Según el Sistema Penitenciario (SP), de las 16 mil 427 personas recluidas en los centros carcelarios –hasta el 28 de agosto–, solo 1 mil 154 son de origen indígena, lo que significa que el 93 por ciento restante pertenece a otras etnias.
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Por aparte, cifras del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y opiniones de expertos argumentan que la mayoría de los detenidos es pobre o de escasos recursos.
Estadísticas de Presidios reflejan que la mayoría de las personas detenidas son ladinas o de otras etnias, mientras que la población interna de origen indígena representa un pequeño porcentaje.
“Del dato comparativo podemos hacer mención que 1 mil 154 tienen una pertenencia a grupos étnicos (indígenas), de un total de 16 mil 427 personas que se encuentran recluidas solo en recintos carcelarios del SP; de estos 1 mil 116 son hombres y 38 mujeres”, explicó Rudy Esquivel, portavoz de la institución.
A criterio de Adolfo Alarcón, consultor del Departamento de Análisis Jurídico, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales de Guatemala (Asies), las razones de por qué la mayoría de población no indígena está detenida se debe al contexto de aplicación de justicia, pues en el caso de los grupos indígenas cuentan con su propio sistema donde sí se respeta a las autoridades.
“En las comunidades indígenas hay todo un sistema ancestral en la aplicación de justicia; el sistema del derecho indígena que funciona paralelamente al sistema de justicia oficial se resuelve ahí, incluso hay resoluciones de la Corte Suprema (CS) que dice que si una vez se juzgó en ese sistema ya no debe de juzgarse en el sistema de justicia oficial porque se estaría juzgando dos veces a la persona, por el mismo hecho”, refiere Alarcón.
A criterio del entrevistado, en estas comunidades hay una organización social fortalecida donde las autoridades son consideradas “legítimas”, y por eso es evidente que en los departamentos con esta población hay delitos menos graves que en las localidades donde prevalece la población ladina.
“En contraposición, en los departamentos del oriente y norte del país, ese corredor es el más violento y ahí se comete la mayor parte de los crímenes porque la estructura social es muy diferente, no hay autoridades comunitarias y la presencia del Estado tampoco es muy efectiva. Vemos tasas de homicidios en Chiquimula Zacapa muy superiores a la media nacional; esto pasa por el tema cultural y por la presencia del crimen organizado”, argumenta.
“Ahí se explica porque hay más ladinos que indígenas en las cárceles, básicamente la cultura indígena tiene otras formas de dilucidar sus conflictos que no tenemos nosotros”, añade.
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, coincide que en el interior del país –donde hay presencia de las comunidades étnicas indígenas– funcionan mecanismos comunitarios, sociales, organizativos y culturales que impiden que la población se involucre con actividades delictivas.
En cambio, dice Garavito, en el sistema de la población ladina todas estas características han desaparecido, aunado a otros factores como “el fenómeno de las urbes”. Lea la entrevista: “Se insiste mucho en no migrar”.
POBREZA
Sobre la condición económica de los internos el SP dice que solo se notifica a instancias judiciales, por ser “información sensible”. Sin embargo, existen datos que pueden arrojar luces sobre este factor.
El último informe del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), del primer trimestre de este año, refiere que se atendió a 9 mil 58 personas.
“Al analizar los delitos o faltas atendidos de enero a marzo de 2013, en función al sexo de las personas, se puede indicar que 8 mil 196 correspondieron a hombres y 862 a mujeres”, expone el análisis.
El artículo 5 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, a través del Decreto 129-97, indica literalmente: “Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al triple del salario mínimo, más bajo. Los usuarios del servicio gozarán del beneficio de asistencia jurídica desde el momento en que lo necesiten”.
Agrega, “oportunamente el Instituto comprobará, a través del personal calificado que realizará la averiguación correspondiente, si el usuario es merecedor de dicho beneficio. En caso negativo, el usuario asumirá el reembolso correspondiente a los honorarios profesionales conforme arancel y costas procesales ocasionados”, dice.
