Un aspecto que cada día se agrava es el control del medio ambiente, en especial el agua. El lago de Amatitlán aceleradamente se convierte en un pantano y todas las municipalidades de la cuenca, empezando por la municipalidad de Guatemala, no evitan la contaminación, tanto de desechos orgánicos, basura y descargas de derivados químicos industriales.

Improcedentemente, pretenden que AMSA tenga la capacidad para evitar los cientos de toneladas que se descargan a través del río Villalobos y otras aguadas que convergen en el lago.

Atitlán es otro triste ejemplo, uno de los más bellos lagos del mundo, año con año, se contamina. Además, la totalidad de los ríos de la costa sur, igual que el Motagua, ya no son potables sino vertederos de todo tipo de desechos. La labor y responsabilidad de evitarlo es de los ministerios de Energía y Minas, de Medio Ambiente y de Salud, quienes deberían conjuntamente establecer una supervisión que hiciera efectivas las normas y leyes que deben proteger el medio ambiente, en especial las aguas.

Comprobar la contaminación es fácil y sancionar a quienes irresponsablemente lo hacen debería de ser real y efectivo, imponiéndoles, especialmente a las industrias, severas sanciones que las obliguen a descontaminar y a manejar técnicamente todos los residuos que su actividad produce.

El agua es un bien fundamental para la salud, ninguna municipalidad puede argumentar que no tiene los recursos para que ese servicio público no sea potable como lo establece el Código de Salud. A su vez, las hidroeléctricas deberían de reconocer una regalía a favor del Estado y los municipios por el uso de este bien, regalía que perfectamente podría ser en especie o en efectivo y convertirse en el principal soporte económico de la tarifa social eléctrica, lográndose con ello que quienes menos energía eléctrica domiciliaria consumen recibieran un subsidio directo, temporal y calificado, financiado por quienes se están beneficiando del uso de las aguas de forma productiva y así también lograr que no sean solo las hidroeléctricas estatales como Chixoy las que apoyen y soporten el costo de la tarifa social.

Hay países europeos como Suiza, Holanda e Italia que con una adecuada regulación de las aguas han hecho retroceder la contaminación de las mismas. También hay países en América Latina donde ya se ha regulado el derecho del uso de esas aguas, tanto para la generación eléctrica como para las actividades agrícolas. Por ello, las disposiciones legales y económico-tarifarias no se tienen que inventar, simplemente adaptar y copiar a nuestro país.

Guatemala, con las características de su población, perfectamente puede convertirse en un país donde se reciclen los desechos vegetales como la pulpa de café y así también aumentar la producción orgánica que obtiene más rentabilidad que la que se produce a base de fertilizantes químicos. Países como Cuba lo están haciendo de forma exitosa, inclusive en producciones de vegetales de forma urbana como los denominados organopónicos que abastecen el 50% de los vegetales que se consumen en sus ciudades.

Nuevamente propongo que la educación agrícola debe establecerse en el Ejército para los ciudadanos que terminen su servicio militar, en los últimos seis meses previos a su baja, así como que los institutos Adolfo V. Hall regionales pudieran establecer en su educación uno o dos años opcionales y graduar, además de oficiales de reserva, peritos agrónomos, en un símil como el del Gobierno de Jorge Ubico, donde muchos oficiales egresaron como “camineros”.
¡Guatemala es primero!
Continuará.