Cuatro mujeres fueron detenidas en el interior del país y en la capital –tres son enfermeras del Hospital General San Juan de Dios– sindicadas por su presunta participación o posible negligencia en el caso del robo de una niña recién nacida, que fue sustraída de dicho nosocomio el 2 de agosto del año pasado.
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Según las investigaciones, el móvil del robo podría ser para adopciones irregulares, que pueden tener un costo de hasta US$30 mil en el extranjero.
La Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó las órdenes de aprehensión en contra de las enfermeras María Romualda Xiquitá Xinico, de 40 años; María Adolfa López Pichiyá, de 36 y Cecilia Margarita Quim Catum, de 48.
Las mujeres fueron capturadas en Chimaltenango y en la zona 1 de la capital, sindicadas por el delito de incumplimiento de deberes.
Luego de la captura, dos de las tres mujeres que permanecían en la sede de la PNC fueron consultadas por La Hora, para conocer su postura por los delitos que se les imputaban, pero sólo López Pichiyá se mostró anuente a explicar que el día del robo de la recién nacida se limitó a atender a Micaela Tziac, madre de la niña después del parto.
Sus otras compañeras estaban asignadas a asistir a la mujer cuando dio a luz.
AUTORA MATERIAL
Por otro lado, en la 11 calle 9-59 del municipio de San Benito, Petén, fue capturada por el delito de plagio y secuestro, Mónica Maritza Orellana Pérez, de 33, quien es acusada de ser una de las autoras materiales del robo de la menor de edad y a quien se le vinculó con ese delito por el análisis de las cámaras de vigilancia donde fue captada cuando sustraía a la niña y por el peritaje grafotécnico en la nota dejada tras la aparición de la bebé, el 5 de agosto, donde atribuía el hecho a una pareja de menores de edad, que “querían ser papás”.
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), se sospecha que la niña sería utilizada para una adopción irregular, por su edad y por las características de cómo ocurrieron los hechos.
La información policial devela que los niños en el extranjero podrían ser comercializados hasta en US$30 mil, debido a la dificultad que implica cometer este delito para las estructuras criminales, cuando ya existe la Ley de Adopciones, Decreto 77-2007.