La información proporcionada a través de la Oficina de Acceso a la Información, agrega que el IDPP tuvo cobertura en los 22 departamentos del país y en 14 municipios, donde el Organismo Judicial tiene Juzgados de Primera Instancia Penal, con lo cual en la actualidad registra un total de 36 coordinaciones de Defensoría, escala nacional.
“En el período en mención, el Instituto a través de los Defensores Públicos, atendió un total de 22 mil 923 casos y asesorías, de los cuales 7 mil 808 (34 por ciento) correspondieron a casos penales ingresados en el año, 3 mil 765 (16 por ciento) se encontraban en prisión preventiva y 4 mil 812 (21 por ciento) con medida sustitutiva; son casos vigentes del año anterior, pendientes de resolver, a cuyos procesos se les dio seguimiento en el año 2013”, explica.
La Hora intentó obtener una entrevista con Blanca Stalling, directora del IDPP, para conocer más detalles del perfil de las personas que atiende dicha instancia, pero no fue posible.
Según Gary Estrada, del Programa de Personas Privadas de Libertad y Derechos Humanos, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), la mayoría de personas detenidas es de escasos recursos y vive en un contexto de precariedad.
“La deficiencia en la estructura estatal en cuanto a la atención básica de servicios que el Estado debe dar a una sociedad democrática: salud, educación y trabajo, es la consecuencia de muchos casos de fenómeno criminal. No en todos, evidentemente; está la criminalidad de cuello blanco que no amerita ese análisis, pero mayoritariamente las personas que son seleccionadas por el sistema penal si son personas de baja escolaridad, mestizos, mayoritariamente hombres. Implica que el contexto de precariedad se potencializa en la cárcel, más con el uso exacerbado de la prisión preventiva”, explica Estrada.
El profesional considera que el entorno de los detenidos no predispone, pero si genera condiciones para la participación en la delincuencia y del fenómeno criminal, aunque cada persona es distinta, ante condiciones de hambre, de falta de salud, necesidades básicas fundamentales, la criminalidad es una consecuencia y la cárcel que no ofrece un proceso rehabilitador, potencializa el círculo.
INVERSIÓN, ENTORNOS FAMILIARES
Estrada concluye en que las autoridades deben crear políticas orientadas a atender las necesidades básicas de la población; apostarle a la prevención primaria. “La falta de prevención primaria ha generado y potencializado el fenómeno criminal, hay políticas públicas orientadas pero son muy incipientes, no atienden a la necesidad en conjunto a toda la población guatemalteca”, explica.
El profesional reitera el trabajo actual realizado por las autoridades en materia de seguridad, está aislado de lo que realmente debería hacerse.
“Nosotros estamos planteando y hemos planteado que la generación de políticas de educación integral que impliquen inversión, pero en una lógica de prevención del delito debe generar coordinación en las estructuras estatales”, puntualiza.
Por aparte, organizaciones sociales como la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), apuesta por el fortalecimiento de las relaciones familias y sociales, y abrir espacios de diálogo entre padres e hijos.
“Se insiste mucho en no migrar”
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental y quien anteriormente trabajó en varios proyectos con privados de libertad, conversó con La Hora y explicó el fenómeno de la migración interna y los efectos negativos de la misma; también abordó las consecuencias de la ausencia de políticas de rehabilitación social.
La Hora. ¿Incide la migración interna para que una persona se involucre en ilícitos?
Marco Garavito. Sí, desde luego, es el fenómeno de las urbes, o de las ciudades que van creciendo desordenadamente con muchos sectores marginales. Lógicamente la delincuencia crece donde se dan ese tipo de situaciones y la migración interna es muy fuerte; pareciera que es donde se puede conseguir trabajo y no es cierto, entonces hay que ubicarse en áreas marginales cada vez más populosas.
Obviamente donde faltan servicios, educación, salud, trabajo, el tema delictivo se vuelve una alternativa potencial. Por eso se insiste mucho en no migrar porque en el campo tendrán poco que comer, pero no entran en esas zonas de riesgo.
