Ningún Gobierno en cuatro años puede abordar adicionalmente a los problemas ya mencionados muchos más. Sin embargo, la situación de la tercera edad, las pensiones y prestaciones de la seguridad social es una gran bomba que cada día crece más y se acerca a ser una urgencia nacional.

Actualmente el promedio de vida de la población guatemalteca se ha incrementado, de 50 años que era la expectativa de vida en el Siglo XIX pasó y rebasó los 65 años en el Siglo XX y sin ninguna duda en el presente siglo la expectativa será superior a los 75 años.

Contrario a ello, las políticas y programas de prestaciones de salud y de pensiones no se han actualizado en los últimos 50 años, lo cual implica que los planes de retiro del sector público, de las entidades autónomas, son insuficientes a tal punto que el Estado, año con año, incrementa la aportación para poder financiar los pagos a las clases pasivas del sector público. La seguridad social, que según la Constitución le corresponde como ente único al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no actualiza las pensiones para los trabajadores privados y se acerca a una crisis en el tema como la que Europa está viviendo.

Recientemente Chile se vio forzado a cambiar la estructura de la seguridad social creando las AFPS, entidades privadas, sumamente reguladas, que manejan las reservas que producen en su vida útil los trabajadores y se complementan con los aportes de sus empleadores.

En Centroamérica, Nicaragua ha hecho público en el presente año que su seguridad social debe reformarse y Guatemala no es la excepción. El Estado y otras entidades del sector público y privado adeudan millones de millones a la seguridad social y esa no es una deuda de arrastre por cuanto constitucionalmente está establecido que en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y de las entidades del sector público, como son las municipalidades, además debe presupuestarse la aportación como Estado, la cuota patronal, recaudar y entregar las aportaciones de los trabajadores.

Si bien el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en los programas de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, adicionalmente de Enfermedad Común, posee las mayores reservas de liquidez existentes en el país, las mismas no solo han sido mal manejadas para beneficio de determinados sectores sino que no se encuentran en las condiciones de pagar pensiones a los jubilados, a sus viudas o dependientes y sobrevivientes, iguales a un salario mínimo.

Por consiguiente, el actual Gobierno, que recientemente nombrara al presidente de la junta directiva del Seguro Social, la cual tiene además un representante de la Junta Monetaria y un tercero de la Universidad de San Carlos de Guatemala con lo que hacen mayoría, tiene la enorme responsabilidad de analizar, actualizar y modificar el sistema de seguridad social, lo que implica también modificar el número de contribuciones, el número de años, los límites de edad para que los trabajadores del país –oportunamente– puedan acogerse a retiro, pero por supuesto cuando lo hagan tengan garantizada una pensión mínima, igual o superior al salario mínimo, sin excepción y un sistema de actualización de pensiones para que a medida que el costo de vida se incremente, los jubilados, sus viudas o sobrevivientes se les actualice las prestaciones económicas y así no incurramos en la violación humana que constituye enviar a retiro a un importante número de guatemaltecos y no proveerle de recursos suficientes para vivir.

¡Guatemala es primero!
Continuará