penitenciaría Central.  Serán construidos, a la mayor brevedad posible, dos centros penitenciarios, uno en esta Ciudad y otro en Quetzaltenango, con las condiciones adecuadas para que llenen todos los fines de los sistemas penitenciarios modernos”, decía el anuncio oficial.

Esos propósitos nunca se cumplieron y la Penitenciaría Central continuó vigente durante muchos años más.

Y lejos de cumplirse con las disposiciones de las autoridades, en ese centro carcelario no solo se recluía a quienes faltaban a la ley o cometían delitos, sino también a activistas y opositores políticos, quienes eran víctimas de cruentos tratos y torturas.

“CUADRO TRÁGICO”
El problema carcelario del país en 1964 presentaba un “cuadro trágico”, como resultado de la “incuria y abandono” que se había conformado desde hacía varios años. Para tratar de enfrentar el problema se inició la creación de granjas de rehabilitación social.

La primera fue denominada “Granja Modelo de Quetzaltenango”, que se ubicó en el municipio Cantel.

Hasta diciembre de 1967 entró en funcionamiento la Granja con 600 reos provenientes de la Penitenciaría Central, seleccionados previamente mediante un censo que tomaba en cuenta la fecha de nacimiento, obligaciones familiares, aptitudes físicas, delito, tiempo de condena, conducta observada, religión y reincidencia.

En este proyecto las autoridades invirtieron Q2,191,000; las instalaciones contaban con pabellones de celdas, talleres industriales y de artesanías, y además contaba con campos de recreación.

Los resultados de la granja se publicitaron a través de la producción de hortalizas, papas, frijoles y avena en 1969, lo que también abrió la puerta a la Ley de Redención de Penas por el Trabajo en este lugar, que cobró vigencia el 2 de enero de 1970 y fue contenida en el Decreto 56-69 del Congreso de la República.

Tras la habilitación de la Granja Modelo de Quetzaltenango entró en funcionamiento Pavón, en enero de 1968 –aunque fue inaugurada en 1965–, con una inversión de Q2,373,200 y con 1 mil 174 reos. Posteriormente se implementó la Granja de Escuintla, el 14 de mayo de 1970, con un costo de Q2,047,309.

Hoy en estas granjas –que albergan personas condenadas– se concentra un alto porcentaje de la criminalidad que agobia a los guatemaltecos.

Estos proyectos dieron vida a otros centros de reclusión en manos del Sistema Penitenciario, que hoy suman 22 entre cárceles, granjas y cuarteles militares. 

La última cifra de detenidos indicaba que había 15 mil 612 personas detenidas; 14 mil 275 hombres y 1 mil 337 mujeres.  De este número 7 mil 326 están condenados, mientras que 6 mil 942 de forma preventiva.

TOMA DE PAVÓN,  DESCONTROL
Los problemas históricos –hacinamiento, tortura, descontrol, falta de inversión y visión– de las cárceles degeneraron completamente la intención de rehabilitación y reinserción social para los privados de libertad.

Según el SP, en la década de 1990 se conformaron los Comités de Orden y Disciplina (COD) con el fin de que los privados de libertad apoyaran a las autoridades para, supuestamente, mantener el control de los centros.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como se esperaba. En el 2006 se dieron a conocer públicamente vejámenes y abusos por parte de un grupo de siete reos en Pavón, quienes prácticamente tenían el control de los centros y abusaban del poder que el propio sistema les otorgó.

Incluso, tenían un centro de operación del crimen donde planificaban delitos graves como secuestros y robo de vehículos. Con el dinero que adquirían vivían con privilegios y sometían a otros detenidos.

El 25 de septiembre de ese año, durante la administración de Óscar Berger, las autoridades del Ministerio de Gobernación y del SP dijeron que tomaron el control de esa Granja. En la operación denominada “Pavo Real” fueron ejecutados los siete reclusos y aparentemente desaparecieron esos comités.

Por ese caso se abrió un proceso judicial para las autoridades de Gobernación y Presidios de aquel entonces, pero según las denuncias que han  trascendido, los abusos siguen vigentes y presos siguen teniendo el poder.  Todos los presos de primer ingreso pagan la denominada “talacha” –una cuota de efectivo para evitar sufrir malos tratos–, mientras que algunos presidiarios viven con privilegios y otros sin lo más mínimo.

Tal es el caso del reo Byron Lima, de quien públicamente se conoció recientemente que las autoridades le concedían el privilegio de salir de la cárcel sin ningún problema, además de tener el total dominio de las diferentes prisiones donde, incluso, cobra hasta Q150 mil por traslados de otros presos.

Su poder le ha permitido mantener su centro de operación en Pavoncito, antes estuvo en Pavón, El Infiernito y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.