L.H. ¿Qué sucede cuando se mezclan las personas del interior necesitadas de recursos, con las de la capital?
M.G. Hay muchos valores que la comunidad mantiene en el interior, pero estando la persona sola en la ciudad es lógico que se involucre en esa cultura ladinizada o de violencia. Yo ejemplifico a una persona que hace muchos años le mataron a su hijo. Fui a verla, estaba su cadáver y ella sola. Ella me decía, “lo que más me duele es que mataron a mi hijo, pero si estuviera en la aldea me hubieran traído pan, café, me estarían acompañado –mis vecinos–”.
Hay una serie de valores que todavía se mantienen –en el interior del país– y que en la ciudad desaparecen, aquí la idea es sálvese quien pueda, cada quien vive en una situación individual.
L.H. ¿Qué debe hacer el SP para garantizar la rehabilitación y resocialización?
M.G. El gran tema es que el Sistema, ni hoy ni antes, tuvo una política de rehabilitación. Para el sistema, el Estado y la sociedad, la cárcel es el lugar donde solo hay demonios. Esa es la imagen social, pero eso no es cierto en la cárcel hay mucha gente que cayó presa por una situación fortuita, no es que sean criminales de carrera. El 80 por ciento no lo son.
En Pavón decían los presos, en Guatemala para estar preso lo único que se necesita es estar libre, porque aquí uno cae preso por cualquier cosa y si uno no tiene la capacidad de negociar por una falta se va, la política de rehabilitación no existe. Un ejemplo es como en la cárcel no hay verdaderos sistemas de trabajo; cuando salen de la cárcel no van a ir a trabajar para hacer redes o pelotas.
“A mi papá casi no lo veía”
Una investigación realizada por el ICCPG y otras instituciones, documenta en un libro titulado “Historias y relatos de vida de pandilleros y expandilleros de Guatemala, El Salvador y Honduras”, relatos de jóvenes pertenecientes a gavillas, donde se evidencia los efectos negativos de la migración interna, el deterioro en las relaciones familiares, la situación socioeconómica, los entornos violentos, entre otros.
Miguel Martínez –pseudónimo– de 26 años, indígena, originario de Alta Verapaz, quien migró a la capital, junto a su padre y hermano cuando tenía cinco años, relató parte de su niñez en la zona 3 y sus inicios en actos al margen de la ley. Estos son los fragmentos más importantes de su historia.
“Cuando yo tenía 5 años y mi hermano 1, mi mamá inició una relación con otro señor. Lo que hizo mi papá fue separarnos de mi mamá y nos llevó a vivir a la casa de una tía –de mi papá– que vivía en la zona 3 de la ciudad capital, donde también vivía mi abuela”.
Explica, “La casa la compartíamos con unos primos que, recuerdo bien, nos molestaban mucho, a mi hermano y a mí, por ser más pequeños que ellos. Por ejemplo, cuando teníamos algunos juguetes nos los quitaban y terminábamos peleando”.
Miguel dice: “por la razón anterior, mi papá consiguió un cuarto aparte, en la misma zona. No podíamos irnos lejos porque la misma tía nos daba de comer y nadie más podía cuidarnos. Casi siempre estuvimos solos mi hermano y yo, porque mi papá se iba a trabajar y mi tía se iba después de darnos de comer. Mi hermano y yo nos quedábamos solos en el cuarto. Para conseguir dinero o cosas que nos hacían falta, me las arreglé” –vendía mariguana en su escuela–.
“A mi papá casi no lo veía, él salía temprano a trabajar. Yo sabía que en la noche iba a llegar borracho y así no me daban ganas de llegar a la casa. Entonces, empezó mi vida en la calle”, –se involucró con las pandillas–.
Según el documento, al momento de realizar la historia de vida de Miguel se encontraba privado de libertad en una cárcel del país, cumpliendo una condena de 23 años por la comisión de varios delitos. Durante dos años no recibió ninguna visita.
Adolfo Alarcón
Asies