Aparentemente en su estadía por los diferentes centros carcelarios fue víctima de abusos, según se consigna.

La información documental dice que el 22 de diciembre de 2006 cuando Lima se encontraba en su bartolina realizando ejercicios, los militares Mario Roberto García Fresh, Carlos Aroldo Santiesteban y Vidal Flores Barrera lo encapucharon y lo golpearon en la espalda. 

El abogado de Lima en aquel entonces, Julio Roberto Echeverría, dijo que se interpuso una exhibición personal para investigar a los acusados de torturar a su defendido, incluso a Alejandro Giammatei.

FOCO DEL CRIMEN
Análisis de la Cartera del Interior indican que el 90 por ciento de los crímenes y extorsiones continúan planificándose desde la cárcel y aun así no hay un plan nacional para reformar el sistema penitenciario desde sus raíces.

Los grupos vinculados al crimen organizado y las pandillas prácticamente actúan con total impunidad, dejando decenas de personas muertas.  Su capacidad organizativa, con acceso a la tecnología les permite realizar cualquier acción ilícita, ante la mirada pasiva de las autoridades.

Julio Rivera Clavería, quien constituyó la Dirección General del SP durante el gobierno de Vinicio Cerezo y fungió como representante de esa instancia, dice que los niveles de criminalidad son distintos a los que enfrentó en aquel tiempo, el problema es que el tratamiento del tema no ha cambiado significativamente.

“Lo que se está viviendo hoy en términos de criminalidad es totalmente diferente a la criminalidad de esa época, actualmente estamos enfrentando al crimen organizado en todas sus manifestaciones con bandas y carteles altamente peligrosos que merecen otro tipo de tratamiento, distinto al que todavía se hace en el SP y que está relacionado con cárceles de máxima seguridad”, indica.

El entrevistado dice que las dificultades de aquel entonces eran muy similares a las de hoy: la falta de servicios, de equipos multidisciplinarios para clasificar reos, la falta de personal para el tema de seguridad, y la corrupción.

La diferencia de la actualidad con el pasado, es que los privados de libertad tenían sus propias ocupaciones, la alimentación era preparada por ellos mismos, “era una forma de autosostenibilidad”, indica.

Eddy Morales, exdirector de Presidios durante el gobierno de Álvaro Colom, por aparte, agrega que los problemas para enfrentar la situación de las cárceles han sido históricos y esto representa un reto para cada funcionario como sucedió durante su gestión.

“Cuando llegué había una serie de problemas de corrupción, la falta de dignificación de la carrera penitenciaria, faltaba eficientar la gestión técnico administrativa, otro aspecto muy importante era el descontrol en los centros, todo esto llevaba que el empleado estuviera desanimado, como también la población privada de libertad abandonada.  Hay directores que hicieron lo posible para mejorar la situación, pero hay un reto porque el SP radica en la falta de presupuesto”, dice Morales.

El otrora funcionario dice que la infraestructura, la complejidad interna –donde los reos pretenden controlar la situación–, se convierte en otro desafío.

El entrevistado agrega que durante su administración se dignificó la carrera penitenciaria, se buscaron mecanismos para combatir la corrupción y se trató de atender el hacinamiento, no obstante, admite que la clasificación de privados de liberad –condenados y preventivos– no logró ser atendido plenamente.

POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN
Gary Estrada, coordinador del Programa de Personas Privadas de Libertad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dice que son las políticas de rehabilitación y reinserción social las que podrán mejorar la situación del SP, no medidas represivas como ocurrió con el caso Pavón.

“El caso Pavón nos dejó como enseñanza que hay que abordar de manera distinta las cárceles, no es con política de seguridad, porque la cárcel en esencia es un problema de prevención terciaria de la violencia, lo que busca es cambiar la actitud de las personas privadas de libertad y dar oportunidades y capacidades.  Es una oportunidad al Estado mismo de poder lograr cumplir sus fines, porque no lograron cumplirlo con las personas cuando estaban afuera”, dice Estrada.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), agrega que la rehabilitación y reinserción se logrará cuando los reos estén clasificados por delitos y procesos.

“Es parte del problema porque no hay una diferenciación por delito, por tipo de peligrosidad, al final terminan estando juntas personas comunes y corrientes que han cometido un delito de accidente de vehículo a la par de criminales que deben varias vidas. El problema es que ni internamente el trato que pueda recibir una persona es mínimo a nivel de humanidad y dignidad, además la acumulación de personas”, dice de León.

La profesional concluye en que el tema carcelario debe ser modernizado, se debe clasificar a las personas de acuerdo al delito que cometieron y colocar a directores idóneos al frente de las cárceles, no “políticamente hablando, sino por su experiencia y capacidad”.